Por: Redacción Criterio Diario / Foto: https://www.interpol.int/es
Este lunes se dio a conocer que la Fiscalía General de la República FGR ha solicitado a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) emita una Ficha Roja de captura en contra de 6 integrantes de la familia Jenkins de Landa, esto al ser acusados de lavado de dinero.
El Nuevo Patronato de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) difundió un comunicado en donde expresa que la solicitud la realizó supuestamente el Agente de Ministerio Público Federal a la INTERPOL.
“La Fiscalía General de la República solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal la emisión de la ficha roja para localizar y capturar en más de 190 países del mundo a Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins, Roberto, Juan Guillermo Eustace, Margarita, Juan Carlos y María Elodia, todos Jenkins de Landa”, dice el comunicado.
También indica que se busca la captura de los abogado de la familia Jenkins: Virgilio Rincón Salas, Alejandro González Muñoz y Carlos Román Hernández, derivado de las órdenes de aprehensión libradas en su contra.
Por su parte, la Fundación Mary Street Jenkins puso en duda la veracidad del comunicado de la UDLAP en tono a la supuesta intervención de la INTERPOL.
“En relación con las versiones publicadas por algunos medios de comunicación en torno a la supuesta emisión de una ficha roja de la Interpol en contra de los integrantes de la familia Jenkins de Landa y sus abogados, estos aclaran que no existe evidencia de que tal información sea verídica. Corresponderá a la Interpol precisar la veracidad de dicha información y señalar si alguien está usurpando su nombre para propagar infundios que se han hecho circular de forma anónima entre los medios de comunicación, evidenciando una intención difamatoria, con la clara intención de desviar la atención de la opinión pública sobre el desacato a la orden judicial federal que obliga a devolver las instalaciones universitarias ilícitamente tomadas por el estado de Puebla. Se reitera la exigencia para que se dé cumplimiento a la suspensión que ordenó un juez federal y se devuelva el campus de la UDLAP, propiedad privada, a la Fundación Mary Street Jenkins.”
