Por: Redacción Criterio Diario / Foto X: @ivillasenor
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con cambios, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, que crea un sistema de interconexión de datos públicos y privados a los que tendrán acceso las instituciones de seguridad.
Tras un tenso debate que se prolongó cerca de 10 horas, la ley fue aprobada en lo general con 368 votos a favor de Morena, aliados y MC, y 101 en contra de PAN y PRI, con los cambios presentados por la Comisión de Seguridad Ciudadana, aunque la oposición denunció que se hicieron modificaciones de último momento.
La mañana de este jueves fue aprobada en lo particular por 324 votos a favor -de Morena y aliados- y 117 en contra -de PAN, PRI y MC-, por lo que será turnada al Senado para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación. Así terminó una discusión en la que el oficialismo y la oposición intercambiaron señalamientos, con llamados al orden de la Mesa Directiva.
La ley, producto de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, establece las reglas de funcionamiento del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, así como los mecanismos de coordinación y colaboración entre las instituciones, autoridades y los entes que lo integran, en materia de prevención, investigación y persecución de los delitos.
La legislación subordina las acciones de investigación e inteligencia a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y permite a las instituciones de seguridad la interconexión, el acceso, la consulta e integración de la información contenida en las bases de datos y registros públicos y particulares que componen la Plataforma Central de Inteligencia.
Esta plataforma, a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), estará interconectada a los sistemas de inteligencia de las instituciones de seguridad pública del Estado mexicano, así como a los registros y bancos de información en posesión de cualquier otra institución pública y de particulares.
En ese sentido, incluye a los particulares que tengan a su cargo sistemas de inteligencia, bases de datos y registros administrativos como datos vehiculares y de placas, biométricos, telefónicos, de la propiedad y del comercio, de personas morales, catastros, fiscales, de armas de fuego aseguradas o decomisadas y de personas prestadoras de servicios de seguridad privada.
Además, comprende los padrones de personas detenidas y sentenciadas, de servicios financieros, bancarios, de transporte, salud, telecomunicaciones, empresariales, comerciales, en materia marítima y “todos aquellos de donde se pueda extraer información, indicios, datos y pruebas para la generación de productos de inteligencia para la prevención, investigación y persecución de los delitos”.
La obligación que establece la ley es que estos sistemas “deberán vincularse y colaborar con los órganos del Sistema Nacional, para su consulta de acuerdo con las formas y mecanismos previstos en esta Ley”.
Para el procesamiento y análisis de la información, se utilizarán sistemas y programas que reciban, transcriban, conviertan, organicen, clasifiquen e interrelacionen información y datos de todo tipo, incluidos programas de automatización y herramientas de inteligencia artificial, “a fin de generar las estrategias, acciones y los productos de inteligencia en seguridad pública que detonen y refuercen operativos y operaciones especiales”.
Establece que “los sistemas podrán ser mecánicos, tecnológicos e inteligentes” y la información será utilizada para generar productos de inteligencia y otros estudios que contribuyan a “identificar y combatir amenazas y afectaciones a la seguridad pública”.
La iniciativa fue objeto de críticas por parte de especialistas y organizaciones civiles. De acuerdo con José Flores, director de la organización R3D, se corre el riesgo de que se consolide una infraestructura de vigilancia sin precedentes, donde el Ejército podría intervenir comunicaciones y procesar información personal sin controles judiciales ni democráticos.
Por su parte, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, advirtió que se está dando a la Secretaría de la Defensa Nacional “la capacidad de generar, operar, procesar y utilizar información en materia de seguridad nacional”, con el fin de identificar riesgos que puedan afectar la integridad y estabilidad del Estado mexicano.
“Queda una amplísima autorización para que la Secretaría de la Defensa Nacional genere su propio sistema de seguridad nacional, para que con ese sistema tenga inteligencia, tenga actividades propias”, explicó en Aristegui en Vivo.
Recordó que la Ley de Seguridad Nacional —vigente desde el sexenio de Vicente Fox— establece que esta área incluye “la protección de la nación frente a amenazas y riesgos del país, la preservación de la soberanía, la independencia nacional, el mantenimiento del orden constitucional, la unidad de la Federación, la defensa nacional y la preservación de estos elementos”.
“Si bien es cierto que se está fortaleciendo la seguridad pública […] también se está fortaleciendo mediante el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia”, añadió, en referencia a la nueva arquitectura institucional.
