Reforma de supremacía constitucional, avalada en 17 congresos; incluido Puebla

Actualidad Local

Por: Redacción Criterio Diario /Foto: X: @elcovidchino

El Congreso Estatal de Puebla ocupó el 13 lugar en aprobar la reforma de supremacía constitucional, con lo cual el dictamen alcanzó el aval de 17 estados, de acuerdo a lo que anunció el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, quien adelantó que es posible que este día alcance la declaratoria de constitucionalidad.

En conferencia, el senador por el Partido del Trabajo (PT) precisó que es viable que la tarde de este jueves el Senado de la República y la Cámara de Diputados sesionen por separado para hacer la declaratoria de constitucionalidad.

De concretarse este proceso, el dictamen será enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la Secretaría de Gobernación (Segob), para dar continuidad a la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación(DOF).

Los congresos locales que validaron la supremacía constitucional son: Zacatecas, Tabasco, Ciudad de México, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Campeche, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Baja California, Chiapas, Guerrero, San Luis Potosí, Puebla, Morelos y Veracruz.

La supremacía constitucional es una reforma que el grupo parlamentario de Morena en el Senado impulsó para frenar la presentación de amparos a cambios avalados a la Constitución.

La propuesta que Morena, PT  y PVEM aprobaron en ambas cámaras -Senado y Diputados- plantea  en el artículo 105 de la Constitución señala que serán “improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad” contra adiciones o reformas.

En tanto, el artículo 107 señala que “no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución”.

La medida fue una respuesta ante las suspensiones que jueces federales otorgaron para dejar sin efecto la reforma judicial.

Esta mañana, durante su conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la reforma de supremacía constitucional al indicar que es parte del “Estado de Derecho”, es un acto “republicano” y no implica una violación a la Constitucional como afirma la oposición.