Por: Redacción Criterio Diario / Foto: Twitter @Gob_Puebla
Mediante una publicación se denunció que el Gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta restringe el acceso y participación de medios de comunicación locales en las ruedas de prensa virtuales a través de la plataforma de Zoom.
La organización que se vio afectada sostuvo en su comunicado que ha tenido el conocimiento de que el área de comunicación social del Gobierno de Puebla deja en la sala de espera a algunos medios, permitiéndoles el acceso al final de la conferencia o negándoles el uso del micrófono para que hagan preguntas al Gobernador.
Además de que a otra organización se le impidió el acceso por 4 días consecutivos sin que se les ofreciera una justificación al respecto.
También, en el comunicado, hicieron referencia al bloqueo que sufría otra organización, durante los meses de julio y agosto, al no permitirle el uso de la voz para hacer preguntas a Barbosa Huerta.
Se creó un micrositio sobre el bloqueo informativo y acosos por parte del Gobierno Estatal; y ahí fue donde se recordó que en una intervención de parte de un reportero el Gobernador lo interrumpió y le dijo “No voy a tener opinión, y menos a “El Sol de Puebla”, ¿vale? ¿Otra?”.
Ante esta situación la organización denunciante en su momento emitió una alerta enfatizando la responsabilidad del Gobierno de Puebla de proveer información oficial y datos de manera oportuna y eficaz.
“Es una obligación del gobierno el permitir el acceso a las ruedas de prensa a los distintos medios de comunicación que quieran cubrirlas. El gobierno no puede usar su posición de administrador de la sala de Zoom para premiar o castigar la cobertura que periodistas o medios estén haciendo de su administración”.
Se solicitó que se hagan públicos los lineamientos, protocolos o directrices, que se siguen para permitir el acceso o asignar el uso de la palabra durante las conferencias de prensa del Gobernador de Puebla, y se pidió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla que inicie de manera oficiosa una queja por presuntas violaciones a la libertad de expresión cometidas por el Gobernador y por su equipo de comunicación.
