Quien crea que la política social del Gobierno Federal es populista o clientelar, no tiene idea de lo que eso significa.
Ayer el Presidente presentó su 2do Informe de Gobierno en un momento histórico complicadísimo gracias a la pandemia y sus enormes consecuencias, entre muchos otros temas destacó la política social para reducir la pobreza y combatir la desigualdad, desde mi perspectiva uno de los principales logros de esta administración, que además de orientarse a resolver los temas más sensibles y las casuas de problemas sociales graves, son universales y se han acompañados de reformas legales que los van transformando en derechos.
Lo anterior no es un tema menor, el que los programas sociales, sobre todo los de transferencias de dinero se repartan a todos sin distinciones disminuye la corrupción, evita el clientelismo, el condicionamiento social de los programas y el uso electoral de los mismos. María Amparo Casar, una polítóloga respetada y maestra del CIDE, ha escrito una serie de artículos y columnas que afirma lo contrario, argumentando como incrementa la intención de voto por el partido del Presidente entre los beneficiarios, sin embargo su visión es limitada y refleja desconocimiento de la realidad. La universalidad de los programas sociales dificulta el uso electoral de los mismos y facilita su evaluación.
La autora plantea algunas preguntas en su artículo más reciente publicado en El País y asegura que en todo lo que plantea, México sale reprobado. No coincido y aquí propongo algunas respuestas a las pregunas que hace: ¿a quién están dirigidos? a todos, son universales, ¿se condicionan? no, ¿realmente se entregan? sí, ¿se entregan en su totalidad o se retiene una parte con algún fin malintencionado? sí, la mayoría se entregan vía tarjetas bancarias y los montos son públicos y fiscalizables, ¿hay contacto personal entre el beneficiario y el repartidor? lo hubo cuando se levantó el censo, para la inmensa mayoría no lo hay, ¿tienen algún sello o o identificación oficial? en abril, el INE ordenó medidas cautelares que el Gobierno Federal asumió y continuó con la implementación de los créditos por la pandemia, ¿se hace propaganda gubernamental con ellos?, no, aunque el tema sí forma parte de la agenda pública, ¿son fiscalizables? sí.
Evidentemente todos los programas tienen aspectos susceptibles de mejora que se tiene que ir generando conforme a las evaluaciones, maximizar su publicidad, delimitar su población objetivo y facilitar su entrega para que cumplan sus metas, es necesario y se debe ir haciendo, sin embargo asumir que generan el efecto contrario a lo que la autora señala, es un error.
En los gobiernos anteriores, la mayoría de los programas sociales, si bien contaban con las reglas de operación que focalizaban adecuadamente a su población beneficiaria, sus padrones de beneficiarios eran públicos, el modo en el que se asignaban era a través de intermediarios, es decir grupos sociales organizados que solían estar aliados con el gobierno en turno que utilizaban el programa para utilizarlo con objetivos electorales y cómo algunos de los implementadores aprovechaban la asignación discresional para obtener beneficios económicos.
Si el programa se asigna de manera universal, no existen más intermediarios que los servidores públicos que estan obligados a entregar un beneficio, por el simple hecho de tener una edad determinada o estar estudiando, no es posible orientar un voto o condicionar la participación política porque el beneficio se le da a todos, sin considerar variables políticas y no se puede exigir una cuota o pago alguno para inscribirse dado que se le da a todos.
Sin embargo, la universalidad de un programa no es suficiente para evitar el clientelismo y la corrupción, debe ir acompañado de reglas de operación claras y sobre todo de modificaciones legales; es decir, el programa social debe ser un derecho más que una dádiva, como ya lo es el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que además de darse a todas y todos los mexicanos que tienen más de 68 años, es un derecho constitucional. Todos los programas sociales deben evaluarse constantemente y mejorar en razón de las evaluaciones, deben tener absoluta claridad de a quién, cómo y para qué se entregan, pero siempre con una visión de justicia social y no de rendimiento electoral.
https://elpais.com/mexico/opinion/2020-09-01/programas-sociales-clientelismo-y-corrupcion.html
@pabloarechiga
