En cuestiones de poder muchas veces una imagen puede ser más efectiva que un expediente judicial, una investigación o un juicio. Ver una fila de presos disciplinados produce una certeza que ningún proceso legal puede ofrecer: “ahí están los culpables”, “están pagando por sus acciones”. Pero en lugares en los que el sistema de justicia funciona lento, con irregularidades e influencia del estado también debemos preguntarnos, ¿en dónde queda la presunción de inocencia? ¿el respeto a los derechos humanos? y ¿los límites del estado?
Michel Foucault en su obra Vigilar y castigar menciona que el poder no sólo encierra cuerpos: los vigila, los clasifica, los disciplina y los convierte en ejemplo para el resto de la sociedad. En El Salvador, la exhibición de personas privadas de su libertad parece retomar esa lógica: la prisión no funciona únicamente como espacio de reclusión, sino como un mensaje dirigido a quienes permanecen fuera. Cada imagen difundida comunica que el Estado observa, castiga y puede decidir quién merece ser mostrado como amenaza.
El gobierno de Nayib Bukele muestra estas imágenes con frecuencia desde el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, y las acompaña con una promesa sencilla y poderosa: orden, seguridad y castigo haciendo del miedo una forma de gobierno, disfrazada de discursos de seguridad.
Y no quiere decir que los actos delictivos no tengan que tener algún castigo o respuesta, más bien se busca analizar un problema más grande, el problema que comienza cuando el castigo deja de ser una consecuencia sometida a la ley y se convierte en mercancía política. Las imágenes de personas privadas de la libertad ya no sólo documentan una política de seguridad: construyen una narrativa.
Dentro de está narrativa Bukele aparece como el héroe que hizo lo que nadie se atrevía a hacer; los presos, en cambio, aparecen despojados de nombre, historia y defensa. La imagen no pregunta quién es culpable, necesita únicamente que alguien parezca culpable.
Y si bien, no puede negarse que El Salvador atravesó durante décadas enormes índices de violencia, marcados por pandillas, extorsión y control territorial. Ahora vive momentos de profundas violaciones a los derechos humanos, de persecución y de miedo hacia el Estado, todo disfrazado en discursos de orden, justicia, seguridad y democracia, cuando en realidad todo esto no se mide sólo por la capacidad de encerrar y castigar, sino por su obligación de distinguir entre quien cometió un delito y quien fue detenido sin pruebas suficientes; entre justicia y venganza; entre seguridad y espectáculo.
Desde el régimen de excepción instaurado en marzo de 2022, más de 86 mil personas han sido detenidas en El Salvador. Organizaciones nacionales e internacionales han señalado denuncias de arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas, tortura, muertes bajo custodia y restricciones graves al debido proceso; miles de personas permanecen en prisión preventiva sin acceso efectivo a una defensa o a comunicación con sus familias. Incluso el propio presidente ha reconocido públicamente que miles de las personas detenidas eran inocentes, una admisión que debería provocar un debate profundo sobre el costo humano de la estrategia.
Sin embargo, la espectacularización del encierro desplaza esas preguntas y se presenta la humillación pública como prueba de eficacia; el sufrimiento como contenido viral y una prisión de máxima seguridad como escenografía del poder. Así opera el populismo punitivo: no ofrece únicamente soluciones a la violencia, sino una satisfacción emocional basada en ver castigado a alguien. El castigo se presenta como respuesta total, aunque no resuelva las condiciones sociales, económicas e institucionales que permiten que la violencia aparezca y se reproduzca.
En esa puesta en escena, los cuerpos encarcelados cumplen una función política: alimentan la imagen de un presidente invencible. Pero ningún gobierno debería necesitar la degradación pública de las personas para legitimarse. La seguridad que humilla, que niega defensa y que confunde prisión con justicia puede ser popular, pero no por eso es democrática.
El caso salvadoreño debe leerse, entonces, más allá de la admiración o el rechazo automático a Bukele. La pregunta no es si las sociedades necesitan seguridad; la necesitan. La pregunta es qué están dispuestas a entregar para obtenerla. Normalizar la exhibición de personas detenidas, aceptar detenciones sin evidencia suficiente o celebrar la crueldad como si fuera justicia implica dejar que el Estado convierta los derechos en premios reservados para quien logre demostrar su inocencia, si lo logra.
Lo importante ahora es no olvidar lo escencial, no dejar de nombrar la injusticia y la crueldad, porque en cada uniforme blanco, cada cabeza rapada y cada número hay una persona, una familia y una historia que merece ser tratada bajo la ley. La justicia no se fortalece cuando se vuelve espectáculo; se fortalece cuando incluso frente al miedo conserva la dignidad humana como límite.
