Por: Redacción Criterio Diario / Foto Twitter: @lilianaf523
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió ayer a la Fiscalía General de la Nación investigar a su hermano, Juan Fernando Petro Urrego, y al hijo mayor del mandatario, Nicolás Petro Burgos, por acusaciones de recibir sobornos de narcotraficantes para que beneficiarse del plan de paz impulsado por el gobierno con grupos armados, acusación que reiteró Day Vásquez, ex esposa de Nicolás.
El gobierno puso en conocimiento del fiscal Francisco Barbosa la existencia de un colectivo de abogados que estaría cobrando hasta un millón de dólares a narcotraficantes y delincuentes a cambio de maniobrar a cambio de falsas intermediaciones en los procesos de paz, beneficios judiciales o promesas de evitar su extradición.
“Mi gobierno no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos. Al contrario, nos encontramos en la construcción de los mecanismos legales para que estas agrupaciones al margen de la ley se acojan a la justicia, reparen a las víctimas y cesen la violencia en las ciudades y demás territorios”.
Confirmó que el único funcionario que cuenta con el aval de gobierno para tener contacto con las organizaciones al margen de la ley, “con el objetivo único de la búsqueda de la paz”, es el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda.
“Confío en que mi hermano y mi hijo puedan demostrar su inocencia pero respetaré las conclusiones a las que llegue la justicia”.
Day Vásquez, ex esposa de Nicolás Petro Burgos, aseguró, sin mostrar evidencias ni detalles, que el joven diputado en el departamento de Atlántico supuestamente recibió “dineros de personas que han tenido un pasado un poco oscuro”, que estarían destinados a la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Vásquez señaló a Samuel Santander Lopesierra Gutiérrez, alias El hombre Marlboro y miembro del cartel de La Guajira, de entregar más de 124 mil dólares (equivalentes a 2.2 millones de pesos) y que el empresario Alfonso del Cristo Hilsaca, conocido por financiar campañas políticas, dio casi 83 mil dólares (1.5 millones de pesos) en dos entregas. Agregó que el vástago del presidente recibió dinero de otros directivos de compañías, a los que no identificó, y aseguró que el dinero entregado a Petro Burgos no llegó a las campañas de su padre.
La procuradora general, Margarita Cabello Blanco, pidió que se indague al hijo del presidente por supuestamente haber recibido pagos por ser un funcionario público.
Juan Fernando Petro Urrego, hermano del mandatario, ya compareció ante la Fiscalía por estas denuncias a principios de febrero, en una declaración reservada de 40 minutos. Ese día, su abogado aseguró que su cliente es “víctima” de una red de abogados que usa su nombre para adelantar supuestas gestiones ante el gobierno.
A principios de 2022, en plena campaña presidencial, Juan Fernando acudió a una cárcel de Bogotá para reunirse con varios reclusos. Según la prensa, en este encuentro ofreció beneficios para condenados por corrupción y narcotráfico en un eventual gobierno de su hermano. El entonces candidato, Gustavo Petro, desmintió esta versión y aseguró que su hermano no era parte de la campaña.
El gobierno ha anunciado un proyecto de ley que establecerá sanciones máximas de ocho años de cárcel y la posibilidad de conservar hasta 10 por ciento de sus fortunas para los narcotraficantes que se acojan a la justicia.
