Por: Redacción Criterio Diario / Foto: Criterio Diario (especial).
La Presidenta Claudia Sheinbaum inicia su conferencia matutina desde el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional.
García Luna tiene tres casos penales abiertos en México.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que en México existen tres investigaciones penales abiertas en contra de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón y sentenciado a 38 años de prisión en Estados Unidos por diversos delitos de narcotráfico.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó que el gobierno mexicano reclama el resarcimiento de 600 millones de dólares que García Luna desvió desde México hacia cuentas en Estados Unidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se pidió información a la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer si existen otras acusaciones en contra del exfuncionario calderonista.
Rodríguez Velázquez explicó que las órdenes de aprehensión giradas en nuestro país contra García Luna no están relacionadas con el proceso penal que se le sigue en Estados Unidos.
Los tres casos que permanecen abiertos en México contra García Luna tienen que ver con el delito de introducción ilegal al territorio de armamento exclusivo de las Fuerzas Armadas, como parte del operativo Rápido y Furioso; los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades y de asociación delictuosa, en el caso de la construcción de reclusorios federales; y la adjudicación irregular de contratos a empresas creadas exprofeso para la edificación de dichos reclusorios.
A esos expedientes, dijo la Presidenta, se suma su participación en el caso del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, en donde se señaló a García Luna por presuntamente haber protegido al supuesto segundo tirador contra el aspirante priista, pero por el cual no se logró la orden de aprehensión, debido a que un juez federal negó emitir la medida.
“Estamos haciendo una solicitud de información en la Fiscalía General de la República para saber cuántas denuncias hay, cuántas carpetas de investigación hay abiertas contra García Luna en la Fiscalía General de la República; estamos haciendo una consulta para ver si hay otros casos en donde hay investigaciones o incluso ya órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna en nuestro país”.
La secretaria de Gobernación detalló que en el caso de la operación llamada Rápido y Furioso, se acusó a García Luna por el delito de introducción al territorio nacional de forma clandestina de armas, municiones, cartuchos y explosivos, materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea o sujetos a control.
“Hay que decir que la averiguación previa se inició en 2009 por la PGR y fue hasta el año 2020 cuando García Luna, que ya había dejado de ser secretario de Seguridad se pudo judicializar por la actual FGR”.
“En esta operación de Rápido y Furioso, el Grupo de Trabajo sobre el Control de Drogas contra el Crimen Organizado introdujo más de dos mil armas de forma ilegal a México con el fin de identificar compradores, financiadores, transportadores y traficantes de armas para los cárteles y desarrollar, según ellos, inteligencia que pudiera desmantelar organizaciones criminales, lo cual nunca ocurrió, sino que ese armamento sirvió para potenciar la capacidad de actuación de estos grupos y generó una espiral de violencia en el país”.
La segunda orden de aprehensión pendiente en su contra es por el uso indebido de atribuciones y facultades sí como por asociación delictuosa, dijo la secretaria.
“Esta investigación también la lleva actualmente la FGR y se debe a que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en 2020, promovió una denuncia penal ante la Fiscalía, ya que García Luna promovió un proyecto para la construcción de 12 centros federales de prevención social bajo el esquema de la participación con la iniciativa privada, logrando que se aprobara el 10 de diciembre de 2010 un presupuesto para la celebración de contratos que se adjudicaron de forma directa a empresas creadas entre julio y octubre de 2010 ex profeso para este fin”.
La secretaria de Gobernación y el titular de la UIF expusieron que la tercera orden de aprehensión contra el exfuncionario calderonista forma parte de las 61 que emitieron la Fiscalía Especial en Investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda y otros fiscales de la FGR en contra de diversas personas, entre las cuales se encuentran familiares suyos, por los delitos de delincuencia organizada, peculado cometidos a través de las empresas Nunvav Inc., Nunvav Technologies Inc., Nice Systems Ltd. y GLAC, firma propiedad de García Luna y su esposa.
UIF revela red de defraudación fiscal y lavado de dinero ligada a García Luna
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló detalles sobre la defraudación fiscal y lavado de dinero que realizó el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, con la operación de empresas y firma de contratos.
Dio a conocer que García Luna recibió contratos por un total de 727 millones 923 mil 523 dólares y 528 millones 26 mil 666 pesos a través del tejido empresarial Grupo Weinberg, liderado en ese entonces por Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, que operaban junto al ex secretario de Seguridad.
