Por: Redacción Criterio Diario / Foto: Criterio Diario (especial).
La Presidenta Claudia Sheinbaum inicia su conferencia matutina desde Salón Guillermo Prieto en Palacio Nacional.
Buen Gobierno ha ahorrado casi 84 mil mdp con estrategias de compras públicas.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, dio a conocer que el gobierno de México logró un ahorro de 83.8 millones de pesos en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras sancionó a 4,193 servidores públicos, inhabilitó a 222 proveedores y presentó 517 denuncias penales.
La dependencia federal creada para combatir la corrupción en la administración pública mexicana, presentó su informe de dos años de gestión durante la conferencia de prensa “Mañanera del pueblo” de este martes 22 de septiembre de 2026.
Buenrostro explicó que los recursos provinieron de cambios en las estrategias de compras gubernamentales, la vigilancia de contratos públicos, la reorganización administrativa y el cobro de multas y sanciones. La secretaria sostuvo que el enfoque de la dependencia se concentró en prevenir irregularidades antes de que implicaran un daño al erario, por lo que destacó un avance importante en la lucha contra la corrupción en México.
El ahorro de 83,800 millones de pesos se distribuyó entre el primer año —13,800 millones de pesos— y el segundo —70,000 millones de pesos—, lo que refleja una aceleración en los resultados. Ese total se construyó a partir de cinco mecanismos distintos.
Las mejoras en compras públicas, mediante diálogos con proveedores y el uso de subastas inversas —mecanismo donde los proveedores compiten bajando precios en lugar de subirlos—, generaron un ahorro de 29,000 millones de pesos. El seguimiento a contratos, con supervisión de incumplimientos y modificaciones injustificadas, aportó 42,200 millones de pesos. El cobro de multas, penalizaciones y devolución de pagos en exceso sumó 4,800 millones de pesos, mientras que las reestructuras administrativas contribuyeron con otros 7,800 millones de pesos.
La titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno presentó como ejemplo una compra de equipo médico del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), en la que la dependencia acompañó el proceso para establecer condiciones de competencia entre fabricantes.
La funcionaria señaló que las reuniones con proveedores permitieron discutir los estándares tecnológicos de los equipos antes de iniciar la competencia por precios.
“Logramos ahorros, una compra de los equipos 46% menor, pero con la tecnología de vanguardia”.
También explicó que los cambios a la Ley de Adquisiciones, iniciados en 2024 por instrucciones de Sheinbaum, incluyeron reglas diferenciadas para facilitar la participación de pequeñas empresas, mipymes y cooperativas en las contrataciones públicas.
Buenrostro señaló que en 2026 se alcanzó el máximo histórico de declaraciones patrimoniales presentadas en tiempo y forma, con una cobertura de 97.7% de los servidores públicos.
La dependencia también presentó los programas Semilleros de la Honestidad, dirigido a estudiantes de preescolar y primaria, y Rally Cero Corrupción, enfocado en jóvenes de educación media superior.
La secretaria indicó que las actividades presenciales de prevención se realizaron en Baja California Sur, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Tabasco.
Además, mencionó trabajos con la SEP, la OCDE, el BID, el Banco Mundial, el CLAD, la OEA y el Instituto de Formación de Servidores Públicos de Francia, con el objetivo de revisar prácticas aplicadas en otros países.
En el frente sancionatorio administrativo, entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2026, la SABG procesó a 4,193 servidores públicos. De ellos, 3,528 recibieron sanciones directamente por parte de la dependencia y 665 fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) —instancia independiente que resuelve conflictos entre ciudadanos o servidores y la administración pública—. Un total de 1,737 funcionarios quedaron en proceso y 87 fueron notificados como sancionados.
En cuanto a particulares, la SABG sancionó a 286 proveedores, de los cuales 222 recibieron inhabilitación con multa y 64 solo con multa. Las multas totales en contrataciones públicas sumaron 147.3 millones de pesos, aunque 22 sanciones fueron anuladas: 19 por el TFJA y tres por el Poder Judicial de la Federación (PJF). Por infracciones en materia de protección de datos personales en manos de particulares, se sancionó a 51 personas y empresas, con multas por 118.5 millones de pesos.
En el ámbito penal, la SABG presentó 517 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 1,052 personas físicas y morales. Los delitos incluyen enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito del servicio público y peculado. De esos casos, 53 derivaron en vinculaciones a proceso y se abrieron 82 asuntos penales.
