Por: Redacción Criterio Diario / Foto: Reuters
El Presidente colombiano, Iván Duque, dijo el domingo 02 que retiraría la reforma fiscal propuesta después de protestas mortales y la oposición generalizada de los legisladores, aunque insistió en que aún es necesaria una reforma para garantizar la estabilidad fiscal.
La denominada “Ley de Solidaridad Sostenible” que quiere imponer el Gobierno a la ciudadanía colombiana. No es otra cosa que una Reforma Tributaria con la cual el ejecutivo busca recaudar $26,1 billones. Dinero que, según las declaraciones oficiales, cubrirían parte del detrimento que -según dicen- ha generado la pandemia en sus finanzas.
En 110 páginas, el Ministerio de Hacienda propone a detalle múltiples cambios en los impuestos que pagan los colombianos a través de dos principiares ejes. El primero es ampliar la base de contribuyentes de manera progresiva, es decir, de acuerdo a los ingresos y a partir de quienes ganen el equivalente a 700 dólares al mes. El segundo, es el impuesto al valor agregado (IVA), el cual se extendería a más servicios y productos. Se eliminarían exenciones como las de productos electrónicos y de transporte, mientras se agregan nuevas exenciones, por ejemplo, a productos menstruales y dispositivos anticonceptivos — una tendencia en Europa, en donde Francia y el Reino Unido han reducido los impuestos sobre productos femeninos.
Las protestas, que han provocado múltiples muertes en todo el país desde que comenzaron el miércoles 28, continuaron hasta el domingo 02 en algunas ciudades, a pesar del anuncio.
Duque dijo el viernes 30, que la ley se revisaría para eliminar algunos de sus puntos más controvertidos, incluida la nivelación del impuesto a las ventas sobre los servicios públicos y algunos alimentos, pero el Gobierno había insistido anteriormente en que no podía retirarse.
“Le pido al Congreso que retire la ley propuesta por el Ministerio de Hacienda y procese urgentemente una nueva ley que sea fruto del consenso, a fin de evitar la incertidumbre financiera”, dijo Duque.
La reforma, que el gobierno ha insistido es vital para estabilizar las finanzas de Colombia, mantener su calificación crediticia y financiar programas sociales, sigue siendo necesaria, dijo Duque.
Los partidos políticos, los funcionarios locales, los líderes empresariales y la sociedad civil han aportado ideas valiosas durante los últimos días, dijo.
Existe consenso sobre la necesidad de impuestos temporales a las empresas y dividendos, un aumento en el impuesto sobre la renta para los más ricos y medidas de austeridad estatales más profundas, dijo Duque.
“Es un momento para que todos trabajemos juntos sin malicia”, dijo.
El banco central advirtió el viernes 30 que la falta de aprobación de la reforma podría tener un impacto negativo en la economía, mientras que muchos inversores ya han valorado la pérdida de la calificación crediticia de grado de inversión del país.
Legisladores, sindicatos y otros grupos elogiaron el anuncio como una victoria. En algunos barrios se podían escuchar cacerolazos de celebración, una protesta tradicional en la que la gente golpeaba ollas y sartenes.
“Son los jóvenes, las organizaciones sociales y los ciudadanos movilizados los que han visto muertes y derrotado al gobierno”, dijo en Twitter el senador izquierdista Iván Cepeda. “Que el gobierno no presente la misma reforma con maquillaje. La ciudadanía no aceptará trucos”.
Todavía no hay un recuento nacional definitivo de muertes relacionadas con las protestas, en medio de incidentes de saqueos, destrucción del transporte público y bloqueos de carreteras en varias ciudades.
Funcionarios locales de Cali, la tercera ciudad más grande del país y donde las manifestaciones han sido las más violentas, confirmaron tres. Se produjo una muerte cada uno en la ciudad de Neiva y el municipio de Madrid y un oficial de policía fue asesinado en Soacha.
La fiscalía dijo en un comunicado de la tarde que estaba investigando 14 muertes a nivel nacional, mientras que grupos de derechos humanos han denunciado abusos policiales, especialmente en Cali, y dijeron que las muertes suman más de 20 y más de 800 heridos .
El director de la policía nacional dijo que la fuerza aportaría toda la información necesaria a las investigaciones del fiscal.
La Defensoría del Pueblo ha identificado a 18 civiles y un policía que murieron durante cinco días de protestas, mientras que la fiscalía dijo el domingo que estaba investigando las conexiones entre las protestas y 14 muertes violentas.
Un grupo local de derechos humanos ha informado de más de 20 muertes.
Los sindicatos de camioneros y taxistas, que habían amenazado con unirse a las protestas el lunes 03, se retiraron de las huelgas tras la retirada de la reforma fiscal.
Pero algunas calles fueron cerradas por vehículos en Bogotá y Medellín, mientras que las carreteras fueron bloqueadas en las afueras de la capital, así como en el centro y sureste del país.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que el 25% del sistema de transporte masivo de la capital estaba fuera de servicio luego del vandalismo e instó a quienes asistieron a las marchas a hacerse la prueba del COVID-19.
Un sindicato importante dijo en un mensaje en Twitter que realizaría otra huelga nacional el miércoles 05 para protestar por una reforma de salud, entre otras cosas.
Duque dijo a última hora del sábado 01 que las ciudades con alto riesgo de disturbios recibirían asistencia militar.
