Por: Redacción Criterio Diario / Foto: Criterio Diario (especial).
La Presidenta Claudia Sheinbaum inicia su conferencia matutina desde Salón Guillermo Prieto en Palacio Nacional.
Acusa red de empresarios y exfuncionarios electorales vinculada a millonarios contratos.
La mandataria aseguró que una investigación basada en fuentes abiertas revelará la existencia de una red de empresarios y exfuncionarios electorales que, según afirmó, ha mantenido vínculos con organismos electorales desde hace más de dos décadas y ha obtenido contratos por miles de millones de pesos.
“Es una investigación muy interesante y muy relevante”, afirmó la Presidenta, al sostener que permitirá entender cómo se construyeron las relaciones entre estos grupos empresariales y actores del sistema electoral mexicano.
La secretaria de Buen Gobierno y Anticorrupción, Raquel Buenrostro Sánchez expone el esquema de simulación de competencia en licitaciones en empresas vinculadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.
A partir de la reforma electoral de 2014 y la designación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), esta red empresarial concentró millonarios contratos en al menos 23 entidades federativas, superando los dos mil millones de pesos entre 2014 y 2023. El esquema continuó operando entre 2024 y 2025 con contratos por más de 600 millones de pesos.
Oligopolio empresarial vinculado a hermanos Hernández Casillas nació desde hace 27 años.
Sheinbaum sostuvo que esta red no surgió recientemente, sino que tiene una trayectoria de al menos 27 años. Explicó que la investigación documenta cómo se consolidó a lo largo de distintos procesos electorales y episodios polémicos, entre ellos un presunto escándalo ocurrido en 2005.
“Nació por lo menos hace 27 años. Cómo es que surge esta red donde trabajaron estos empresarios que recientemente salieron vinculados con la expresidenta del INE de Guadalupe donde trabajaron cómo surgieron cómo es que contratan a finales del siglo pasado en los noventas con el Instituto Electoral del Estado de México, el escándalo del 2005”.
Raquel Buenrostro explicó que la red empresarial vinculada con los hermanos José Alfredo Hernández Casillas y Raimundo Hernández Casillas —cuyos nombres tomaron relevancia tras el escándalo de Guadalupe Taddei— cuenta con antecedentes de al menos 27 años en contrataciones con el INE.
La trayectoria de ambos hermanos arrancó en la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en los años ochenta. José Alfredo trabajó como secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, entonces director del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, mientras que Raymundo se desempeñaba en el área de Recursos Financieros y Materiales.
Cuando Padilla Aguilar asumió la Secretaría General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en 1989 —bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con Fernando Gutiérrez Barrios en Gobernación y Jorge Carrillo Olea al frente del CISEN—, ambos hermanos lo siguieron: José Alfredo como secretario particular y Raymundo en el área de Investigaciones.
La secretaria explicó que, después de la salida de Padilla Aguilar hacia el Estado de México, los hermanos se convirtieron en empresarios. En 1999, una de sus compañías, Cartonera Plástica, comenzó a participar como proveedora de material electoral en esa entidad. Es ahí donde se remonta la historia de corrupción y de tráfico de influencias destapado apenas hace unas semanas y que desde entonces ha ocupado el espacio en varias mañaneras, pero que, sin embargo, no es para nada nuevo.
En 2005, Cartonera Plástica obtuvo del Instituto Electoral del Estado de México 63.7 millones de pesos para suministrar material electoral. Ese proceso derivó en un escándalo por presuntos sobornos en la adjudicación que terminó con la renuncia de los siete consejeros electorales del Estado de México.
El salto de escala llegó con la reforma electoral de 2012-2013, que transfirió al Consejo General del INE —presidido en ese entonces por Lorenzo Córdova— la facultad de designar a los consejeros de los 32 órganos electorales locales. Fue durante ese periodo cuando, en su momento, Guadalupe Taddei fue nombrada para encabezar el OPLE de Sinaloa y donde inició su carrera en el INE.
Esa centralización, combinada con lo que el gobierno federal describió como omisiones de supervisión y ausencia de lineamientos claros de contratación, abrió la puerta al periodo de mayor concentración de contratos.
