Por: Redacción Criterio Diario / Foto: X: @SEP_mx
Los aumentos anuales al salario mínimo tendrían que ser de entre 35 y 39 por ciento para recuperar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras, consideró Leobardo Soto Martínez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Puebla.
Señaló que esta propuesta, de incrementar más de 30 puntos porcentuales, ya fue llevada a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) por representantes de la central obrera, pero no ha sido tomada con seriedad, pues el incremento aprobado al salario mínimo para 2026 se quedó en 13 por ciento, lejos de las expectativas sindicales.
Soto Martínez explicó que la demanda de la CTM se apoya en un planteamiento formal presentado por José Luis Carazo, secretario del Trabajo de la Confederación de Trabajadores de México, quien propuso un aumento de 30.6 por ciento al salario mínimo.
En nombre de 24 organizaciones sindicales, Carazo llevó esta postura a las negociaciones tripartitas sobre salario mínimo que iniciaron el 27 de noviembre de 2025 en el seno de Conasami, con el argumento de que la política de incrementos graduales ha sido insuficiente para revertir la pérdida del ingreso real.
Soto Martínez recordó que la propuesta presentada por el secretario del Trabajo lamentablemente fue recibida con desdén por distintos actores.
“Leí el documento, excelente documento que presentó el compañero José Luis Carazo y muchos se rieron, pero a veces nosotros hacemos conciencia y te quedas corto”, manifestó, al subrayar que el deterioro del salario es más profundo de lo que las cifras oficiales reconocen.
El planteamiento central de las organizaciones obreras es que los incrementos al salario mínimo deben tener como objetivo explícito alcanzar el poder adquisitivo que existía en 1976.
Los sindicatos que respaldan la propuesta consideran que estos ajustes no deben verse como una concesión, sino como el cumplimiento de un derecho establecido en la Constitución mexicana.
Subrayan que el salario mínimo, lejos de cumplir con la función de garantizar una vida digna, ha quedado rezagado frente al elevado costo de la canasta básica, el transporte, la vivienda y otros servicios indispensables, lo que obliga a millones de personas a recurrir a jornadas más largas o laborar en trabajos informales para completar sus ingresos.
Soto Martínez insistió en que la discusión sobre el salario mínimo no puede reducirse a porcentajes aislados, sino que debe vincularse con una política de largo plazo para reconstruir el poder de compra perdido desde la década de los setenta.
En este sentido, respaldó el enfoque de Carazo, quien, en nombre de las organizaciones sindicales planteó que cualquier acuerdo debe medirse con el parámetro de 1976, año que, según la central obrera, marca el último momento en que el salario mínimo fue suficiente para cubrir las necesidades esenciales de los hogares.
