Por: Redacción Criterio Diario / Foto X: @karembq
El expresidente Pedro Castillo (2021-2022) fue condenado por el delito de conspiración para una rebelión, a raíz del fallido intento de golpe de Estado en Perú que protagonizó el 7 de diciembre de 2022.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema que juzgó a Castillo consideró que el exmandatario no consumó el delito de rebelión al no concretarse sus intenciones golpistas, motivo por el que la Fiscalía varió durante el juicio la solicitud de pena contra el ex jefe de Estado de 34 años de cárcel a la finalmente dictada por el tribunal.
Finalmente, fue sentenciado a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel.
El día de los hechos, Castillo dio un mensaje a la nación en el que ordenó disolver temporalmente el Congreso (Parlamento), intervenir la Judicatura y gobernar mediante decretos, tras una nueva e inminente moción en el Legislativo, dominado por la oposición, para destituirlo al salir a la luz indicios de presunta corrupción que lo salpicaban directamente a él.
Sin embargo, su pronunciamiento no surtió efecto y a los pocos minutos fue detenido cuando había abandonado el Palacio de Gobierno de Lima y se dirigía aparentemente a la Embajada de México, donde su familia sí llegó y recibió asilo, mientras Castillo fue horas después destituido por el Congreso y enviado a la cárcel donde permanece hasta ahora.
Betssy Chávez, la ex primera ministra de Perú asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima, fue condenada a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por su participación en el intento de golpe de Estado protagonizado el 7 de diciembre de 2022 por el izquierdista expresidente Pedro Castillo, que recibió la misma pena.
La Sala Penal Especial del de la Corte Suprema de Justicia de Perú declaró a Chávez como coautora del delito de conspiración para rebelión junto a Castillo y al ex primer ministro y entonces jefe del gabinete de asesores del presidente, Aníbal Torres.
El tribunal también emitió una nueva orden de búsqueda y captura de Chávez, que permanece en la sede diplomática de México sin que el Gobierno de transición de Perú, con el presidente interino José Jerí al mando, haya concedido el salvoconducto para que pueda viajar a México.
Chávez también recibió dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y la obligación de pagar junto a los demás implicados una indemnización al Estado de 12 millones de soles.
De acuerdo con los jueces, Castillo, Chávez y Torres se reunieron en la noche del 6 de diciembre en el Palacio de Gobierno de Lima para redactar el mensaje a la nación que el exmandatario pronunció al día siguiente y en el que ordenó cerrar el Congreso, intervenir la Judicatura y gobernar temporalmente por decretos.
“Los acusados hicieron un acuerdo para atentar contra el orden constitucional y se organizaron para cumplir un rol a fin de materializar el contenido del mensaje a la nación”.
Por tanto, según el tribunal, Chávez sabía el contenido del mensaje y, aún así, coordinó el ingreso “irregular” de periodistas del canal estatal TV Perú para la retransmisión en vivo del mismo, a quienes ocultó el motivo de la convocatoria.
En este sentido, destacó que decidió junto a Castillo que no entraran al despacho más ministros, lo que muestra “su rol de organización” de la ruptura del orden constitucional, y al terminar la transmisión dio un largo abrazo a Castillo para, justo después, tratar de emitir un decreto en el que se materializarían las medidas inconstitucionales.
Además, quedó probado que la política y abogada izquierdista protagonizó un intento de huida a la Embajada de México después de presentar su dimisión el mismo 7 de diciembre, pero durante el trayecto a la sede diplomática ordenó al conductor cambiar la ruta e ir a su despacho en el Congreso.
Por tanto, Chávez, que se encuentra asilada desde el 3 de noviembre a la espera de que Perú emita un salvoconducto para poder viajar a México, recibió menos de la mitad de la pena que originalmente pedía la Fiscalía de 25 años de cárcel, pues durante el juicio reconoció que no había elementos para sostener el delito de rebelión y cambió su acusación por conspiración para rebelión.