Entre 2015 y 2023, 23 de los 32 OPLEs asignaron contratos por 2,094 millones de pesos a la red. Veracruz encabeza la lista con 570.4 millones, seguido por Nuevo León con 314.2 millones e Hidalgo con 203.6 millones. La aceleración es visible en los datos anuales: el año 2021 registró el pico más alto del periodo, con 908 millones de pesos adjudicados.
Entre 2024 y 2025, 15 de los 32 OPLEs otorgaron contratos adicionales por 646.3 millones de pesos a la misma red. Puebla lideró ese ciclo con 129.7 millones, Jalisco aportó 102.2 millones y Baja California, 76.6 millones. Entre las empresas mencionadas estuvieron Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Corporativo SEC y Formas Finas Fernando Fernández, todas propiedad de la familia Casillas.
Así operaban las empresas fantasma en el INE.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno sostuvo durante su exposición que las compañías ligadas a esta red participaban en procedimientos de contratación como aparentes competidoras, aunque los beneficios económicos terminaban en las mismas personas.
“Todas las empresas, aunque participaban muchas empresas en teoría, pues al final el beneficiario final eran los mismos hermanos Casillas en todos los casos”.
Detalló que varias de las empresas compartían domicilios y números telefónicos, no declaraban empleados o capacidad técnica y dispersaban recursos a otras sociedades y personas físicas. Buenrostro señaló que en las rutas financieras aparecen personas de 18 y 96 años, quienes podrían corresponder a prestanombres o casos de robo de identidad.
La funcionaria afirmó que las características detectadas son compatibles con esquemas de empresas fachada, facturación simulada y presunto lavado de dinero. Añadió que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantienen investigaciones sobre algunas de las compañías.
Decreto para fortalecer Talleres Gráficos y producción de boletas electorales.
La Presidenta informó que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer a Talleres Gráficos de México, organismo encargado de la impresión de las boletas utilizadas en los procesos electorales del país.
Explicó que la iniciativa busca robustecer la operación y la gobernanza de la empresa estatal, responsable de producir la documentación electoral que utilizan los organismos electorales estatales y el Instituto Nacional Electoral (INE).
Sheinbaum señaló que el proyecto contempla modificaciones en la integración de su consejo de administración, en el que actualmente participan dependencias del gobierno federal como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Descarta que hermanos Hernández Casillas y Guadalupe Taddei hayan salido de México.
La Presidenta aseguró que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, los hermanos Hernández Casillas y la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, permanecen en territorio nacional mientras avanzan las investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción vinculados a contrataciones en organismos electorales.
“No lo han comentado, pero pueden dar toda la información. No se ha comentado para no dar mayor… Sí es lo que presumimos, que siguen en México. Que se revise la investigación”.
La presidenta afirma que Guadalupe Taddei no es la responsable de los desvíos de fondos en el INE; sin embargo, aclara que la sonorense no pertenece ni fue avalada por Morena y recordó que la exconsejera ingresó al organismo en la administración de Lorenzo Córdova, a quien señala de corrupto.
“Lorenzo Córdova ya lo reconoció en tres entrevistas: ‘se contrataban con organismos electorales estatales, pues sí, pero ¿quién da los contratos’ (….) él dice ‘no fui yo, fueron los consejeros electorales’. Sí, pero quién nombró a esos consejeros? Tú”.
“¿De dónde sale esta mafia cultural? Pues no surgió con Taddei, nadie la defiende, si realizó un acto ilegal, lo tiene que ver la ASF y la Fiscalía, de ella y de quien participó en el INE, pero no nació allí, discúlpenme”.
Posibles sanciones contra Taddei y los hermanos Hernández Casillas dependerán de la UIF, la ASF y la FGR.
La mandataria afirmó que las posibles sanciones derivadas de las investigaciones por presuntos actos de corrupción relacionados con contrataciones en organismos electorales dependerán de los hallazgos que realicen la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y, en su caso, la Fiscalía General de la República (FGR).
