Por: Redacción Criterio Diario / Foto: Twitter: @ProyectoPuente
El 4 de noviembre de 2019 presuntos integrantes del Cártel de Juárez atacaron y asesinaron a un grupo de mujeres y menores de edad pertenecientes a la familia LeBaron en el municipio de Bavispe, en la frontera de Sonora y Chihuahua.
En julio de 2020 los familiares de las víctimas presentaron una demanda federal en Estados Unidos acusando al Cártel de Juárez por llevar a cabo el ataque. Esta demanda se presentó entre un tribunal federal en Dakota del Norte. El Cártel no acudió ni presentó representación a una cita en marzo para un juicio en Dakota.
Con todo esto, el juez federal determinó que el cártel debe pagar mil 500 millones de dólares, cantidad que se va a triplicar de manera automática por la Ley Federal Antiterrorista; el Cártel tendría que pagar 4 mil 600 millones de dólares, además de que el gobierno de Estados Unidos puede congelar sus activos.
Esta resolución resulta extraña ya que el Cártel es una organización criminal, no una empresa legalmente constituida y tampoco es una persona física, por lo que no habría quien pague la deuda.
En noviembre del 2020 la Fiscalía General de la República (FGR) anunció la detención de 3 sujetos involucrados en el asesinato de 17 integrantes de la familia LeBarón. Uno de los detenidos, que fue vinculado a proceso, es Roberto N o el 32, presunto autor intelectual. En febrero de este año, 2022, a más de dos años de la agresión, la FGR detuvo al presunto autor material identificado como el Guacho.
