Por: Redacción Criterio Diario / Foto Twitter: @CNNEE
El gobierno de Dina Boluarte declaró el miércoles el estado de emergencia nacional en Perú y propuso adelantar las elecciones a 2023 para aplacar las protestas que sacuden el país tras el autogolpe fallido de Pedro Castillo.
“Se ha acordado declarar en estado de emergencia a todo el país debido a los hechos vandálicos y violentos, a toma de carreteras y caminos (…), que están siendo controlados por la policía nacional y las fuerzas armadas”.
Las protestas y tomas de aeropuertos y carreteras han dejado un saldo de al menos siete muertos y unos 200 heridos en una semana, según la Defensoría del Pueblo.
Boluarte, que hasta hace una semana se desempeñaba como vicepresidenta, asumió la jefatura de Estado tras el autogolpe fallido de Castillo y su posterior destitución y detención el miércoles pasado. Aseguró inicialmente que gobernaría hasta el fin de su mandato en julio de 2026, como prevé la Constitución pero una ola de protestas que exigen la liberación de Castillo y elecciones inmediatas la llevaron a proponer adelantar la fecha de las elecciones primero a abril de 2024 y luego a diciembre de 2023.
“Legalmente los tiempos calzarían para abril del 2024, sin embargo haciendo reajustes ayer, conversando, estos se pueden adelantar a diciembre del 2023”.
El Congreso se reunirá en pleno este jueves para debatir la propuesta de ir a las urnas a fines del año próximo. En tanto la fiscalía, que acusa a este maestro rural de izquierda de “rebelión” y “conspiración”, busca mantenerlo en prisión preventiva durante 18 meses.
El juez que debía tratar el miércoles el pedido, Juan Checkley, reprogramó la audiencia para este jueves a las 08h30 (13h30 GMT) tras aceptar los alegatos de la defensa, que se queja de no haber recibido todos los documentos de la causa; indicó que Castillo seguirá detenido otras 48 horas, a pesar de que este miércoles se cumple el plazo de siete días de detención que le impuso un juez tras su intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto hace una semana.
Castillo se negó a participar en la audiencia virtual.
“¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coartar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la &commatCIDH que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia”.