“Lo que está hoy en el Gobierno de México es lo que ha estado haciendo la UIF, la investigación que tiene que ver mucho de las denuncias de la ASF y, si es procedente, la UIF presentará denuncia penal ante la FGR”…
UIF mantiene en “secreto” si congeló cuentas bancarias de Guadalupe Taddei tras bloqueo a 40 personas ligadas al INE.
Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), declinó confirmar si la dependencia bloqueó las cuentas bancarias de Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), quien renunció al cargo tras ser señalada de corrupción e irregularidades.
Esto, luego de que ayer la Secretaría de Hacienda informó que incluyó a 40 personas, 25 físicas y 15 morales, vinculadas con proveedores electorales, en la Lista de Personas Bloqueadas.
Al ser cuestionado sobre el tema en la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, el funcionario argumentó que la ley y la existencia de una carpeta de investigación le impiden revelar las identidades. Sin embargo, tampoco descartó la presencia de Taddei en la lista.
“Con respecto a los nombres, la Unidad de Inteligencia Financiera se ve impedido a dar los nombres como tal, derivado del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito”.
“La lista de las personas bloqueadas es secreta y solamente las podemos entregar a las instituciones financieras y no financieras con las cuales se tiene que generar esta inmovilización de recursos. Además, al estar la información en una carpeta de investigación, también nos veremos impedidos legalmente”.
Reyes Colmenares tampoco precisó la cifra exacta de cuentas bloqueadas, al señalar que la medida se dicta contra personas físicas o morales, no contra cuentas identificadas previamente.
El titular de la UIF detalló que la banca mexicana debe revisar la relación de personas incorporadas a la lista y comunicar después cuántas cuentas, productos o recursos tiene cada una.
El informe de las instituciones financieras puede tardar varios días. Hasta entonces, la UIF contará con un registro del número de cuentas alcanzadas por la inmovilización.
Tampoco hay un monto oficial de recursos bloqueados. Reyes Colmenares dijo que esa información podrá difundirse de manera general cuando las entidades bancarias entreguen sus reportes.
Sobre las irregularidades que motivaron la intervención de la UIF en el caso de los proveedores electorales, Reyes Colmenares mencionó que la institución recibe reportes de operaciones inusuales o sospechosas de la banca, de sectores no bancarios y de otros sujetos obligados.
Con esos datos, la UIF revisa sus bases de información, reúne elementos y valora si existen razones para solicitar una inmovilización de recursos.
El titular de la unidad aclaró que no se trata de una sola anomalía, sino de varios indicadores que pueden advertir movimientos asociados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entre ellos, citó los depósitos que permanecen poco tiempo en una cuenta y son transferidos de inmediato a otras personas.
También mencionó transferencias hacia personas sin una actividad comercial aparente, estudiantes o adultos sin una relación comercial visible con quien les envía el dinero.
“Para nosotros son indicadores de riesgo”.
El titular de la UIF sostuvo que el análisis sobre esta red no surgió recientemente. Explicó que la institución trabaja con información acumulada desde su creación, en 2004.Indicó que los primeros bloqueos relacionados con esta red ocurrieron durante la administración de una persona a quien mencionó como “el maestro Pablo”.
Según explicó, esa gestión también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR); añadió que la UIF comparte información con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a partir de un acuerdo de intercambio suscrito en septiembre.
La coordinación ocurre mientras las autoridades revisan movimientos y contrataciones vinculadas con proveedores electorales.
Llama a las OPLES a transparentar contrataciones rumbo a las elecciones de 2027.
Sheinbaum Pardo hizo un llamado a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y al Instituto Nacional Electoral (INE) a reforzar los mecanismos de transparencia en sus procesos de contratación, luego de las investigaciones por presuntos actos de corrupción relacionados con la adquisición de materiales y servicios electorales.
“Tienen que hacer su trabajo los órganos internos de control, hay que dar certeza, para darle certeza a la elección de 2027”.
“Desde mi perspectiva, el actual consejo electoral tiene primero que establecer transparencia en las contrataciones, lineamientos claros de contratación tanto para el INE como para los organismos de las entidades para que se realicen con transparencia”.
Gobierno de Sheinbaum no tiene facultades para modificar el presupuesto del INE 2027.