El informe documenta tres casos específicos como ejemplos de la actuación de la dependencia. El primero involucra a la extinta Policía Federal: en 2015 se contrató un sistema de inteligencia por 130 millones de dólares, se gestionaron pagos por más de 65 millones de dólares por supuesto avance del contrato, pero los recursos fueron desviados. Como resultado, el ex titular de la División de Inteligencia y la ex Secretaria General de la Policía Federal recibieron inhabilitaciones de 15 y 20 años respectivamente. La SABG solicitó reparación del daño por más de 65 millones de dólares y el asunto sigue en investigación ante la FGR.
El segundo caso involucra al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP): en 2025 se contrató la producción y envasado de 2,214 toneladas de frijol por 80 millones de pesos. El contrato fue rescindido por incumplimiento —los servicios nunca se prestaron—, pero ya se habían pagado anticipadamente 73.6 millones de pesos. La SABG acreditó el pago indebido, remitió el caso al TFJA involucrando a nueve servidores públicos y un proveedor, y presentó denuncia penal. El expediente está en proceso ante el tribunal y en investigación ante la FGR.
El tercer caso corresponde al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE): en 2025 se denunció el reetiquetado de medicamentos oncológicos en almacenes contratados por esa institución, presuntamente por parte de servidores públicos, proveedores y terceros, sin justificación. En febrero de 2026, la SABG acreditó la falta grave de dos servidores públicos por abuso de funciones y daño patrimonial de 1.8 millones de pesos, y remitió el expediente al TFJA.
Buenrostro destaca atención y orientación ciudadana para mejorar respuestas a solicitudes de información.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que el órgano desconcentrado de Transparencia para el Pueblo ha resuelto 8 mil 222 recursos durante los dos primeros años de la administración, como parte de las acciones preventivas de la dependencia en materia de acceso a la información.
Buenrostro explicó que estos recursos corresponden a casos en los que una solicitud de información no fue respondida o la respuesta entregada por una institución pública no satisfizo al solicitante, quien puede recurrir a este mecanismo para pedir una aclaración.
La funcionaria destacó que actualmente alrededor de 82 por ciento de los recursos son admitidos, frente a un porcentaje de 70 por ciento que, señaló, se registraba anteriormente.
“De todos los recursos que hemos recibido se han resuelto ya en estos dos años 8 mil 222 recursos. Es importante decir que prácticamente todos los recursos se admiten, o sea, el 82 por ciento”.
Más del 2% de los funcionarios en México no ha hecho su declaración patrimonial.
Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, reveló que poco más del 2% de los funcionarios públicos no han presentado su declaración patrimonial que se establece en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La funcionaria federal indicó que este año se alcanzó un récord histórico en la presentación de declaraciones patrimoniales, con un total de 1 millón 532 mil 699.
Esto último, representa al 97.7% de los servidores públicos a nivel nacional, quienes resgistraron “en tiempo y forma” sus bienes e ingresos, a través de la plataforma DeclaraNet.
Buenrostro explicó que la declaración patrimonial forma parte de las herramientas de transparencia y supervisión interna del gobierno, ya que permite a las autoridades conocer los bienes, ingresos e intereses de quienes desempeñan una función pública y facilita la detección de posibles inconsistencias patrimoniales.
En este sentido, vinculó el resultado con la capacitación obligatoria en ética e integridad que impulsa la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Asimismo, destacó que la dependencia cuenta con una escuela virtual para capacitar a servidores públicos en distintas materias y mencionó que, en dos años de administración, se impartieron 1.3 millones de capacitaciones, las cuales son obligatorias para las personas que trabajan en el servicio público federal.
La declaración patrimonial es un documento mediante el cual los servidores públicos reportan su situación económica, sus bienes, ingresos, deudas, inversiones y posibles relaciones que puedan representar un conflicto de interés.
El trámite permite a los órganos internos de control revisar si existe congruencia entre los ingresos que recibe una persona funcionaria y el patrimonio que declara.
La información puede incluir inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, inversiones, ingresos de la pareja y de dependientes económicos, además de participaciones en empresas o fideicomisos.
La presentación se realiza mediante DeclaraNet y corresponde a quienes ingresan al servicio público, continúan en funciones o terminan su encargo.
La falta de presentación de la declaración patrimonial y de intereses constituye una falta administrativa, por lo que la autoridad puede iniciar el procedimiento con un requerimiento formal para que la persona servidora pública entregue la información pendiente.
Si el incumplimiento persiste, las sanciones pueden incluir suspensión, destitución o inhabilitación para desempeñar cargos públicos. También pueden aplicarse multas económicas, según la naturaleza de la omisión y las disposiciones fiscales vigentes.
La parte preventiva del trabajo de la Secretaría se complementa con procedimientos administrativos y denuncias ante otras autoridades cuando se detectan faltas.