Pablo Gómez confirmó que las investigaciones financieras que realizó la Fiscalía General de la República (FGR) contra García Luna y sus colaboradores, se establecieron 61 órdenes de aprehensión, además de mantenerse un proceso de extradición contra Jonathan Alexis Weinberg Pinto, principal involucrado en el proceso.
El funcionario explicó que de 2009 a 2018 la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) entregaron 30 contratos a Grupo Weinberg, empresas de Panamá, que no estaban constituidas en México y tampoco pagaban impuestos.
De ese modo, se dio a conocer que el ex secretario de Seguridad a través del tejido empresarial de Grupo Weinberg obtuvo contratos por más de 700 millones de dólares, que fueron pagados a diversas empresas, entre ellas Nunvac Inc y GLAC, que recibió varios millones de pesos del Cisen y policía federal. En ese sentido, Pablo Gómez resaltó que la empresa GLAC es propiedad de García Luna y su esposa.
En ese sentido, se descubrió que la Policía Federal, el Cisen y el OADPRS pagaron 625 millones 188 mil 666 dólares y 93 millones 866 mil 666 pesos al Grupo Weinberg a cuentas de México, Barbados e Israel.
También se descubrió que la compañía Nunvac Inc, que fue creada en Panamá, envió recursos a Estados Unidos, Barbados, Israel y otros países por 528 millones 96 mil 393 pesos y 28 millones 474 mil 251 dólares.
Gómez Álvarez mencionó que al ser empresas de otros países se evita el pago de impuestos en México, lo que quiere decir que García Luna se benefició de este tipo de operaciones. Es decir, el gobierno mexicano pagaba, luego salía al extranjero a través de las llamadas empresas ‘cartón’ constituyendo así la defraudación fiscal.
Federación denunciará ante CJF a juez que ordenó eliminar publicación de reforma judicial en el DOF.
Al considerar que no tiene sustento jurídico, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que no atenderá la instrucción de una jueza para bajar del Diario Oficial de la Federación el decreto de la reforma judicial y anunció que, en cambio, denunciará a la juzgadora ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
En conferencia matutina, la mandataria estuvo acompañada de la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, y del exministro Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, para explicar los argumentos por los que no acatará la orden de la jueza, que le dio un plazo de 24 horas para eliminar el decreto publicado el 15 de septiembre pasado.
“La explicación que dan Ernestina Godoy y el ministro Zaldívar es que la juez no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación; primero, porque no tiene atribución porque una juez no está por encima del pueblo de México y segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo, y tercer, porque es el Poder Legislativo quien ordena al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador la publicación en el Diario Oficial de la Federación, entonces no vamos a bajar la publicación”, dijo Sheinbaum en la conferencia.
“Y número dos, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura, ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo, pero de todas maneras no queremos que quede en la impunidad, queremos que quede un antecedente de que hay una juez que por encima de su función está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo, de cambio constitucional, que está establecido en la propia Constitución y que deriva de la voluntad del pueblo de México expresada en las urnas el 2 de junio de 2024”.
“Ahí dice que, si no se hace eso, se dará vista al ministerio público y que el delito para la presidenta, porque es un amparo, es dentro de un juicio de amparo, son nueve a no sé cuántos años de cárcel, de tres a nueve años de prisión”.
Sheinbaum expuso que la juzgadora se llama Nancy Juárez, y es de Coatzacoalcos, Veracruz, cuya resolución, dijo, aún no les es notificada y que se enteraron por notas de prensa. Minutos después, la mandataria insistió en el tema y dijo que la decisión de la juez de distrito “es una ocurrencia de una jueza que no tiene sustento jurídico”.
Previamente, la consejera jurídica, Ernestina Godoy, explicó que hay una serie de argumentos jurídicos por los cuales es “totalmente improcedente” lo que está ordenando, que calificó como “un caso sin precedentes”.
Dijo que la reforma constitucional al Poder Judicial es una facultad soberana del constituyente permanente, exenta de revisión judicial; que no existe disposición constitucional o legal que otorgue al Poder Judicial de la Federación o cualquier otro ente facultad para cuestionar, revisar o anular la labor del órgano revisor de la Constitución.
