Por: Redacción Criterio Diario / Foto Twitter: @QuotesforGoal
El 6 de enero de 2021, seguidores de Donald Trump invadieron y asaltaron el Capitolio de Estados Unidos. Denunciaban un fraude electoral a favor de Joe Biden. Ahora Brasil parece repetir la historia a nombre de Jair Bolsonaro.
El domingo 8 de enero, miles de seguidores de Jair Bolsonaro invadieron las sedes de los tres poderes de Gobierno. Llegaron hasta el Congreso de Brasil, el Palacio de Planalto, sede la Presidencia, y a la Suprema Corte, edificios ubicados en la capital Brasilia y exigieron una intervención militar que separe de su cargo a Luiz Inácio Lula da Silva, actual presidente de Brasil.
Los radicales sobrepasaron una barrera policial y se dirigieron a las sedes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Causaron daños en los tres edificios.
Lula venció a Jair Bolsonaro en las últimas elecciones presidenciales y se convirtió en mandatario nuevamente a partir del 1 de enero de 2023. Es la tercera vez que Lula toma protesta como Presidente de Brasil.
“El Congreso Nacional nunca ha negado una voz a quienes quieren manifestarse pacíficamente. Pero nunca dará espacio a los disturbios, la destrucción y el vandalismo“, declaró Arthur Lira, presidente de la Cámara de Diputados.
Los manifestantes tuvieron un choque con la policía a las afueras del Congreso antes de entrar por la fuerza a sus instalaciones. Posteriormente otros grupos se fueron hacia el Palacio de Gobierno y hacia la Suprema Corte. Ésta última institución ya habría sido recuperada por las autoridades.
Lula da Silva se encuentra de gira en Sao Paulo, mientras que el Congreso está fuera de actividad, por lo que hasta ahora no se reporta algún funcionario afectado por la invasión.
Horas después de iniciada esta insurrección con intenciones golpistas, como la han calificado las autoridades en Brasil, el Preisdente Lula da Silva fijó su postura desde Sao Paulo. Destituyó al secretario de Seguridad encargado de la situación en Brasilia, por lo que decretó una “intervención federal” para mantener el orden en la capital con vigencia hasta el 31 de enero.
También aseguró que los responsables serán castigados de forma ejemplar, incluyendo “a quienes hayan financiado” a los manifestantes.
