Por: Redacción Criterio Diario/ Foto: REUTERS
Una propuesta de Quebec para cobrar un impuesto a las personas no vacunadas puede ser legal, pero también puede ir en contra del espíritu del sistema de salud pública universal de Canadá, dijeron el miércoles expertos en derechos y médicos.
El sorpresivo anuncio del martes del primer ministro de la provincia François Legault, llegó con pocos detalles.
Si bien su gobierno no dijo cómo se recaudaría el impuesto, cuándo o contra quién; la Asociación de Libertades Civiles de Canadá dijo que podría violar los derechos fundamentales de los canadienses, mientras que los defensores de la salud expresaron su preocupación por sus implicaciones más amplias.
“No había visto nada como esto en Canadá antes. Me preocupa el precedente que sentaría”, dijo Danyaal Raza, médico de Unity Health en Toronto y expresidente de Canadian Doctors for Medicare.
Quebec, la segunda provincia más poblada de Canadá, está luchando con el aumento de las hospitalizaciones por COVID-19, y Legault señaló que la población no vacunada relativamente pequeña de la provincia estaba representada de manera desproporcionada entre los hospitalizados.
De cara a las elecciones provinciales de octubre, la respuesta de su gobierno a la pandemia hasta ahora ha recibido la aprobación del 65% de los ciudadanos de Quebec encuestados, según una encuesta de Leger publicada esta semana.
Pero el director de salud pública de la provincia renunció a principios de esta semana, antes del anuncio del plan fiscal, citando una “erosión” de la confianza pública en las medidas contra la pandemia.
Cuando se le preguntó el miércoles sobre el plan, el primer ministro Justin Trudeau dijo que “recibió esa propuesta con interés” pero que no opinaría al respecto, diciendo que necesitaba más detalles.
El sistema de salud pública de Canadá está respaldado por la Ley de Salud de Canadá, cuyo objetivo es garantizar la universalidad y la accesibilidad, entre otras cosas. Excluye las tarifas de usuario por los servicios asegurados.
Cara Zwibel, asesora general interina de la Asociación Canadiense de Libertades Civiles, dijo que, sin embargo, podría violar la Carta de Derechos y Libertades de Canadá si se considera “una forma de obligar a las personas a vacunarse”.
