Por: Redacción Criterio Diario / Foto: Twitter @tcsnoticias
Empujados por crisis políticas, amenazas violentas o emergencias climáticas, miles de migrantes de distintos países de Centroamérica emprendieron el viaje con la esperanza de tener una vida mejor. Buscando el camino al norte, los migrantes se han topado en el estado de Chiapas con un Ejército de “contención”, término que ha empleado esta semana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Cientos de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional (GN) han dispuesto un muro humano frente a los grupos de migrantes, quienes han tratado de avanzar por carreteras y campos del Estado sureño. En videos grabados por reporteros que han sido desplazados de la zona esta semana, se muestra a los agentes y miembros de la GN insultando a los migrantes, persiguiéndolos y ejerciendo violencia contra ellos.
En una entrevista realizada por el periódico El País este 4 de septiembre, el Primer Comisionado del INM del actual Gobierno, Tonatiuh Guillén, criticó las acciones del instituto y de la Guardia Nacional y cuestiona el camino que ha tomado la política migratoria de López Obrador, que se encuentra muy alejada de lo que se planteó a principio.
“Retratan una iniciativa muy agresiva de lo que se llama política de contención, en lo que han sido muy explícitos el presidente y el Secretario de la Defensa” afirmó. “He visto acciones que ameritarían sanciones penales a funcionarios. Están en un límite inaceptable desde todos los puntos de vista. Y retrata una regresión profunda de la política de migración de este Gobierno, que yo creo que pensó un escenario muy diferente, de respeto a los derechos humanos. Estamos al otro lado ahora”.
El Primer Comisionario también comentó que el INM y la Guardia Nacional actúan pensando que tienen un enemigo enfrente y que esto “es parte de los costos de interiorizar una política de contención y materializarla en el aparato de la Guardia Nacional y la militarización del INAMI. El instituto se llenó de personal militar o exmilitar y la coordinación con la Secretaría de la Defensa es muy estrecha. Estas son las consecuencias. Y los costos los pagan personas muy vulnerables”.