El gobierno de México no tiene atribuciones legales para modificar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) antes de enviarlo al Congreso de la Unión. Así lo reconoció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina al referirse al proyecto de egresos que Guadalupe Taddei Zavala, exconsejera del organismo, presentó para 2027, cerca de 47 mil millones de pesos, una cifra con la que el Ejecutivo dijo no estar de acuerdo.
“Nosotros no estuvimos de acuerdo. Sin embargo, nosotros no lo podemos modificar”.
Sheinbaum explicó que la ley obliga al gobierno federal a remitir a la Cámara de Diputados exactamente el presupuesto que los organismos autónomos presentan, sin posibilidad de modificarlo. Esa restricción también aplica para el Poder Judicial, el Tribunal Electoral, el Senado de la República y la propia Cámara Baja.
Sheinbaum señaló que la facultad de reducir el presupuesto del organismo electoral corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados podría ajustarlo para alinearlo con los montos aprobados en 2024, 2025 y 2026.
“Es atribución del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados particularmente, reducir el presupuesto del INE y llevarlo a un rango coherente con lo que fue el 24, el 25, el 26”.
El gobierno federal realizó un ajuste en un rubro específico del presupuesto del INE: la partida asociada a la organización de una consulta pública en 2027. Sheinbaum justificó la medida señalando que ese ejercicio ya no se llevará a cabo porque los plazos legales para convocarlo han vencido.
“Como no va a haber ninguna consulta pública en el 2027, porque ya pasaron los tiempos, esa parte, pues ya no se presentó”.
La presidenta anticipó que, dado el contexto presupuestal y los acontecimientos recientes, el instituto electoral podría identificar márgenes de ahorro en su operación interna. No precisó montos ni rubros concretos.
“Con todo lo que sabemos, muy probablemente se puedan hacer ahorros dentro del INE”.
El 31 de octubre, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados planteó reducir el presupuesto del INE de 42 mil 274.6 millones a 37 mil 275 millones de pesos para el 2027. El argumento para el recorte es la comparación con años electorales anteriores. En 2021, el INE operó con 26 mil 819 millones de pesos; en 2024, con 32 mil 767 millones. Actualizadas a precios de 2027, esas cifras equivalen a 34 mil 799.9 y 36 mil 665.5 millones, respectivamente.
Frente a esas referencias, el presupuesto proyectado para 2027 representa un incremento de 21.5 % respecto a 2021 y de 15.3 por ciento en comparación con 2024, lo que la comisión considera excesivo.
En caso de que se realizara el recorte al INE, serían redistribuidos hacia protección del medio ambiente, infraestructura educativa, búsqueda de personas desaparecidas y aviación civil. El monto no es definitivo: aún debe seguir su proceso legislativo antes de quedar establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.
Atribuye cambio en el voto latino en EU al rechazo a redadas y actitudes racistas.
La jefa del Ejecutivo consideró que el endurecimiento de las políticas migratorias y las acciones contra comunidades migrantes en Estados Unidos pudieron influir en que una parte del electorado latino que respaldó al Partido Republicano en 2024 ahora se incline por candidatos demócratas.
“Es muy probable, no tengo el dato, pero es como lógico pensar que algo que influyó para que las y los latinos que tienen derecho a votar en Estados Unidos votaran ahora por el Partido Demócrata, pues tuviera que ver con este racismo y al mismo tiempo redadas contra personas por su color de piel y por su origen étnico”.
Declaró que redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pudieron influir en el voto latino en las elecciones intermediarias de Estados Unidos.
“Sí, es muy probable. O sea, un recientemente han estado saliendo análisis de quién votó por qué partido político y mucho voto latino, entre ellos mexicanos, eh, que tienen el derecho a votar en Estados Unidos o de origen mexicano, que tienen derecho a votar en Estados Unidos”.
Agregó que la mayoría de los connacionales que le habían dado su confianza al presidente Donald Trump para su segundo mandato en 2024, ya no votaron por el Partido Republicano, marcando una preferencia por el Demócrata.
El pasado 4 de noviembre en su conferencia matutina, la mandataria mexicana celebró los resultados obtenidos por dos políticos demócratas de origen mexicano en los comicios de EEUU: Xavier Becerra, quien ganó la gubernatura de California, y Gina Hinojosa, que se impuso en Texas.
