Por: Redacción Criterio Diario / Foto: Twitter @SinEmbargoMX
Este miércoles las Comisiones Unidas de Reforma Política-Electoral, Puntos Constitucionales, así como de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, presentaron el dictamen de la Reforma Electoral.
La diputada morenista Graciela Sánchez Ortiz, presidenta de la Comisión Política-Electoral, fue la encargada de mostrar el dictamen que contiene 935 páginas con un enfoque principal sobre la iniciativa que fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador:
“La línea más importante es el primer dictamen del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, recoge más de 152 iniciativas: 62 constitucionales y las demás propuestas para reformas de leyes secundarias… Esta muy interesante este dictamen, recoge todo el sentido de verdad por un mejoramiento de la democracia en nuestro país, que es el principal eje que debe conducirnos a todos los que nos dedicamos a a política, para llegar a hacer una realidad los deseos de la población que son quienes demandan que no haya tanto gasto del dinero público en partidos políticos, en instituciones que ya no están garantizando una democracia verdadera”.
La diputada explicó que las iniciativas presentadas en el proyecto no están referidas a desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE): “En ninguna se propone desaparecer al INE (…) el objetivo de esta reforma es fortalecerlo, no desaparecerlo, de darle mayor seguridad y mayor certeza… va a ir por las buenas, porque así lo quieren todos los mexicanos”.
Recordando López Obrador presentó esta iniciativa de reforma en abril pasado y la cual será discutida en el Congreso, cuyo objetivo es crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) para sustituir al INE, órgano autónomo que surgió para quitar el control de las elecciones al Gobierno; propone un voto popular para elegir a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); la eliminación de 200 diputados y 32 senadores, para reducir el financiamiento de los partidos políticos y redefinir el concepto de “propaganda” para que el Gobierno se pronuncie durante las elecciones, disposiciones criticadas porque pueden favorecer al actual partido en el poder.
