Los chilenos le acaban de dar una lección al mundo de que salir a las calles sí funciona, que la acción colectiva y la protesta social puede definir el rumbo de los pueblos y modificar profundamente el diseño, e incluso la razón de ser de sus instituciones; que los movimientos sociales son capaces de definir la agenda pública, la legislación, las políticas públicas, los presupuestos y, como nos mostró Chile, hasta la Constitución; que cualquier Estado, por sólido que sea, no puede resistir la presión ciudadana y que un gran número de personas en la calle con demandas similares, son capaces de disminuir la legitimidad del gobierno en turno.
La nueva constitución chilena será el producto de años de protestas que, con diferentes particularidades, han tenido de fondo el rechazo al modelo económico y la enorme desigualdad que generó, así como una crisis de representación de la ciudadanía por haberse sostenido en un diseño institucional construido por la fuerza desde la dictadura, en un proceso eficiente pero sin ningún tipo de legitimidad.
Los chilenos exigieron el fin del neoliberalismo para incrementar los ingresos de las personas, los derechos sociales, la participación estatal en los bienes nacionales y la baja participación de los sindicatos, a lo que el Estado respondió suspendiendo algunas de las medidas que sirvieron como detonante del movimiento social chileno, anunciando medidas de política social que incluían incrementos considerables en el gasto social y la reducción de los salarios de la burocracia. Sin embargo, los chilenos 3 días después del anuncio, respondieron incrementando las movilizaciones: Chile es un país de 18 millones de habitantes y aproximadamente 15 millones de ciudadanos inscritos en su padrón electoral, salió a marchar en la llamada “La marcha más grande de Chile” 1 millón de personas, lo que representa menos del 6% del padrón, sin embargo no lo hace una cantidad poco significativa.
Aunque en apariencia el 6% es minoritario, resulta suficiente para hacer cambios profundos en el sistema político y en el Estado. Sólo a modo de comparación, en México en el 68, uno de los movimientos sociales más relevantes para la libertad y la democracia en nuestro país, participaron en las marchas más numerosas aproximadamente 300 mil jóvenes, en un país que tenía entonces alrededor de 49 millones de habitantes; la marcha de las mujeres en contra de la violencia del pasado 8 de marzo, logró convocar a entre 300 mil y 500 mil mujeres y hombres, y seguramente concretará logros muy relevantes.
Sin embargo, aunque porcentualmente el número sea pequeño, es enormemente significativo, capaz de fijar la agenda pública, el debate y el rumbo de la política pública para transformar la vida pública en hechos que den respuesta a las demandas ciudadanas.
La politóloga Erica Chenoweth, propone que un movimiento social en el que participa el 3.5% de la población es capaz de lograr sus objetivos. Desde esta perspectiva, en el caso chileno la transformación de su vida pública e instituciones era inevitable. Los chilenos ahora deberán ponerse de acuerdo en el contenido de su nueva constitución y en el país que quieren y consideran justo para ellos, será un proceso seguramente más lento que el que se hizo por la fuerza con Pinochet, pero sin dudas más sólido, legítimo y duradero.
La participación social, los movimientos y la acción colectiva son transformadores de realidades si logran unificar su voz y tener eco y legitimidad, es nuestra obligación ética de participar o al menos escucharlos y exigirle al Estado, a los grandes empresarios y a la sociedad que los escuche e interprete correctamente y que los asuma como impulsores del cambio social, político y económico, finalmente toda acción colectiva tiene una razón de ser y tiene algo que decir.
@pabloarechiga
