La conducción y coordinación del poder estatal más dinámico: el legislativo (desde mi punto de vista), transita por la diversidad de los bloques parlamentarios (partidos representados y sus respectivas magnitudes), la conformación de mayorías (correlación de fuerzas parlamentarias), el liderazgo del órgano de gobierno, la construcción y seguimiento de una agenda legislativa, entre otras circunstancias.
Estos factores se conjugan, convergen y determinan la dinámica y naturaleza del actuar del parlamento en sus principales atribuciones: legislar (crear, reformar o eliminar normas); vigilar (ser el contrapeso y vigía del desempeño del ejecutivo y judicial) y en el rubro presupuestal (tanto en el armado del ingreso y gasto público como la fiscalización de este a través de la Auditoría Superior del Estado).
¿Cómo legislar? A principio de cada legislatura, de manera lógica y legal- con base en la normativa constitucional local, así como la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Puebla- se establecen primero las condiciones para hacerlo: se elige una Mesa Directiva; se conforman las bancadas, el órgano de gobierno, así como las Comisiones y los Comités. Después de todo ello, en el caso poblano, durante pasadas legislaturas, se comenzaba a estructurar la Agenda Legislativa que resultaba de las conclusiones de la organización interna y de una serie de foros ciudadanos realizados de forma regional en todo el estado.
Además, la Agenda era enriquecida por las bancadas que, trabajando en colegiado, emitían posturas para nutrirla. Una vez realizado todo lo anterior, se procedía a su edición y publicación en la página del Congreso del Estado. Si bien no se fijaban plazos, los poblanos podíamos conocer los temas que se tratarían a lo largo de la legislatura, dando oportunidad, de alguna manera, de incidir en ellos. Con este ejercicio podemos hablar entonces de la existencia de una agenda explícita y pública.
¿Si no es explícita y pública no existe agenda legislativa? No necesariamente, en dado caso, lo más seguro es que cada bancada tenga programados los temas a los que desea dar trámite; en algunos casos incluso, tanto diputados en lo individual como bancadas, podrían fijar, de forma unilateral, sus propias agendas sin que pasen por el tamiz de una coordinación. En el peor de los casos, podríamos considerar que existen bancadas sin una agenda mínima, lo que provoca que, bajo la improvisación, tendríamos temas a legislar que pareciera no tienen la más elemental lógica temporal y por ende un pobre e inconsistente debate.
Así entonces, podríamos decir que el trabajo en los Congresos podría darse, en cuanto a agendas legislativas se refiere, en tres dinámicas: bajo una agenda legislativa concertada y coordinada; supeditado a agendas ocultas de las bancadas o; en ausencia de agendas de todas las bancadas.
Creo que, la calidad del debate y trabajo parlamentario, así como sus resultados, dependen mucho del esquema en que se manejen las distintas legislaturas. El caso ideal es que coincidan y programen los temas a tratar, para con ello, establecer mecanismos de participación ciudadana que acompañen a cada etapa del proceso legislativo.
Esta condición (la existencia de una agenda explícita y pública), se torna aún más importante en el desahogo de los tiempos de nuestro sistema político mexicano. Al agregar la reelección inmediata en el legislativo, como un insumo sustancial a las relaciones de poder y la representatividad, la mecánica institucional se vuelve aún más compleja al distraer al legislador de su actividad para enfocarse en el calendario del proceso electoral que, podría ratificarlo en el cargo, dando como resultado una reducción del tiempo que pudo o podría haber aprovechado para abarcar las inquietudes ciudadanas plasmadas en su propia agenda, esto por hablar de un caso singular.
En un caso institucional, estamos ante un probable escenario de desmantelamiento del poder legislativo que, sin duda podría retardar aún más el cumplimiento de las atribuciones institucionales, así como las respuestas a las demandas ciudadanas.
La existencia o no de una agenda legislativa explícita y pública, el inminente inicio del proceso electoral federal y local, aderezados por la incursión de la figura de reelección legislativa, además de la hiperpolitización del debate de los asuntos públicos (todavía en un contexto de emergencia sanitaria) son insumos que, en su colisión y consecuencias, prevén un ambiente complejo para un trabajo legislativo eficiente y de calidad.
A nivel federal las distintas bancadas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, ya hicieron públicas sus Agendas. Habrá que estar pendientes del cumplimiento de éstas y, de ser posible, acompañarlas como ciudadanos participativos ante el entorno antes descrito.
En el ámbito local, al parecer y, a reserva de confirmarlo, la presente legislatura no tuvo la oportunidad de origen de plantear una Agenda Legislativa para todo el ejercicio constitucional. Todo indica que la inestabilidad provocada por el conflicto postelectoral de 2018 la complicó a tal grado que la coyuntura doblegó a la institucionalidad.
Para cerrar su ejercicio, antes del inicio de su último año, la LX Legislatura poblana estaría a tiempo de plantear una agenda que le brinde a la ciudadanía certeza sobre los asuntos públicos a tratar. Una que garantice la seriedad del trabajo parlamentario. Se antoja difícil, no he percibido asomo alguno en esa dirección.
De confirmarse esa especie, ya nos podemos ir dando una idea de lo que esperamos para este año legislativo y electoral. Nada bueno resulta de desdeñar una Agenda, menos aún la legislativa.
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