Por: Redacción Criterio Diario / Foto: pensandoenpuebla.com
Por unanimidad de votos, las reformas constitucionales, enviadas por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, al Poder Legislativo, fueron aprobadas, por lo que los próximos magistrados que sean electos para el Tribunal Superior de Justicia del Estado ya no serán vitalicios.
El presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, Eduardo Castillo López, reiteró que las modificaciones son importantes porque dan garantía a una mejor impartición de justicia en la entidad y consideró que la reformas al Poder Judicial, convertirán a la legislatura en una de las más importantes: “Esta iniciativa es de suma importancia para todas las y los poblanos… dirigida a promover una mejor función del Poder Judicial de Puebla, que deja constancia que esta reforma que aprobamos en comisiones unidas dejará huella en este y los próximos sexenios gubernamentales, ya que en ella se busca solventar las necesidades jurídicas de la ley y poder solucionar cualquier laguna que pueda existir”.
Los diputados que conforman la bancada del Partido Acción Nacional, descartaron que hubiera un acuerdo del tipo político con los demás legisladores, para que el partido albiazul votara a favor y comentaron que las sesiones fueron transmitidas a través de redes sociales del legislativo: “Nosotros hicimos un trabajo claro y transparente, las mesas fueron transmitidas para los ciudadanos, dieron parte de los debates ustedes mismos”.
Las reformas que envió el mandatario de la entidad, con las cuales se va a crear una Sala Constitucional independiente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y cuyo objetivo es hacer valer la Constitución de Puebla, propone que esté conformado por cinco magistrados nombrados como la marque la ley, y serán quienes designen a su presidente o presidenta por un periodo de cuatro años y sin posibilidad de reelección.
El titular de la Sala que sea propuesto, será distinto al presidente del TSJ y del Consejo de la Judicatura, buscando la autonomía del órgano para actuar de manera imparcial.
Además, los consejeros de la Judicatura y magistrados, así como consejeros, podrán ser acreedores a un procedimiento de responsabilidad por la denegación grave de justicia, incumplimiento doloso a los supuestos de impedimento judicial o simplemente por haber incurrido en violaciones a las reglas de conflicto de interés. El procedimiento estará a cargo del Consejo de la Judicatura y el órgano deberá informar al Congreso de Puebla para que en caso de qué sea necesario imponer acciones correspondientes.
El pleno del Tribunal Superior de Justicia, la Sala Constitucional, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal de Justicia Administrativa debe hacer valer la paridad de género.
