Por: Redacción Criterio Diario / Foto: Twitter @QueHacerPolitic
Este miércoles 1º de septiembre entró en vigor en México la prohibición de la subcontratación laboral, mejor conocida como “outsourcing” como una promesa de justicia laboral del Gobierno, a pesar del reclamo de las cámaras empresariales, que exigían una prórroga y advertían de la pérdida de empleos.
El pasado 24 de abril, el Gobierno de México promulgó la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y otras cinco leyes para limitar la subcontratación laboral. A pesar de que más de 5 millones de trabajadores dependían de esta modalidad de empleo, El Presidente Andrés Manuel López Obrador tachó la de “abusiva” y la Procuraduría Fiscal estimó que más de 6,000 empresas de subcontratación evadían al fisco por más de 21,000 millones de pesos al año.
Luisa María Alcalde titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), afirmó que con esta medida se han regularizado ya 2.7 millones de trabajadores y ha aumentado el salario de los empleados un 12%.
Esta medida despertó inquietudes en los empresarios, quienes en un inicio alertaron que la reforma arriesgaba millones de empleos en un momento en el que la crisis de COVID-19 había desaparecido más de un millón de puestos formales.
Pese a las críticas, la Secretaria del Trabajo ha defendido que “antes de lo pronosticado, México ya recuperó los empleos perdidos por la pandemia”.