Ante la posibilidad de que los resultados electorales provoquen cambios en la relación bilateral o incrementen la presión política sobre México, Claudia Sheinbaum pidió esperar antes de anticipar un escenario, asegurando que su administración mantendrá la disposición de construir un entendimiento favorable con Washington, independientemente del partido que hayan obtenido victorias en los comicios.
Estos elementos han orientado las conversaciones entre ambos gobiernos en asuntos comerciales, de seguridad y otros temas de interés compartido.
En cuanto a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la mandataria consideró que todavía es pronto para determinar si los resultados electorales tendrán alguna repercusión en las negociaciones comerciales o permitirán modificar las condiciones del proceso.
México no ve conflicto comercial con EEUU por declaración de Ronald Johnson y presencia de Sheinbaum en APEC.
La presidenta Sheinbaum aseguró que no existe ningún conflicto con Estados Unidos por su asistencia al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) tras las declaraciones del embajador Ronald Johnson contra la relación comercial entre México y China.
“Nosotros tenemos muy buena relación con China y tenemos buena relación, muy buena relación también con el gobierno de Estados Unidos. En el terreno comercial, pues nosotros somos socios comerciales de Estados Unidos y desde hace muchos años la integración comercial de América del Norte se ha venido dando”.
Recordó que en el país existe la participación de algunas empresas chinas, además del incremento en las importaciones de sus productos hacía territorio mexicano. Asimismo, recalcó que las compañías estadounidenses automotrices también importan con el gigante asiáticos muchos de los artículos de este sector.
“Pero la sociedad comercial, pues es principalmente la sociedad comercial con América del Norte”.
Las diferencias surgieron luego de la participación del embajador estadounidense en la Conferencia de Inversionistas Globales del Instituto Milken, realizada el pasado miércoles 28 de octubre. Durante el encuentro, Johnson sostuvo que China tendría interés en mantener a México en condiciones de inseguridad y afirmó que Pekín podría respaldar a empresas con pérdidas para generar dependencia económica.
El diplomático también expresó dudas sobre las intenciones de las compañías chinas interesadas en establecer operaciones en territorio mexicano y defendió una mayor integración económica de América del Norte frente a la competencia asiática.
Prevé reunión bilateral con China y espera definición sobre posible encuentro con Trump.
La Presidenta sostendrá diversas reuniones bilaterales, entre ellas una con representantes del gobierno de China, mientras permanece pendiente la confirmación de una eventual participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando realice su gira y asista a la APEC.
“Me voy el sábado en la madrugada del domingo 15 y regreso para el 20 de noviembre. Esa semana le va a tocar a la Secretaría de Gobernación y espero conectarme en algunos momentos, porque son dos días de vuelo y además con el cambio de horario; estamos ahí lunes, martes, miércoles y el jueves llegamos”.
“Ya hay varias reuniones bilaterales, pero sí habrá una con el gobierno de China, con secretarios del gobierno de China y de México”.
La mandataria mexicana señaló que actualmente México y China no mantienen un tratado de libre comercio, derivado de esto en diciembre pasado el gobierno mexicano impuso una serie de aranceles al país asiático como parte del Plan México, debido a que hay diversos productos mexicanos que se estaban importados a menor precio, afectando la producción nacional.
“No tenemos un tratado de libre comercio con China. Entonces, frente a esa situación, pues nosotros establecemos las relaciones comerciales a partir de las reglas que hay en donde tenemos tratado comercial y donde no tenemos tratado comercial”.
Agregó que con ambas naciones hay una buena relación, por lo que aclaró que “no queremos que sea un debate México en ese punto, sino sencillamente, pues las relaciones comerciales que tenemos”.
Según WSJ, Estados Unidos estaría presionando a México para frenar las exportaciones del hardware de IA de origen chino.
Hace unos días la Embajada de China en México respondió a las críticas del representante estadounidense Ronald Johnson y acusó a Estados Unidos de contribuir a la violencia relacionada con el narcotráfico en territorio mexicano.
