Comenzaron las campañas electorales para las diputaciones federales que se votarán el próximo 6 de junio. En esta elección las campañas durarán 2 meses, a diferencia de las locales que tendrán la duración de un mes (a principios de mayo veremos entrar en acción a los candidatos a presidir los 217 ayuntamientos de la entidad, así como a los candidatos que quieran ocupar una de las 41 curules que tiene nuestro Congreso Estatal).
La simplificación del voto es un fenómeno que ha estado presente en la historia reciente de nuestro país, cuando en su mayoría, la ciudadanía optó por delegar el poder ejecutivo y mayoritariamente el legislativo a un solo partido o coalición. Ello dio como resultado que, un número importante de políticas públicas e instrumentos legislativos implementados a nivel federal, no fueran analizados con el rigor y objetividad necesarios. La falta de contrapesos ha sido una de las principales características de la primera mitad del gobierno federal vigente.
¿Qué habría pasado si el electorado hubiese impulsado la llegada de un ejecutivo con contrapesos? ¿Tendríamos mejores condiciones políticas, económicas y sociales en nuestra actualidad? Resulta temerario aseverar respuestas a estas preguntas en algún sentido. Lo que si es cierto es que habrían existido mecanismos que derivaran muy probablemente en un mejor análisis de la puesta en marcha de diversos proyectos del ejecutivo federal.
Esa realidad solo se habría alcanzado de haberse configurado un voto diferenciado. El lopezobradorismo fue un fenómeno coyuntural que, para algunos provocó, en palabras del exconsejero del INE Leonardo Valdés, un “efecto avalancha” en el que, desde mi punto de vista, el elector se decantó por un voto de hartazgo y de castigo, favoreciendo a quien se ostentaba como la opción “diferente” y otorgando la misma confianza a los representantes populares del mismo partido político (diputados federales y senadores).
Sugiero entonces como una mera explicación a ese fenómeno el que la ciudadanía votó más desde el estado anímico que desde una lógica de análisis profundo de las propuestas de cada partido político. Esas que en el marco legal se representan en la plataforma electoral.
Una cultura cívica debe caracterizarse por el conocimiento de la agenda y prioridades de los partidos políticos que abanderan a diversas personalidades, ya que en esa medida sabrán en qué sentido se han comprometido y así poder exigir el cumplimiento de resultados mediante los diferentes esquemas de rendición de cuentas.
Es por eso que, en esta ocasión y de forma subsecuente en este espacio me ocuparé de visitar y reproducir para los lectores los principales puntos de las plataformas electorales que han registrado los partidos políticos, a manera de informarnos sobre sus probables agendas legislativas que plantearán y defenderán en el Congreso.
Cabe decir que la plataforma electoral es un documento que por ley cada partido debe entregar ante el INE para los procesos electorales, y contienen, a grosso modo, un diagnóstico de las diversas áreas de gobierno de nuestro país, así como una serie de propuestas que sirvan para atenderlo.
Comenzaré en estricto orden de aparición cronológica de los partidos en el País.
PAN
1. Rescate del sistema de salud y de seguridad social:
– Elevar a rango constitucional la garantía de suficiencia de medicamentos gratuitos para todas las personas derechohabientes, incluidos los medicamentos de alta especialidad, con el apoyo del sector privado; así como la obligación del Estado de realizar pruebas preventivas para la población, ante contingencias sanitarias de carácter nacional o internacional (pandemias), y considerar los lineamientos establecidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
– Garantizar mediante reformas legales, la disponibilidad y suficiencia de medicamentos para atender a toda la niñez con cáncer.
– Defender la instauración o restitución de los fondos públicos destinados a enfermedades catastróficas.
2. Libre competencia económica y desarrollo de las personas:
– Impulsar una Ley de Recuperación Económica, y promover medidas de emergencia, en favor de la recuperación, la protección del empleo, los negocios y la inversión.
– Proponer reformas legales para dar garantía a la conciliación trabajo-familia, que contemplen la implementación de: la flexibilidad de horarios, permisos por emergencias y economía del cuidado, trabajo en casa, derechos de paternidad y responsabilidades familiares.
– Conformar por ley un fondo permanente de apoyo para las MiPyMES, ante contingencias económicas, políticas y sanitarias.
– Redefinición del pacto fiscal, mediante reformas a la Constitución, a la Ley de Coordinación Fiscal y al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y, con ello, garantizar que los beneficios de la recaudación tributaria impacten no solo al gobierno federal, sino a las entidades federativas, los municipios y alcaldías.
– Emprender medidas legislativas tendientes a desmantelar al actual modelo económico populista.
– Incrementar los montos y los conceptos de participaciones y de aportaciones federales a los estados y municipios del país, y proponer el establecimiento de reglas claras para su justa asignación.
– Impulsar la creación de una Ley de Vivienda Segura, para garantizar una viviendas que gocen de calidad y seguridad
– Legislar una Ley General de Movilidad, para reglamentar las recientes reformas constitucionales en la materia.
– Establecer incentivos fiscales a las empresas que incorporen a las mujeres mayores de 45 años.
– Ampliar en la legislación laboral las licencias de maternidad y de paternidad, por lo menos 30 días adicionales a los actualmente establecidos para cada progenitor
– Ampliar en la legislación laboral los permisos para periodo de lactancia a un año.
– Establecer la obligatoriedad en la legislación laboral de contar con cabinas de lactancia, como espacios dignos e higiénicos para las mujeres trabajadoras.
– Elevar a rango constitucional el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor.
3. Construcción del estado de derecho, en paz, con justicia y seguridad:
– Fortalecer mediante medidas legislativas, al Sistema Penal Acusatorio.
– Impulsar la autonomía absoluta de la Fiscalía General de la República, del SAT y de la Unidad de Inteligencia Financiera, y emprender medidas para prohibir que tales entes públicos sean utilizados para hostigar o acosar a opositores políticos, dentro o fuera de procesos electorales.
– Establecer sanciones administrativas y penales para el personal del servicio público que utilice las herramientas de la procuración de justicia para fines políticos.
En la próxima ocasión continuaré resaltando los puntos legislativos y medulares de las plataformas electorales de los partidos políticos para la próxima elección.
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