Por: Reacción Criterio Diario / Foto: Twitter: @Paulguerra16
La FGR se prepara para un caso que involucran el tráfico de influencias o lavado de dinero entre los más altos niveles políticos, aunque en esta ocasión no va directo contra un funcionario o exfuncionario, sino contra cuatro abogados que han participado en litigios famosos como el de la Estafa Maestra.
Todo comenzó por una denuncia que puso el hermano de Juan Collado, el exabogado de EPN que fue detenido por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero.
El hermano de Collado presentó una denuncia contra este grupo de abogados porque supuestamente le pidieron dinero a cambio de negociar un criterio de oportunidad que pondría a Juan Collado en libertad.
De esta denuncia se destapó un caso que involucra lavado de dinero, extorsiones y uso de prestanombres.
Se trata de los primeros pasos, de la recién apertura de una carpeta de investigación y de una audiencia programada para el 28 de febrero, donde la FGR y los cuatro abogados se verán las caras, aunque será a la distancia, en una sesión por videoconferencia.
La FGR desglosará los motivos para investigar los presuntos delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los acusados son: Juan Antonio Araujo, con quien el empresario Alonso Ancira libró la cárcel por la compra-venta a sobreprecio de Agronitrogenados; César Omar González, David Gómez Arnau e Isaac Pérez, socios del Despacho Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá, cercano al exconsejero de Presidencia, Julio Scherer.
Este despacho estuvo a cargo de casos importantes como la Estafa Maestra o Agronitrogenados y, de acuerdo con el periodista de Animal Político Arturo Ángel, los abogados son acusados de supuestamente haber extorsionado a clientes potenciales aprovechando su relación con Scherer.
En la lista de clientes potenciales de estps abogados, figuró Víctor Manuel Álvarez Puga, el empresario y esposo de Inés Gómez Mont acusado de desvío de dinero público mediante empresas fantasma.
En el caso de Juan Collado, la Fiscalía dijo tener pruebas suficientes de extorsión, pero también de la realización de pagos y triangulación de dinero mediante prestanombres que terminó en lavado de dinero.
