Por: Redacción Criterio Diario / Foto: Twitter @NeriaLara
Este lunes 13 de noviembre, empresas fabricantes y distribuidoras de armas estadounidenses solicitaron que la demanda que interpuso en su contra el gobierno de México sea desechada. Las empresas acusadas alegan que la demanda carece de fundamentos que prueben que participan en actividades ilícitas y señalaron que México está buscando “imponer” sus políticas de control de armas, situación que viola el derecho constitucional de tener y portar armas en Estados Unidos.
El pasado 4 de agosto, el gobierno mexicano presentó una demanda civil contra 11 empresas que fabrican y/o distribuyen armas de fuego ante el Tribunal Distrital de Estados Unidos en Massachusetts. En la demanda, México acusó a estas compañías de facilitar el tráfico ilegal de armas en el país y de propiciar el acceso de grupos del crimen organizado a las armas que ellos fabrican.
Por esta razón, a través de la demanda México está buscando tanto reparaciones económicas por el daño como compromisos de estas empresas para frenar el flujo ilícito de armas al asumir mayor responsabilidad en la venta y promoción comercial de sus productos, que nutren la violencia.
La fecha límite para que las empresas prepararan y presentaran sus respuestas ante el tribunal fue el lunes 13 de agosto. Durante la sesión, las compañías apuntaron que México es “incapaz de controlar la violencia de los cárteles dentro de sus propias fronteras” y señalaron que “presentó la demanda buscando culpar” a fabricantes y distribuidores de armas de fuego en Estados Unidos. Posteriormente, recalcaron que México no ofrece ninguna evidencia de responsabilidad directa de estas empresas con la compra y uso ilícito de sus productos por terceros y que, bajo las leyes estadounidenses, este caso no tiene sustento.
Además, las empresas señalaron que, en su acusación, las autoridades mexicanas “no alegan que alguno de los demandados, los cuales son miembros de la comunidad empresarial en Estados Unidos que acatan la ley, venden sus armas de fuego a los cárteles”, sino, de hecho, que los actores criminales son intermediarios sin ningún vínculo con las compañías. Por tanto, concluyen que “no se puede responsabilizar a los demandados por la acción independiente de algún tercero”.
Luego de presentar todos sus argumentos, el juez federal F. Dennis Saylor tendrá que evaluar todas las respuestas para decidir si el caso procede o no y bajo que condiciones.
