Por: Redacción Criterio Diario / Foto X: @CentralPuebla
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, no ha quitado el dedo del renglón de la iniciativa que propone castración química para abusadores sexuales. Sin embargo, tras la ola de críticas que acompañó el anuncio, será la ciudadanía la que decida si la iniciativa se presenta ante el Pleno o se descarta. La consulta será a través de foros programados para febrero y marzo de este año.
Esto ha dicho el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, quien, en representación del gobernador de Puebla, asistió este día al Congreso local para discutir la serie de iniciativas que aspira presentar el Ejecutivo en próximas fechas, entre ellas la de castración química, la cual propone que las personas que resulten culpables por este delito sean inyectadas con una sustancia que inhiba su deseo sexual.
Diversos países han debatido si la castración química es el castigo que debe imponerse a quienes cometen crímenes sexuales
El coordinador ha dicho que, tras reunirse con la Junta de Gobierno y Coordinación Política, se acordó que la iniciativa sea sometida a consulta de la ciudadanía en los próximos dos meses, esto con el fin de que no sea calificada como una imposición o un agravio a los derechos humanos.
Dijo que, de ser avalada por la mayoría de los ciudadanos que opinen en dichos foros -sin explicar a profundidad cómo será la dinámica de participación- se pretende que la iniciativa sea tomada por algún diputado o diputada, es decir, que no sea presentada por el gobernador de Puebla, pese a que fue su propuesta.
“Queremos que esto se lleve a cabo de menta adecuada, vamos a iniciar los foros, impulsar y dar voz a los ciudadanos con el tema de la iniciativa. Los foros serán un parlamento abierto, para que sea Puebla quien decida”.
Busca que la entidad sea la primera en el país en avalar esta sanción, después de que la iniciativa fue planteada hace cinco años en el Senado
Por otra parte, dijo que también se discutió una iniciativa de reforma para ampliar de siete a 10 años la antigüedad permitida en las unidades de transporte público que circulen por la entidad. Esto con el fin de facilitar a los concesionarios la renovación de camiones.
“Si cumplimos en este momento con lo que ordena la ley, dejaríamos fuera a un alto porcentaje de unidades que están circulando y colapsaríamos el servicio. Es una situación que el gobernador quiere prever”.
