¿A dónde se van todos los asuntos incómodos o sin consenso en las legislaturas?
El rezago legislativo – que bien podríamos definir como aquellos asuntos que no son prioritarios en la agenda legislativa, o bien; la proporción de asuntos atendidos en relación con los que no lo son, considerando dentro de los mismos a los instrumentos legislativos como iniciativas y puntos de acuerdo- es un fenómeno recurrente en el desarrollo de los trabajos de las últimas legislaturas (sería impreciso decir cuantas se quedaron rezagadas sin los datos que sustenten dicha afirmación).
La explicación a esta circunstancia podría recaer en distintas razones, a saber: por un lado, el vasto (y a veces innecesario) número de asuntos que plantean los legisladores: demasiadas iniciativas o puntos de acuerdo están enfocadas a modificar la “forma” de las leyes o de las disposiciones, una manera muy común de elevar el “rendimiento” de la diputada o diputado, a partir de un enfoque cuantitativo de sus resultados. La segunda razón es, desde mi óptica, el deficiente seguimiento a los asuntos turnados a las comisiones legislativas, a veces por un excesivo número de trámites, otras más porque no existe una dinámica asentada para poder tratar de manera ordenada y sistemática los temas. Una tercera razón es que podría existir una mecánica de rechazo prematuro a analizar y dictaminar asuntos de las minorías, dando como resultado que sólo se atienda la agenda del grupo o coalición de bancadas mayoritaria.
Para atender la primera razón, se requiere de una transformación en los usos y costumbres del actuar de los diputados en cada legislatura. Hacerles ver que, no por tener el mayor número de iniciativas o puntos de acuerdo presentados ante el Pleno, significa que su desempeño sea mejor o peor con respecto a otra u otro legislador. Personalmente pienso que, legislar más, no es legislar mejor. Existen otras funciones en las que, con el énfasis adecuado, podrían proyectarse como legisladores altamente productivos: trabajar en un seguimiento puntual a la aplicación del presupuesto y el ejercicio de los recursos públicos (no restringir, únicamente esta función al momento del análisis, discusión y aprobación del paquete fiscal); revisar y acompañar el trabajo de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado; instalar una Comisión que esté dedicada a verificar si la vigencia del orden jurídico poblano es pertinente o, en su caso, simplificar nuestras leyes (podrían existir casos en que se detecten duplicidad de funciones) por citar algunas ideas.
La falta de seguimiento pudiese también resolverse con la implementación de las Secretarías Técnicas en la atención de los asuntos turnados a cada Comisión. En el caso poblano, durante la presente legislatura se proyectó habilitar a personal con dicha función (incluso hubo convocatorias públicas para tal propósito). Sería interesante saber que ocurrió con la puesta en marcha de dicho proyecto y si hubo un impacto positivo.
La tercera razón es política y corresponde al hecho de bloquear o no el trámite legislativo de los diversos instrumentos legislativos que presentan los diputados. En esa dinámica es donde ha prevalecido la aplicación de la “congeladora legislativa”. Siendo una mecánica de carácter parlamentario que, aunque natural, ha lacerado y en ocasiones estancado el tratamiento de asuntos de importancia para nuestra sociedad.
En nuestro estado, hace casi 10 años se plasmó una disposición en la entonces nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad para inhibir el uso de esa negativa práctica parlamentaria. La coyuntura política e institucional provocada por la llegada del primer gobierno de alternancia en Puebla arrojó una configuración inédita del Legislativo, circunstancia que motivó a delinear una serie de cambios necesarios para asimilar la pluralidad como una nueva normalidad en el Congreso.
Esta circunstancia trajo consigo la oportunidad de modificar (al menos en el papel) la constante en cuanto a rezago legislativo. Así es como se llegó a la redacción del artículo 153 de la Ley Orgánica que, en su primer párrafo señala:
“Las Comisiones deben emitir el dictamen que proponga aprobar la iniciativa en sus términos, con modificaciones, o bien declararla improcedente, en el término de ciento ochenta días naturales, contados a partir de que sean recibidas por la Comisión o por las Comisiones Unidas correspondientes.”
Es decir, todo instrumento legislativo presentado por cualquier diputado debe ser, no sólo discutido sino dictaminado en cualquier sentido en un periodo aproximado de la mitad de un año. La “congeladora” tiene límites. En el 2010 nació (y no ha sido modificada) la “Caducidad legislativa”. Pero el trabajo legislativo ha adolecido de su implementación. Legislaturas van y vienen y han hecho caso omiso a su propia normativa.
Tampoco he visto que los diputados que vean esta “omisión”, hayan recurrido al esquema que la misma ley previene para motivar la discusión de sus asuntos “congelados” a través de una excitativa (invitación) a la Comisión respectiva. Son realmente excepciones las que se han dado en este sentido. Aduzco que esto es por desinterés para ver sus propuestas consideradas en el análisis o por desconocimiento de la norma de la que pudieran echar mano con ese objeto.
La actualidad de este planteamiento se ve reflejada en las propias estadísticas del Congreso del Estado, donde existen un total de 1093 iniciativas presentadas, de las cuales han sido aprobadas 281 y dictaminadas sin materia 4. Y donde, por citar sólo un ejemplo, una de las primeras iniciativa impulsada y tramitada desde el 17 de septiembre de 2018, hoy sigue en trámite.
El balance es negativo en este aspecto. El propio legislativo emplea su ingeniería institucional y legal para despresurizar el trámite de los asuntos que le atañen. Si a ello sumáramos los números respecto de los Puntos de Acuerdo añadiríamos aún más complejidad a esta realidad.
La Congeladora sigue existiendo, a pesar de que su vigencia en el ámbito formal está claramente limitada, en la realidad se rehúsa a desaparecer. Sería un gran avance garantizar la observancia de la caducidad legislativa y con ello dinamizar y enriquecer el debate de los asuntos que le importan a los poblanos.
josimar.alejo@criteriodiario.com