Por medio de un comunicado en su cuenta oficial de WeChat, la delegación diplomática señaló que el consumo de drogas en EEUU, así como el ingreso ilegal de armas y recursos provenientes de actividades ilícitas, favorecen el crecimiento de los grupos criminales.
Asimismo, expresó su “profundo descontento” y “firme oposición” a las palabras del funcionario estadounidense, también defendió la participación de compañías chinas en el mercado mexicano y acusó a Washington de intentar limitar las opciones comerciales del país por motivos políticos.
UIF colaborará con investigaciones sobre Amílcar Olán y actuará sin distingos, afirma Reyes Colmenares.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, aseguró que el organismo mantiene colaboración permanente con autoridades federales y estatales en investigaciones financieras, y advirtió que actuará conforme a la ley sin hacer distinciones sobre las personas involucradas, al ser cuestionado sobre el caso de Amílcar Olán.
“Nosotros trabajamos con todas las instituciones, intercambiamos información con todas las autoridades mexicanas que nos solicitan información”.
Descarta intervención federal en caso Samuel García: ASF y autoridades estatales deben investigar.
Luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) diera a conocer que investiga al gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, por presunta triangulación de recursos públicos, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó alguna intervención del gobierno federal en dichas investigaciones.
La mandataria fue cuestionada sobre los presuntos actos de corrupción del gobierno de Nuevo León, sin embargo, aseguró que eso le corresponde a la ASF y a las autoridades estatales.
“No tiene atribución, Raquel, para investigar al gobierno de Nuevo León o a ningún gobierno estatal”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum, durante la conferencia de prensa “Mañanera del pueblo”.
Ante los señalamientos sobre presuntas desviaciones de millones de pesos hacia despachos de abogados vinculados con familiares, Sheinbaum delimitó las facultades del Gobierno federal frente a las administraciones estatales.
La presidenta señaló que la Auditoría Superior de la Federación tiene competencia para intervenir cuando existen recursos federales involucrados.
“¿Quién tiene atribución cuando hay uso de recursos federales? La Auditoría Superior de la Federación”.
Sheinbaum indicó que el Gobierno federal debe atender los requerimientos de información que presente el órgano auditor. “Si la Auditoría Superior de la Federación solicita algo a la UIF, o alguna información por parte de la Secretaría de Hacienda, se tiene que proporcionar”, afirmó.
La ASF informó el 30 de octubre que mantiene investigaciones relacionadas con Nuevo León y Sinaloa por presuntos esquemas de triangulación de recursos públicos, simulación de operaciones y transferencias a cuentas vinculadas con familiares de servidores públicos.
El auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, señaló que las indagatorias buscan reconstruir las operaciones financieras, identificar a los posibles beneficiarios de los recursos y conservar elementos para promover acciones legales.
La Auditoría no detalló los montos involucrados en las investigaciones de cada entidad ni dio a conocer los nombres de las personas físicas o morales bajo revisión. El organismo indicó que utiliza facultades aprobadas en mayo de 2026 para avanzar en procedimientos mientras las auditorías continúan en curso.
En ese sentido, Sheinbaum sostuvo que la eventual participación de dependencias federales se limita a proporcionar información cuando la ASF lo requiera. La presidenta afirmó que la colaboración de la UIF o de la Secretaría de Hacienda no significa que el Gobierno federal atraiga las investigaciones.
La ASF presentó 40 denuncias penales durante los primeros seis meses de la gestión de Hernández Palacios Cardel. El auditor informó que 21 denuncias reportadas previamente ya fueron judicializadas.
El organismo también presentó tres denuncias penales relacionadas con auditorías que todavía se encontraban en desarrollo. La medida permite iniciar acciones legales antes del cierre formal de las revisiones cuando existen elementos para preservar pruebas o profundizar las indagatorias.
Durante la segunda entrega de informes individuales de auditoría de la Cuenta Pública 2025, la ASF detectó más de 9,000 millones de pesos pendientes de aclarar en los tres órdenes de gobierno.
Las auditorías a gobiernos estatales registraron más de 1,200 millones de pesos sin aclarar. Las entidades fiscalizadas reintegraron 1,132 millones de pesos antes de que terminaran las revisiones.
