Por: Redacción Criterio Diario / Foto X: @CharroPolitico
La jueza Lisa Walsh, de la corte del condado de Miami, Florida, sentenció a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México, a pagar 748 millones 829 mil 676 dólares al gobierno mexicano como parte de la demanda que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México presentó contra el ex funcionario de la era calderonista por corrupción, lavado de dinero, conspiración y enriquecimiento injusto.
Por otra parte, Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna, deberá pagar mil 740 millones 25 mil 540 dólares por haber participado en el mismo esquema de corrupción denunciado por México. En total, ambos deberán pagar 2 mil 488 millones de dólares.
Todo esto ocurrió tras una audiencia virtual, vía zoom, a las 09:30 de la mañana, hora local de Miami, Florida, este 22 de mayo, y deriva de la última petición presentada a través del abogado que representa a la Unidad de Inteligencia Financiera de México, Carlos A. Acevedo, en la demanda civil presentada en Miami.
En 2021 el gobierno mexicano demandó a 57 empresas y personas, entre ellas García Luna, su esposa, aliados de negocios y varias empresas, por haber adquirido diversos bienes a través de dinero obtenido de contratos y contrataciones ilegales con el gobierno mexicano.
“El acusado García Luna estableció una extensa red de asociados de negocios que después usó para obtener contratos ilegales de varias entidades y agencias del gobierno mexicano por cientos de millones de dólares durante su administración, así como al dejar el cargo”.
“El acusado Genaro García Luna falló al presentar o entregar cualquier documento en respuesta a la demanda, como es requerido por ley”, explicó el abogado. Lo mismo pasó con su esposa, quien presentó un abogado al inicio, pero después se retiró del caso.
García Luna se encuentra actualmente en la penitenciaría del condado de Lee, en Virginia, donde cumple su condena de poco menos de 39 años tras haber sido encontrado culpable de varios delitos relacionados con narcotráfico en la corte federal de Brooklyn, Nueva York.
“Como se describe, García Luna y sus conspiradores usaron esos recursos robados para adquirir, controlar y/o mantener una gran y sofisticada empresa de lavado de dinero, principalmente a través de la compra y mantenimiento de bienes personales y bienes raíces localizados en Florida y otros lugares. Significativas cantidades de los bienes raíces adquiridos en el esquema de lavado de dinero se encuentran en el condado de Miami Jade, Florida”.
El exfuncionario calderonista fue acusado junto a sus asociados de negocios, los Weinberg y los Niembro, con quienes habría establecido el esquema de empresas para ocultar el dinero obtenido de los contratos opacos del gobierno mexicano, así como a las empresas NUNVAV y GLAC, propiedad de los Weinberg y García Luna, respectivamente.
En total, se utilizaron 30 empresas localizadas en Miami, al menos 30 sociedades inmobiliarias, automóviles de lujo, naves o vehículos marítimos y cuentas bancarias.
La demanda mexicana señala a García Luna como “el principal infractor, el principal, arquitecto y uno de los beneficiarios más importantes del esquema ilegal que robó fondos ilegalmente del gobierno de México a través del esquema de contratos ilícitos”, junto a su esposa Linda, quien le habría ayudado a crear las compañías con las que se obtenían los contratos, y a adquirir los bienes raíces.
Además de oficinas y departamentos de lujo, la UIF encontró que dentro del esquema se adquirieron bienes de lujo como un Ferrari F430 Spider 2007, un Maserati Levante 2017, un Rolls Royce Ghost 2013, un Audi S4 Quattro, un Lamborghini Gallardo Spyder 2008, un Lamborghini Huracán 2017, un Tesla modelo X y dos motocicletas Harley-Davidson, una VRSCA 2007 y una Electra Glide 2009.
García Luna se encuentra actualmente en la penitenciaría del condado de Lee, en Virginia, donde cumple su condena de poco menos de 39 años tras haber sido encontrado culpable de varios delitos relacionados con narcotráfico en la corte federal de Brooklyn, Nueva York.
El 7 de mayo, el gobierno de México solicitó formalmente, a una jueza civil en Florida, que declare culpables, sin necesidad de ir a juicio, a Genaro García Luna y a su esposa Cristina Pereyra por haber transferido e invertido en ese estado recursos provenientes de presuntos hechos de corrupción en nuestro país.
Asimismo, pidió que ordene la devolución definitiva de los bienes adquiridos y el pago por reparación del daño.
