Por: Redacción Criterio Diario / Foto: Twitter @MBarbosaMX
Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla envió al Congreso del Estado, una reforma para incrementar las penas contra funcionarios públicos que autoricen construcciones en lugares o zonas de alto riesgo, por lo que quienes incurran en esta práctica tendrán una sanción de hasta 20 años de prisión.
El artículo 199 del Código Penal del Estado, en la actualidad, establece penas de cuatro a 10 años y multas que van desde los 180 hasta las 500 Unidades de Medida, lo que significa que van de los 17,319 pesos a los 48,110 pesos, contra funcionarios que lleguen a validar construcciones en zonas de riesgo.
Esta propuesta busca incrementar el castigo hasta en una mitad, lo que significa que los funcionarios públicos deberán cumplir de ocho a 20 años de prisión en caso de cometer este delito y multas desde los 25,979 pesos hasta los 72,165 pesos: “La pena de los delitos contra el orden en el desarrollo urbano se incrementará hasta en una mitad más cuando se realicen sobre áreas naturales protegidas o de preservación ecológica, en zonas no consideradas aptas para vivienda o donde exista la probabilidad de que se produzca un daño por considerarse no aptas para vivienda”.
Las zonas de alto riesgo, según lo establecido, son las áreas naturales protegidas de preservación ecológica, las consideradas no aptas para la vivienda o zonas en las que se produzca un daño y que se consideren no aptos para vivienda en los Planes de Desarrollo Urbano.
Se planteó, que serán los ayuntamientos los responsables de expedir las autorizaciones, licencias y constancias por el uso de suelo para construir edificaciones, y que en coordinación con las autoridades deberán supervisar el cumplimiento de las normas federales y estatales en cuestión a los derechos de vía de infraestructura energética, telecomunicaciones y zonas federales.
De esta manera se pretende dar orden al desarrollo urbano, prevenir asentamientos irregulares y evitar la muerte de las personas que habitan en dichos lugares o cosas materiales; con esto se modifican las siguientes leyes: Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado, la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil y el Código Penal de Puebla.
