La calidad de una democracia transita por la salud de sus instituciones. De acuerdo con el artículo 3º constitucional el sistema educativo, por ejemplo, tiene como fin construir un bagaje académico que finque su desarrollo en una democracia, no solamente como forma de gobierno sino, como una forma de vida (palabras más, palabras menos).
Diversos expertos en análisis demoscópicos han abordado la salud institucional partiendo de la medición, por medio de diferentes instrumentos y métodos. Se han hecho dichas mediciones en el ámbito internacional y en distintos países. Para muestra tenemos el Latinobarómetro, así como en lo nacional a encuestas como la que eventualmente han practicado empresas como Mitofsky.
Éste último, toma en consideración para medir a 18 “instituciones”, de las cuales, en los resultados de 2019 se obtuvo el siguiente orden descendente (comienza por la institución que cuenta con mayores niveles de confianza y termina con la de menor nivel): Universidades; Ejército; Presidencia; Iglesia; Estaciones de Radio; Medios de Comunicación; Redes Sociales; CNDH; INE; Cadenas de Televisión; Empresarios; Bancos; Suprema Corte de Justicia de la Nación; Policía; Senadores; Sindicatos; Partidos Políticos y; Diputados.
Cabe mencionar que, dentro de una clasificación (ranking) propuesta por la misma casa encuestadora, en donde se propone: confianza alta, confianza media y confianza baja; la figura del diputado pertenece a la última y ostenta de la misma forma el último lugar: la institución peor evaluada es el diputado.
Resalta también que, en un análisis comparativo de la misma encuesta, aplicada a lo largo de 16 años, en una escala de 0 a 10, los diputados han mantenido una calificación mínima de 4.6 en al año 2017 y una máxima de 6.2 en el año 2006; es decir, casi siempre reprobados y en los últimos lugares.
En el apartado ¿Quién confía en los diputados? Se estipula que quienes más confían en ellos son las personas con una escolaridad de preparatoria y quienes menos, son aquellos que cuentan con una formación universitaria y de posgrado.
En el marco del centenario de nuestra Constitución, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM publicó el estudio Los Mexicanos y su Constitución. En su contenido se puede encontrar un ejercicio parecido al realizado por Mitofsky, sólo que realizado en el año 2016 y resultado de la aplicación de la Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional en México.
Al aplicarse una escala de 0 al 10, los resultados también son interesantes y, en algunos casos, coinciden con el otro estudio citado en esta columna. De forma descendente quedaron así: la familia; las universidades públicas; el ejército; los maestros; la iglesia; el INEGI; la CNDH; el INE; las ONG; los medios de comunicación; los tribunales de justicia; la SCJN; los jueces y magistrados; la policía; el ministerio público; los sindicatos; los diputados federales; el presidente de la República y; los Partidos Políticos.
Los diputados (en este caso se menciona exclusivamente a los federales) obtuvieron una calificación de 4.7. calificación que no mejora sustancialmente lo obtenido en otras encuestas del mismo IIJ de la UNAM, aplicadas en los años 2003 (4.4) y 2011 (5.6).
¿Qué motiva el desgaste sostenido del Congreso tanto en ámbito federal como en el local? En el citado documento de la UNAM hay un párrafo muy ilustrativo respecto de la desconfianza en el gobierno (en términos generales y sin distinguir entre poderes):
“…a los encuestados que respondieron que no confiaban “nada” en el gobierno, casi siete de cada 10, se les preguntaron las razones para no hacerlo. Casi la mitad de los entrevistados respondió que “por corruptos”; poco menos de cuatro de cada 10 justificaron su desconfianza porque “no cumplen lo que prometen”; tres de cada 10 respondieron “porque roban”, y poco menos de dos de cada 10 dijeron que “sólo ven por sus beneficios”
Si las razones aplicadas a la desconfianza en el gobierno en general, las vinculáramos a la desconfianza en los diputados en lo específico podríamos sugerir que serían aplicables tres: “por corruptos”; “no cumplen lo que prometen” y; “solo ven por sus beneficios”.
Estas son, muy probablemente, las razones de una desconfianza sostenida y ¿estructural? en el Congreso de la Unión y; creo también, de los Congresos Locales.
La corrupción en dicho poder podría explicarse por la opacidad en los procesos legislativos así como en la mecánica de la toma de decisiones. Al problema sobre el incumplimiento de lo prometido, se le puede abordar desde las inexistentes agendas legislativas (de lo que ya se ha expuesto en este mismo espacio) ¿Cómo cumplir sin agenda? ¿Hay correspondencia alguna entre las plataformas electorales y las agendas legislativas públicas u ocultas? La ausencia de la participación ciudadana en los procesos legislativos, más en los temas de interés explícito, provoca esa opinión de que los diputados votan y deciden en razón de muchas variables, menos en la que a sus electores convendría.
En Puebla, de acuerdo con ambos estudios, al menos desde el año 2003 podría decirse que se mantienen los niveles bajos de confianza en los diputados. Poco se ha hecho para romper con esa inercia en la opinión pública. La relación asimétrica del Legislativo con el Ejecutivo podría ser una de las causas más claras de esta realidad. Costumbres parlamentarias como: el papel del “gran legislador”, la aplicación de la “congeladora legislativa” y el anteponer la productividad legislativa cuantitativa sobre la cualitativa, son sólo algunos de los botones de muestra sobre las abundantes áreas de oportunidad en el desempeño de dicho poder.
El progreso de las civilizaciones se sustenta en el funcionamiento adecuado de su organización política y social (gobierno). Debemos aspirar a que la nuestra pueda avanzar hacia la consolidación de nuestras instituciones. El conformismo al respecto ya nos ha hecho daño por mucho tiempo.
josimar.alejo@criteriodiario.com
