Por: Redacción Criterio Diario / Foto Twitter: @Reporte_Indigo
En medio del proceso para ver si Ernestina Godoy sigue al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México (FGJCDMX), ayer, The New York Times dio a conocer información sobre supuestos actos de espionaje cometidos contra políticos de oposición y hasta de propio Morena.
El encargado de hacer la declaratoria de negación fue el vocero de la FGJCDMX, Ulises Lara López… quien, sorpresa, recurrió al siempre recurrible “se niega categóricamente” para, precisamente, señalar que es falso lo que se dio a conocer en el reportaje de The New York Times. La fiscalía local “No espía a personajes políticos ni a ninguna persona”.
De acuerdo con Ulises Lara, contrario a lo que dice el reportaje de The New York Times, la Fiscalía de la CDMX sólo se dedica a “investigar con fines exclusivamente jurídicos” y pueden pasar a checarle: no existen números de oficio o carpetas de investigación en libros del gobierno con las nomenclaturas que señala en las solicitudes de información que hace referencia el diario estadounidense.
Lara agregó que toda solicitud de información que la FGJCDXM hace a empresas telefónicas es “en estricto apego a la ley”, sin violentar los derechos de nadie.
El reconocido medio estadounidense sacó un reportaje que revela que, contrario a lo que dice Lara (y que fue proclama de AMLO al inicio de su sexenio), la FGJCDMX espió a varios políticos.
En el reportaje firmado por María Abi Habib, Natalie Kitroeffy y Emiliano Rodríguez se asegura que la fiscalía que dirige Ernestina Godoy pidió a empresas de telefonía los registros telefónicos de personajes como Lilly Téllez, Santiago Taboada, Higinio Martínez y Horacio Duart, entre otros… y, de hecho, las propias empresas aceptaron haber cedido la información. No podía negarse: la FGJCDMX se escudó diciendo que investigaba casos de secuestro y desapariciones.
Ulises Lara aclaró que no hay carpetas de investigación en contra de las personas señaladas y mucho menos órdenes de aprehensión. Lo que se hará, ahora, será investigar a funcionarios públicos para conocer el origen de los documentos a los que se hace mención en el reportaje de The New York Times.