“Un juzgado no se puede autofacultar para someter a revisión jurisdiccional una reforma constitucional, porque más allá de sus atribuciones expresas, implicaría ponerse por encima del órgano revisor, erigiéndose en la máxima autoridad del Estado mexicano y desconociendo el postulado del constituyente originario, según el cual, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y no en un juzgador de distrito”.
Además, dijo que con su actuar, la jueza usurpa atribuciones y pretende suspender un procedimiento que vulneraría el pacto federal.
“Ellos mismos, ellos saben, son constitucionalistas, son peritos en derecho y saben que la propia Suprema Corte de Justicia, en múltiples criterios, sentencia, hay jurisprudencia, ha negado la posibilidad de que se revise una reforma constitucional, está clarísimo, lo dicen, no es susceptible de control jurisdiccional una reforma constitucional”.
Finalmente, dijo que “hay un claro conflicto de interés, por si no fuera suficiente que están desobedeciendo a la propia Constitución”.
Por su parte, el exministro Zaldívar aseguró que “todas estas suspensiones que se han venido otorgando son abiertamente contrarias a derecho, porque hay una disposición en la Ley de Amparo que con claridad establece que el amparo no procede en contra de reformas constitucionales y las y los jueces la han inaplicado de manera automática”.
Además, detalló que tampoco procede la suspensión en contra de un proceso legislativo y menos de reforma constitucional, que una suspensión no puede tener un efecto restitutivo, que es invalidar o quitar una publicación del DOF y que se pretende dar a una suspensión efectos generales, lo cual está prohibido.
“En estos casos, los jueces y las juezas están actuando claramente al margen de sus atribuciones con un interés personal y directo en contra de la reforma, estando impedidos para resolver y están trastocando y desafiando el orden constitucional”.
“No la vamos a bajar”: sobre orden de eliminar publicación de reforma judicial del DOF.
La Presidenta resaltó que la jueza que solicitó bajar la publicación de la reforma judicial del DOF no tiene ninguna atribución para hacerlo y por eso, interpondrá una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), asegurando que “no vamos a bajar la publicación”.
“En el primer caso es muy importante lo de García Luna porque hay temas jurídicos, denuncias contra el criminal Genaro García Luna en México. En el otro caso jueza no tiene atribución para solicitar que se quite del DOF, una juez no está por encima del pueblo de México, jurídicamente no tiene sustento. Es el poder legislativo quien ordena al entonces presidente la publicación en el DOF, no vamos a bajar la publicación y vamos a hacer denuncia de esta juez ante el CJF”.
Buscará modificar operación en consulados para que migrantes puedan realizar trámites.
Sheinbaum dijo que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente se encargará de que los consulados puedan agilizar la realización de trámites para los migrantes en el extranjero.
“Se va a modificar operación de consulados, el canciller está trabajando en ello. Estamos trabajando de coordinación de 32 entidades con sistema consular para tramitar cartas de nacimiento actas de defunción o cualquier trámite con el registro civil, la emisión de credencial de elector (…) tenemos que avanzar en facilitación de trámites para el acceso a todo lo que requiere un mexicano que vive en el exterior”.
Gobierno presentará en 2025 proyecto sobre saneamiento integral en Tula.
Sheinbaum Pardo anunció que durante el primer trimestre de 2025 se anunciará el proyecto de saneamiento del río Tula, “se está haciendo una planta de generación eléctrica que hoy se usa combustóleo, un centro de economía circular y reciclamiento de residuos”.
“Se va a hacer convenio con el instituto de ingeniería de la UNAM para trabajar en centro de reciclamiento de basura orgánica y otra inorgánica, otra de residuos de la construcción (…) Primer trimestre de 2025 y ya se presentaría a población de proyecto integral”.
Condena ataque a instalaciones de periódico El Debate en Culiacán.
La Presidenta condenó los hechos ocurridos en Culiacán, donde instalaciones del diario El Debate fueron atacadas durante la madrugada del viernes, además, informó que se están haciendo las investigaciones correspondientes.
“Condenar el hecho y se están haciendo las investigaciones. El martes 29 de octubre viene todo el gabinete de seguridad a presentar avances, índices delictivos, avances y todo lo que estamos desarrollando en el gabinete de seguridad. Si solicitan seguridad, (se les dará) a periodistas de El Debate”.