Buenrostro reportó que 4.193 servidores públicos fueron sancionados durante la actual administración. Del total, 3.528 casos correspondieron a faltas no graves y 665 a faltas graves.
Entre las conductas sancionadas mencionó pagos indebidos, sustracción de información bajo resguardo, autorización de pagos por bienes o servicios no entregados y compras injustificadas.
También incluyó ocultamiento de bienes e incrementos patrimoniales, falsificación de documentos, hostigamiento y acoso sexual.
La Secretaría envió 1.737 expedientes de servidores públicos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, instancia encargada de resolver las faltas graves. De esos casos, 87 ya recibieron notificación de sanción y 1.650 permanecen en proceso.
Buenrostro informó que 286 personas morales fueron sancionadas por irregularidades en sus relaciones contractuales con el gobierno.
Las principales faltas detectadas fueron la presentación de documentación falsa, incumplimientos en la entrega de bienes o servicios y la simulación de experiencia técnica.
También señaló casos en los que empresas ocultaron conflictos de interés durante licitaciones públicas; describió situaciones en las que varias empresas presentaron cotizaciones altas sin revelar que pertenecían al mismo propietario, lo que impide una competencia real.
De las 286 personas morales sancionadas, 222 fueron inhabilitadas y recibieron una multa. Otras 64 recibieron únicamente sanciones económicas.
El monto acumulado de las multas impuestas a personas morales asciende a 147,3 millones de pesos.
La Secretaría también remitió 33 expedientes de particulares al Tribunal Federal de Justicia Administrativa por posibles vínculos con servidores públicos. Todos los casos permanecen en proceso.
En materia de protección de datos personales, la dependencia sancionó a 51 particulares con multas de hasta 118,5 millones de pesos.
Buenrostro informó que la Secretaría presentó 517 denuncias contra servidores públicos ante la Fiscalía General de la República durante los dos años de gobierno, de las cuales 53 personas fueron vinculadas a proceso.
Los delitos identificados con mayor frecuencia fueron enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito del servicio público y peculado.
Como ejemplo, la funcionaria recordó un contrato de 2015 para desarrollar un sistema de inteligencia durante la existencia de la Policía Federal.
El contrato tenía un valor de USD 130 millones. De ese total, se gestionaron USD 65 millones como gastos de seguridad nacional, pero el dinero salió sin que se pagara el contrato al que estaba destinado.
La Secretaría impuso inhabilitaciones de 15 y 20 años al extitular de la División de Inteligencia y a la exsecretaria general de la Policía Federal.
El caso también fue denunciado ante la Fiscalía General de la República y la dependencia busca la reparación del daño por USD 65 millones.
Buenrostro mencionó otro expediente relacionado con un contrato de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Sader, para la producción y envasado de más de 2 mil toneladas de frijol.
El contrato ascendía a 80 millones de pesos y recibió un pago anticipado de 73,6 millones de pesos, aunque el servicio nunca se prestó.
El expediente involucra a nueve servidores públicos y a un particular. El caso fue remitido al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y también fue denunciado ante la Fiscalía General de la República.
La funcionaria también informó sobre una denuncia relacionada con el reetiquetado de medicamentos oncológicos en un almacén rentado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE.
La denuncia penal fue presentada en 2025 contra servidores públicos, un particular y quienes resulten responsables.
En febrero de 2026, la dependencia integró la falta administrativa grave por abuso de funciones y daño patrimonial. El expediente se encuentra ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Reconoce fallas en IMSS Bienestar tras desabasto en Veracruz y muerte de cinco bebés en Durango.
La presidenta Claudia Sheinbaum salió este martes a defender los resultados de su política de salud, aunque el arranque de semana estuvo marcado por dos crisis simultáneas: la muerte de cinco recién nacidos en un hospital del IMSS en Durango y las denuncias de desabasto de medicamentos en hospitales de Veracruz.
“Son dos casos distintos”.
Durante su conferencia matutina, la presidenta separó claramente ambos temas. Sobre el fallecimiento de los cinco bebés en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1 de Durango, Sheinbaum confirmó que ya se abrió una investigación para determinar las causas y que el gobierno mantiene contacto directo con las familias afectadas.
La mandataria informó que habló personalmente con Zoé Robledo, director general del IMSS, quien se trasladó a la entidad para supervisar el caso de cerca.
“Lamentablemente los bebés que fallecieron… se está haciendo una investigación para ver qué fue lo que lo provocó y estar en contacto con las familias. Entonces, son dos casos distintos”.
Al ser cuestionada por el desabasto reportado en hospitales de Veracruz, Sheinbaum reconoció que el sistema no opera al 100%, pero insistió en que ha habido avances sustanciales tanto en la disponibilidad de medicinas como en la contratación de personal médico.
