Por: Reacción Criterio Diario / Foto: Twitter: @LaMareaVeracruz
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México dio a conocer este viernes 28 de enero que reabrirán el caso de Digna Ochoa, el cual, en su momento, se clasificó como “suicidio”.
Con información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el 19 de octubre de 2001, encontraron el cuerpo de Digna Ochoa y Plácido sin vida en su oficina, la cual se encontraba en la calle de Zacatecas número 31 de la colonia Roma.
Ella era una abogada mexicana defensora de derechos humanos que había ganado diferentes premios internacionales por su trabajo y que durante años trabajó en casos en que estaban involucrados funcionarios y miembros de la Procuraduría General, así como de militares implicados en violaciones de derechos humanos.
Siempre luchó para que se encontrara a los responsables de estos actos y presionaba a las autoridades para que aplicaran la ley sobre ellos.
Digna Ochoa fue víctima de diferentes amenazas y secuestros. Por ejemplo, el 9 de agosto de 1999, unos sujetos desconocidos la privaron de su libertad durante cuatro horas; aunque luego la liberaron, sí robaron todas sus pertenencias e identificaciones personales.
El 3 de septiembre del mismo año recibió varios mensajes por correo amenazándola, justo en el lugar donde trabajaba, en el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”.
El 7 de septiembre de 1999, Digna Ochoa pidió medidas cautelares para ella y para todos los miembros del Centro PRODH. El 2 de noviembre, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos presentaron una petición inicial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación de derechos humanos en perjuicio de Digna Ochoa por parte del Estado mexicano por no investigar los ataques y secuestros que había pasado.
El 11 de noviembre de 1999, la CIDH sometió a la Corte Interamericana una solicitud de medidas provisionales para Digna Ochoa. Después de casi dos años, se dieron por terminadas las medidas provisionales entregadas a la abogada y dos meses después, el 19 de octubre de 2001, encontraron su cuerpo sin vida en su oficina.
Luego de que se reportara la muerte de Digna Ochoa, las autoridades abrieron su caso y empezaron una investigación que duró más o menos 10 años, con la cual, según la CNDH, se realizaron diligencias forenses, químicas, balísticas e informes psicológicos; se tomaron pruebas testimoniales, fotográficas, y más.
La CIDH señaló que había varias irregularidades graves en la imparcialidad del órgano investigador en la primera etapa de las averiguaciones; las autoridades que determinaron que la muerte de la defensora de derechos humanos, Digna Ochoa, había sido suicidio.
“Omisiones en el registro de los fenómenos cadavéricos que no fueron subsanadas y lesiones no advertidas en los diversos exámenes médicos, así como contradicciones en las pruebas de balística” fueron algunas de las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Por declararse oficialmente que había sido suicidio, el 6 de mayo de 2003, los familiares de Digna Ochoa ofrecieron a la Fiscalía pruebas periciales que apuntaban a que ella no tenía intenciones de suicidarse, pero las rechazaron y solo las incluyeron parcialmente.
El viernes 28 de enero, la Fiscalía de la Ciudad de México dio a conocer que reabrirán el caso de Digna Ochoa, luego de 20 años de estar clasificado como “suicidio” a pesar de las muchas inconsistencias que había por parte de las anteriores autoridades en sus investigaciones.
