Por: Redacción Criterio Diario /Foto: REUTERS
Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, aprovechó su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el martes para destacar los logros en la erradicación de la violencia pandillera en su país, atribuyendo el mérito a la determinación de su gobierno, a pesar de las críticas internacionales sobre presuntas violaciones de los derechos humanos.
Bukele afirmó que si hubieran seguido las sugerencias de los críticos, incluidos algunos dentro de la ONU, su país habría continuado siendo conocido como la “capital mundial del homicidio”.
“Hoy vengo a decirles que ese debate se acabó”, declaró Bukele. “Las decisiones que tomamos fueron acertadas. Ya no somos la capital mundial de la muerte, y lo conseguimos en tiempo récord. Hoy, somos un referente de seguridad y nadie lo puede poner en duda. Ahí están los resultados. Son irrefutables”.
Desde marzo de 2022, más de 72,000 personas han sido arrestadas bajo un estado de excepción decretado por Bukele en respuesta al aumento de la violencia pandillera. Estos poderes especiales otorgados por el Congreso suspendieron ciertos derechos fundamentales, como el acceso a un abogado y el derecho a ser informado sobre la causa de la detención.
Los críticos argumentan que no se respeta el debido proceso y que miles de personas inocentes se han visto afectadas por las operaciones de seguridad. Más de 7,000 personas han sido liberadas debido a la falta de evidencia de vínculos con las pandillas.
La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación en marzo pasado después de un año de medidas represivas, destacando violaciones generalizadas de los derechos humanos, detenciones injustificadas y numerosas muertes en custodia.
Sin embargo, a nivel nacional, las medidas de seguridad implementadas por Bukele son extremadamente populares. Es probable que se conviertan en un punto central de su campaña de reelección el próximo año, a pesar de que la Constitución de El Salvador prohíbe la reelección. Esto se ha hecho posible gracias a la colaboración de jueces afines a Bukele en la Asamblea Legislativa.
