Por: Redacción Criterio Diario / Foto X: @ PeriodicoZocalo
Autoridades federales y estatales ejecutaron una orden de cateo en un inmueble de la comunidad de La Fragua, en San José de Iturbide (Guanajuato), donde localizaron 59 millones presunto hidrocarburo con características de diésel, así como gasolinas regular y premium.
Mediante un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato reportó el aseguramiento de los casi 60 millones de litros de aparente hidrocarburo. Mientras que el titular de la dependencia, Juan Mauro González Martínez, confirmó la magnitud del hallazgo y señaló que fue resultado de trabajos de investigación y coordinación entre autoridades federales y estatales.
La diligencia fue autorizada por un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato y ejecutada por integrantes del Ministerio Público Federal, en coordinación con personal pericial especializado y autoridades estatales. El cateo forma parte de una investigación por posibles delitos relacionados con el almacenamiento, la distribución y otras operaciones con hidrocarburos.
Durante la inspección también fueron asegurados diez tanques con presunto combustible, tres unidades de carga, diversos contenedores empleados para transportarlo y documentación relacionada con los hechos investigados. Debido a la magnitud del hallazgo y a los riesgos de derrames, incendios o explosiones, las maniobras de medición, identificación y manejo continuarán bajo supervisión especializada.
La Secretaría de Seguridad y Paz continuará colaborando con las autoridades federales para combatir los delitos en materia de hidrocarburos, proteger a las comunidades y afectar los recursos que pudieran sostener otras actividades delictivas / Foto de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato
El inmueble y los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que deberá determinar la cantidad definitiva, naturaleza, procedencia y legalidad del producto.
González Martínez subrayó que la investigación permanece en curso y los aseguramientos no establecen responsabilidades por sí mismos, así que corresponderá a las autoridades ministeriales y judiciales resolver el caso con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.
