Por: Redacción Criterio Diario / Foto Twitter: @PodJudPue
El Poder Judicial de Puebla reconoció que “sí hubo un descuento” al salario de los trabajadores sindicalizados como lo acusaron en la protesta, esto luego de que el aumento que anunció el gobierno estatal fue retroactivo a agosto y les descontaron el ISR mensual.
Debido a esta situación, poco más de 150 basificadosprotestaron en la sede del Poder Judicial, lo que generó un paro en las actividades, toda vez que colgaron las banderas negras y rojas, ya que argumentaron que no les cumplieron lo que se les prometió respecto a su aumento.
De acuerdo con el área de comunicación, el incrementó que anunció el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina del 6 por ciento benefició a 876 trabajadores de base y mil 41 de confianza, a los primeros con el 6 por ciento considerando las dos quincenas de agosto y septiembre.
Mientras que a los de confianza, este aumento se contempló a partir de la primera quincena de este mes, el cual dependerá del tabulador que tenga correspondiente.
En el caso de los sindicalizados, explicó el Poder Judicial, el descuento que tuvieron los trabajadores se debió al pago de las cuotas de seguridad social y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), que rondó en aproximadamente 224 pesos por meses, es decir, 448 pesos en total.
“Es un impuesto que cualquiera trabajador paga, obvio si percibes más, pues el monto a dar será mayor, es el ISR y como les llegó retroactivos pues fue más, pero los trabajadores no aceptan, no se cobra por parte del Poder Judicial, sino que es algo que se hace con el SAT”, respondió el Poder Judicial.
Esto, pese a que los basificados acusaron que el mínimo descuento fue de 600 pesos, pero que hay otros que les quitaron más, además de que ellos no tendrían que pagarlo, sino que en todo caso debería hacerse cargo el gobierno del estado o el Poder Judicial y que se los regresen.
Sin embargo, aunque se intentó hacer una mesa de diálogo para analizar cada uno de los casos que se tienen, no se ha concretado y se mantiene la protesta, lo que ha frenado algunas de las actividades y servicios que se prestan en materia de administración de justicia.