Puntos que destacó la presidenta:
- Nadie ha dicho que estamos al 100%, pero “se ha avanzado muchísimo” en el abasto.
- Aumento sostenido en la contratación de médicos a nivel nacional.
- Incremento documentado en el número de consultas y cirugías realizadas por el sistema público de salud.
Aseguró que estos indicadores “no hubieran sido posibles” sin las mejoras implementadas.
El caso de Veracruz no es nuevo. Desde el 18 de septiembre, la presidenta ya había pedido evaluar el desempeño del coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Roberto Ramos Alor, luego de videos donde médicos residentes denunciaban falta de insumos para realizar cirugías.
En paralelo, el caso de Durango generó alarma nacional. De acuerdo con el propio IMSS, los cinco decesos ocurrieron en un lapso de cinco días —tres el 15 de septiembre, uno el 18 y otro el 19—, y aunque se detectó una bacteria en la unidad neonatal, la institución aclaró que este hallazgo “no explica por sí sola los fallecimientos”, por lo que las investigaciones continúan.
La Secretaría de Salud federal envió a Durango personal especializado, incluyendo equipos de epidemiología y de Cofepris, para esclarecer lo ocurrido en el hospital. Mientras tanto, las familias de los recién nacidos exigen respuestas claras sobre las causas de los decesos, y en Veracruz persisten las denuncias de personal médico por falta de insumos.
El gobierno federal enfrenta así el reto de sostener su narrativa de avance en el sistema de salud pública, mientras gestiona dos crisis que ponen en tela de juicio la operación cotidiana de sus instituciones sanitarias.
No hay impunidad en huachicol ni en accidentes de Tren Maya e Interoceánico.
Sheinbaum aseguró que para todos los casos de huachicol fiscal, así como los incidentes en diversos transportes públicos existen investigaciones y “no hay impunidad” para ninguna de las personas involucradas en estos delitos.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno de México, Raquel Buenrostro Sánchez dio a conocer que cuando la ciudadanía realiza un reporte a un servidor público se atiende casi inmediatamente:
“Lo que hay son las denuncias que tiene Pemex directamente con la Fiscalía General de la República, que son de carácter penal. A nosotros nos los mandan cuando quieren que procedemos administrativamente. Muchas veces por eficiencia administrativa”.
En el caso de Pemex, la autoridad aclaró que la empresa cuenta con una normatividad propia, la cual es regulada por su Consejo de Administración. La participación de las instancias fiscalizadoras ocurre cuando existen servidores públicos presuntamente involucrados en alguna irregularidad y reciben información de las áreas de auditoría de la petrolera sobre posibles responsables.
Entre los casos identificados se encuentran tres funcionarios vinculados con derrames, a quienes ya se les aplicaron medidas cautelares y fueron separados de sus cargos. “Sí tenemos casos abiertos”, señaló la autoridad, al explicar que la información remitida por las áreas de Petróleos Mexicanos da paso a carpetas de investigación que continúan conforme avanzan las indagatorias.
Las aduanas y el SAT, también realizaron diversas investigaciones en curso, haciendo revisiones que forman parte tanto del programa anual de fiscalización como de los señalamientos que reciben las autoridades. En el SAT, por ejemplo, se indagan casos relacionados con empresas privadas que prestan servicios al organismo y que habrían autorizado la emisión de facturas a compañías previamente identificadas como factureras; ante ello, se retiran las autorizaciones correspondientes y se inicia el procedimiento de investigación.
En el caso de la Línea 12 del Metro de Ciudad de México se estableció un acuerdo reparatorio, mediante el cual las víctimas y familiares recibieron una compensación conforme a lo determinado por la Fiscalía de Justicia capitalina, el Gobierno de México y la empresa constructora, a partir de la decisión de los propios afectados.
Además, todavía existen carpetas de investigación contra exservidores públicos relacionadas con el caso, por lo que los procedimientos continúan ante la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, incluidos los recursos legales que correspondan. Por otra parte, la empresa decidió reconstruir la Línea 12 bajo un esquema de seguridad distinto al que tenía anteriormente, mientras el gobierno intervino para atender algunos problemas operativos.
En cuanto al Tren Interoceánico, se informó que hay personas detenidas debido a que el accidente estuvo relacionado con una velocidad superior a la permitida. En esate caso las investigaciones corresponden a posibles faltas administrativas, como errores humanos durante la operación de cambios en las vías.
“Todos los casos hay sanciones, en todos. No hay ninguna impunidad en ninguno de los casos”.
