Por: Redacción Criterio Diario / Foto Twitter: @MLopezSanMartin
Dos semanas después del incendio en una estación del INM en Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes y 25 resultaron heridos, la FGR se decidió a ir en contra del jefe del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño Yáñez.
“Se ha procedido penalmente en contra de los directivos del INM, Francisco N y Antonio N, quienes incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”.
El incendio en el centro migratorio de Ciudad Juárez no es la única tragedia que recae sobre el titular del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño; existen fotos y videos de los operativos del INM en las zonas fronterizas de México y el caso de otro centro migratorio en Tenosique, Tabasco, semejante al ocurrido en Ciudad Juárez donde una persona murió y otras 14 resultaron heridas.
Este caso sucedió el 31 de marzo de 2020 y resulta que no pasó desapercibido por la CNDH, que emitió una recomendación donde señaló un patrón de conducta de omisión en cuanto a las medidas de seguridad para atender este tipo de casos.
La FGR también consultó en la Auditoría Superior de la Federación y el trabajo del INM y encontró los mismos señalamientos de omisión, fallas que se repetían y que reflejaban un “patrón de irresponsabilidad”.
Por esta razón, y en medio de la presión social que ha reclamado la renuncia de Francisco Garduño por la tragedia en Ciudad Juárez, es que la FGR va contra el titular del INM.
4 servidores públicos están procesados por homicidio y lesiones. En cuanto a la empresa que estaba a cargo del centro migratorio en Ciudad Juárez, la FGR acusó que omitió su obligación de capacitación, control y supervisión al personal que era obligatorias. Además de que no registró en el IMSS a la mayoría del personal.
El INM y la empresa de seguridad privada firmaron contratos por adjudicación directa, apañando la licitación y generando costos hasta por el doble de lo que usualmente se paga en el sector público por el servicio de seguridad.
