Por: Redacción Criterio Diario / Foto: Redacción Criterio Diario (especial)
Los integrantes del Consejo Universitario de la BUAP solicitaron la intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de los Poderes de la Unión ante las acciones por parte del Gobierno del Estado, definidas por este órgano estudiantil, como una persecución política que se vive de parte del Gobierno encabezado por Luis Miguel Barbosa Huerta en contra del Rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) Alfonso Esparza Ortiz.
Esta intervención se solicitó mediante una carta abierta dirigida al Presidente de México, a los titulares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a los Presidentes del Senado de la Cámara de Diputados, a la Fiscalía General de la República, a la Auditoría Superior de la Federación y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En la carta los consejeros aseguraron que existe intromisión por parte del titular del Poder Ejecutivo en la Auditoría Superior del Estado (ASE) y de la Fiscalía General del Estado (FGE), emprendiendo acciones arbitrarias en contra de la cabeza de la universidad y de su familia, así como de otros funcionarios universitarios.
A continuación presentamos parte del documento que los integrantes del Consejo Universitario presentaron:
“Por este medio, hacemos un urgente llamado a los Poderes de la Unión y a los órganos autónomos de procuración de juscia, auditoría y contraloría para que, en el marco de sus facultades y del respeto al federalismo, intervengan en el estado de Puebla; toda vez que el ejercicio del gobierno local, encabezado por Luis Miguel Barbosa Huerta, atenta contra los derechos fundamentales de los poblanos, especialmente en materia de seguridad, certeza jurídica y libertad de pensamiento.
Ejemplo de ello es la persecución política que el Gobierno del Estado de Puebla ha emprendido contra el Rector de la la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz y, por lo tanto, contra la propia institución educativa; la cual consiste principalmente en una manipulación de las instituciones del Estado para fabricar procesos judiciales sin fundamento, así como en el uso de un aparato propagandístico para afectar la imagen de nuestra máxima autoridad universitaria.
Desde el más reciente cambio del Titular del Poder Ejecutivo, el Rector ha sido blanco del asedio, de la acción articulada y sistemática del gobierno local, incluso de órganos estatales que debieran ser autónomos e imparciales en su actuar, como la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos titulares han emprendido acciones arbitrarias no sólo contra la cabeza de esta universidad, sino contra su familia.
Prueba de lo anterior son las denuncias que la Auditoría Superior del Estado anunció contra el Rector Alfonso Esparza, por presuntamente obstaculizar la revisión de una Cuenta Pública, cuando la mencionada revisión era a todas luces ilegal; primero, por considerar una gestión financiera de sólo 11 meses del año 2019 y, después, por pretender revisar los recursos autogenerados por la BUAP y los correspondientes a pardas federales; estos últimos competencia exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación.
Hemos sido incluso testigos de declaraciones en las que el Gobernador Barbosa, asumiendo facultades exclusivas de la FGE, asegura tener pruebas de que el Rector Esparza ha participado en operaciones de desvío de recursos. Más aún, el Ejecuvo estatal se ha atrevido a asegurar que en la Universidad ha detectado desvíos hasta por 1,000 millones de pesos; es decir, un monto que habría dejado inoperante a una institución que, en los hechos, ha alcanzado, e incluso superado, todos sus objetivos académicos. Cuando se juzga sin mediar un juicio o resolución conforme a derecho es condenar a priori por un interés o predisposición personal.
Por todo lo anterior, apoyamos las acciones legales realizadas por el Rector para salvaguardar los derechos que le asisten, y responsabilizamos directamente al Gobernador del Estado de cualquier acto que atente contra sus derechos fundamentales, los de su familia o los de cualquier otra autoridad universitaria. Al mismo tiempo, exhortamos a todos los integrantes de la Comunidad Universitaria, a las Universidades e Instituciones hermanas y a la sociedad en general a hacer suya esta lucha por la defensa de un Estado de Derecho.”
Si gustas leerlo completo puedes entrar a
https://www.buap.mx/sites/default/files/desplegado_2Nov_2020.pdf
