Por: Reacción Criterio Diario / Foto: Twitter: @GIEIAYOTZINAPA
El lunes 28 de marzo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dio un nuevo reporte del caso Ayotzinapa, destacando que elementos de la Secretaría de Marina habían intervenido en el basurero de Cocula antes de que comenzaran las investigaciones.
Tan solo cuatro días antes de que se diera la desaparición de los estudiantes, ordenaron a militares de Guerrero estar al pendiente de ellos en su camino a la Ciudad de México. En el documento G.A.O.I./5087 que la Comandancia de la 35 Zona Militar ordenó a todos los batallones de la entidad seguir cada una de las actividades de los alumnos de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
“Se mantenga al pendiente de las actividades que realizan alumnos de citado plantel educativo, con la finalidad de informar oportunamente la salida de contingentes a la Ciudad de México para la conmemoración del ‘XLVI aniversario de los hechos registrados el 2 oct. 1968’, así como el de otras organización (sic) con presencia dentro de su sector de responsabilidad”.
También indicaron que elementos de las Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) estaban infiltrados en la Escuela Normal de Ayotzinapa. Eran tres agentes los que estaban encubiertos y haciéndose pasar por estudiantes para recoger información y entregarla a las autoridades.
Entre los datos reportados en los documentos oficiales no había relación con narcotráfico, solamente de control de las actividades reivindicativas, asambleas y otras actividades que realizaban los alumnos del plantel.
Militares y policías monitoreaban a los estudiantes durante las desapariciones forzadas. Incluso tenían interceptadas sus comunicaciones y las seguían en tiempo real. Este seguimiento dejó de existir en las horas más críticas de los acontecimientos que se dieron entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Otros documentos oficiales de inteligencia señalan que las autoridades militares tenían información en tiempo real de los hechos violentos que estaban ocurriendo en Iguala, Guerrero, pero no hicieron nada y al tener la información sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, las fuerzas armadas no compartieron nada a las autoridades encargadas de investigar el caso, ni en el anterior ni en el actual sexenio, a pesar de una orden del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Tampoco la compartieron a las autoridades que tenían la responsabilidad de buscar a los estudiantes el 26 y 27 de septiembre, aunque tenían intercepciones a las comunicaciones de los jóvenes, lo cual pudo ayudar a encontrarlos tan solo horas después de las desapariciones forzadas.
Según los expertos independientes, después de insistir, de pedir la intervención de López Obrador y del apoyo del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, por fin les entregaron esta información a partir de abril de 2021.
Las intercepciones a las comunicaciones de varios actores importantes en los hechos que estaban dándose en septiembre de 2014 eran ilegales por parte del Ejército Nacional y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
Uno de los documentos, fechado el 5 de octubre de 2014, señala datos importantes como personas involucradas en los hechos, su ubicación y hasta datos sobre el destino de los estudiantes. En ningún momento las fuerzas armadas la compartieron para ayudar en las investigaciones o hasta en la búsqueda de los jóvenes normalistas.
A pesar de que lo negaron una y otra vez, los expertos independientes tiene pruebas de que el Ejército Nacional sí realizó investigaciones paralelas a las oficiales sobre el caso Ayotzinapa. Hasta la fecha se niegan a compartir la información que ellos tienen para saber qué es todo lo que pasó con los estudiantes normalistas.
Uno de los descubrimientos más destacados es la intervención de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) en el basurero de Cocula. Se presentó un video que captó un dron donde se puede ver como el personal de esta dependencia manipuló la escena antes de que se diera el supuesto “descubrimiento” de la llamada “verdad histórica”.
Alrededor de 12 presuntos elementos de la Marina participaron en acciones que no cuentan con registro oficial, como cargando diferentes bultos que sacan de camionetas, encendiendo una hoguera, supuestamente, para que el dron ubique el basurero, aunque ya se tenían las coordenadas exactas del lugar y contaminando toda la escena que era importante para la investigación.
El acta de búsqueda y recolección de indicios en el Río San Juan, en la localidad Puente Río San Juan, municipio de Cocula, Guerrero, fue falsificada y la firmó un agente del ministerio público que no estaba en Cocula, sino en la Ciudad de México en el mismo día y hora en las que supuestamente hacía las tareas de búsqueda y recopilación de pruebas.
Por otra parte, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes indicó que la tortura a supuestos actores involucrados en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa fue sistemática y solo para poder respaldar la llamada “verdad histórica”. Para que estas personas se autoculparan o inculparan a otras. Acciones en las que estuvieron metidas instituciones como el Ministerio Público de la Federación, la Policía Federal Ministerial de la PGR, el CISEN, la SEDENA y la SEMAR.
22 personas que estaban relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes, y que pudieron dar información, murieron. Solo dos de ellas fue por causas naturales.
