Una de las decisiones que el Presidente de la República Mexicana tomó en días pasados para dar apertura a la compra de vacunas por parte de empresas particulares y otros órdenes de gobierno para atender la pandemia relacionada con el COVID-19, tiene ante sí un reto desproporcionado, ya que las condiciones del mercado y la lista de solicitudes para comprar vacunas pretende generar en primera instancia la repartición de la responsabilidad sobre la salud de la población y segundo, el manejo de un mercado “gris” o de tráfico de medicamentos.
Sabemos que la campaña por parte del Ejecutivo Federal para la aplicación y distribución de la vacuna no ha sido del todo favorable, los resultados han dejado renuncias de funcionarios públicos importantes para este proyecto estatal, como muestra de ello es la separación del cargo de Miriam Veras Godoy, responsable de la “Estrategia de Vacunación Universal”, quien, según medios nacionales, su salida se debe a que la estrategia es “compleja y especial” así como la “cadena de mando” donde se ven involucradas varias secretarías de Estado. Por otro lado, las declaraciones del Sub Secretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señalando que la distribución sería exclusiva por parte del sector salud federal entorpecieron todo el mapa de trabajo para hacer que la vacuna fuese aplicada de manera exitosa bajo el calendario propuesto para este 2021. Esto provocó y se fue sumando a todas las pugnas políticas no sólo en los actores políticos sino en el sector privado, donde el incremento de casos va en aumento y el paro de labores es un hecho constante en sus líneas de producción, lo que al día de hoy tiene al borde a decenas de industrial metalúrgicas, de materiales para la construcción, alimenticia y del sector automotriz, por mencionar algunas de ellas.
Este replanteamiento de apertura para la compra e importación de medicamentos generará otro cuello de botella para el Gobierno Federal y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), ya que al momento de que las empresas particulares y Gobiernos Estatales o Municipales quieran realizar compras de embarques estos deberán contar con la autorización de la Comisión, aunado con todo el correspondiente papeleo ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, aduanas y demás que convertirá en una inflación de precio para el consumidor final, la aplicación del medicamento. No perdamos de vista que los laboratorios producirán conforme a la cantidad de unidades sean “apartadas” o pagadas por agentes políticos o económicos internacionales y sectorizadas, por lo que se puede esperar a corto y mediano plazo una concentración inequitativa del mercado para cierto actor de la industria que pague más por el medicamento y provoque un tráfico de medicamentos que genere desequilibrios o molestias dentro de los corporativos y especulando sobre el precio que pueda alcanzar la unidad.
Políticos al interior del país, como el gobierno municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, autorizó del presupuesto de egresos una partida de 10 millones de pesos para la adquisición de vacunas contra la pandemia, para el ejercicio 2021, casi un mes antes de las declaraciones del Presidente de la República, visualizando un desenlace a favor de gobiernos locales en la apuesta por conseguir dicha vacuna; otro ejemplo fue la declaración vertida por parte de los gobernadores que conforman la “Alianza Federalista” en el mes de diciembre exigiendo a la Presidencia de la Republica el participar en la compra de los medicamentos y que en su momento les fue negada, sin embargo en la realidad, las participaciones federales fueron reducidas para los Estados y Municipios, entre 5 y 6 por ciento, en rubros como Previsiones Salariales y Económicas tanto como en reducción de subsidios, lo que llevará al ajuste de “cinturón” y recortes en muchas de las acciones que tenían pensadas tanto gobernadores como presidentes municipales. Estas decisiones se verán afectadas a su vez en programas, servicios, acciones, pago de deuda, apoyos y demás atenciones a otros sectores de la sociedad quienes esperan recibirlos en 2021 y no podrán tenerlos, por ello es que no es tan recomendable que sin tener claro el manejo de los recursos locales, un cambio de planes surta efectos positivos para las entidades estatales y municipales.
Las recomendaciones de Consultorio Abierto son las siguientes:
Realizar un análisis sobre la aplicación de recursos locales recaudados hacia sectores realmente necesarios (económicos o sociales) los apoyos en materia económica deben ser prioritarios e interpretarse como fondo perdido o con tasas muy bajas de interés para reactivar la economía, por otra parte, ser competidores del propio Estado para la compra de medicamentos puede conducir a retrasos en la aplicación de la vacuna, ya que nos encontramos en una posición de mercado donde existe una sobre demanda (escasez) del producto y poca producción a corto plazo.
¡Hasta pronto!
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