Por: Redacción Criterio Diario / Foto: Twitter @grupo_origen
Los abogados del gobierno de Estados Unidos lanzaron un nuevo intento de extraditar a Julian Assange, quien actualmente se encuentra recluido en una prisión de Belmarsh, desde Reino Unido, argumentando que la preocupación por la salud mental del fundador de WikiLeaks no debería impedirle enfrentarse a la justicia estadounidense.
El australiano de 50 años está reclamado en Estados Unidos por 18 cargos penales, entre ellos el de infringir una ley de espionaje después de que WikiLeaks publicara miles de archivos secretos estadounidenses y comunicaciones diplomáticas en 2010.
Estados Unidos recurrió a la sentencia dictada el 4 de enero por un juez de distrito de Londres, en la que se dictó que Assange no debe ser extraditado porque probablemente se suicidaría en una prisión estadounidense.
En respuesta, el abogado James Lewis dijo al tribunal que Estados Unidos había respondido a las preocupaciones del juez de distrito dando garantías a Reino Unido sobre el trato que recibiría Assange en caso de ser extraditado. Señaló que Assange no será sometido a estrictas condiciones de detención conocidas como Medidas Administrativas Especiales y que no será detenido en un centro penitenciario de máxima seguridad en Florence, Colorado, conocido como ADX. Las autoridades estadounidenses también aseguraron a Reino Unido que consentirían que Assange cumpliera en Australia cualquier condena privativa de libertad impuesta por un tribunal estadounidense.
A pesar de las garantías ofrecidas por el gobierno de Estados Unidos, los abogados de Assange rechazaron las garantías de Estados Unidos, afirmando que podría ser recluido en otro centro de máxima seguridad en condiciones opresivas que le llevarían al suicidio. Dijeron también que Australia no había dado ninguna indicación de que consentiría que Assange fuera trasladado allí para cumplir una sentencia de Estados Unidos, y que estaría en alto riesgo mientras espera un traslado.
Está previsto que la audiencia de apelación dure dos días, y se espera que los jueces emitan su fallo en una fecha posterior.
