Por: Redacción Criterio Diario / Foto Twitter: @menoscanas
Por medio de un comunicado, la Fiscalía de Perú dio a conocer que inició una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por hechos ocurridos durante manifestaciones que tuvieron lugar en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho en diciembre pasado (algunas en enero de este año).
Los delitos que Boluarte habría cometido al tratar de inhibir las protestas por la encarcelación del expresidente Pedro Castillo no son menores: además de presuntos delitos de genocidio, posiblemente se cometió homicidio calificado y lesiones graves, detalla el Ministerio Público de Perú.
La investigación que abrió la Fiscalía de Perú tendrá en la mira no sólo a Boluarte, también al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola,al ministro del Interior, Víctor Rojas, el ministro de Defensa, Jorge Chávez y contra Pedro Ángulo y César Cervantes, expresidente del Consejo de Ministros y exministro del Interior, respectivamente.
Tan sólo en uno de los eventos citados (el de Puno) habrían sido asesinados 18 personas, comentó el fiscal superior de Perú, Jorge Chávez Cotrina. De ahí que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, solicitó la pronta aclaración de los hechos.
“Dentro de los actos de investigación, los fiscales efectúan diligencias urgentes, como el recojo de imágenes de cámaras de videovigilancia, declaraciones de testigos y las necropsias de ley, a cargo de médicos legistas, cuyo avance se encuentra al 80%”, explicó Chávez Cotrina.
En total se tiene conocimiento de 47 muertes en las manifestaciones que se han desencadenado en Perú a raíz de la destitución y detención del presidente Pedro Castillo.
Esta es la segunda investigación que tiene en su contra la presidenta Boluarte y ni por eso se ve que tenga la intención de disminuir la fuerza con la que su gobierno trata de inhibir las protestas. De ahí que Amnistía Internacional ha llamado a “cesar de inmediato el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza contra la población civil”.
Además de exigir la liberación de Castillo, los manifestantes piden la renuncia de Boluarte, así como la realización de nuevas elecciones. Sin embargo, el gobierno de Dina Boluarte ha respondido justificando sus acciones: son para “salvaguardar el orden público”, dijo ante el Congreso el primer ministro, Alberto Otárola.
