Hace unas semanas se aprobaron en el Congreso del Estado las reformas normativas encaminadas a legalizar el matrimonio igualitario (o de personas del mismo sexo). El proceso y el debate legislativo que se generaron a raíz del planteamiento son interesantes en el sentido de que, en el ambiente quedó una sensación de que su aprobación se dio a raíz de una declaración del Papa Francisco I, en la cual dejó entrever su anuencia al respecto.
No es una cuestión nueva, en el 2015 una diputada de la bancada del PRD también presentó esta iniciativa, sin encontrar en aquel momento, las coincidencias necesarias por parte de la legislatura para poder avanzar en su aprobación. Incluso, un legislador de la fracción panista propuso el cambio de denominación de matrimonio a “isomonio”, a manera de poder legislar en dicha materia.
Si retrocedemos un poco más en el tiempo, tal como lo documentara el periodista Bryan Rivera González en un medio local, las propuestas legislativas datan de hace 10 años, cuando en la LVII Legislatura dos legisladoras (una de las siglas del PRI y otra de las siglas del PRD) propusieran dicha reforma, incluso a través de una ley específica denominada: “Ley de sociedades en convivencia y maternidad subrogada”.
También hay indicios de que los representantes de bancadas como el entonces Partido Convergencia y el Partido del Trabajo en esa misma legislatura se pronunciaron, de forma decidida, en favor de la citada figura jurídica.
Durante la LVIII Legislatura también representantes del Partido de la Revolución Democrática propusieron reformas al Código Civil para lograr el mismo objetivo que la LVII Legislatura.
No es casualidad, el impulso para que en Puebla se iniciara el debate, este hecho tuvo seguramente que ver con la aprobación del matrimonio igualitario por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el año 2009, momento fundacional de la ampliación de derechos para este sector de la población que venía siendo marginado del disfrute de todas sus prerrogativas.
Así es, Puebla llegó 11 años tarde a la conclusión de ese debate ya superado en muchas latitudes del país, principalmente en la Ciudad de México. No pudo ser punta de lanza y mucho menos vanguardia. Fue un punto que no estuvo en la agenda legislativa de las anteriores 3 legislaturas, al menos no de forma consensuada. Los esfuerzos habían sido dispersos y adolecían de un respaldo mayoritario que les permitieran concretarse en una realidad legal.
Hay, tal vez una constante a lo largo de todo ese tiempo en que no trascendió su carácter de iniciativa, los partidos del espectro político de centro izquierda fueron quienes la respaldaron hasta su aprobación (PRD-PT-PRI-MC-MORENA).
Es totalmente lógico que la actual legislatura con una clara representación partidista mayoritaria de centro izquierda haya promovido su aprobación. Podríamos decir que es la primera legislatura con esas condiciones en la historia de Puebla. Lo es incluso tomando en consideración a grupos y representaciones legislativas que hoy se encuentran en la oposición pero que se encuentran plenamente identificadas como de izquierda (caso PRD y MC). Esta condición ha estado presente casi en la totalidad de la legislatura.
¿Por qué no se aprobó en anteriores legislaturas? Siguiendo la lógica planteada en el párrafo anterior, la razón principal sería que los partidos, aunque de membrete estuvieran ubicados en la centro izquierda (como el PRI cuando era gobierno) a la hora de legislar asumían una postura omisa o conservadora, sin pretender trastocar los intereses que en el tema tenía la iglesia. La configuración del legislativo lo hubiera permitido pero el pragmatismo político no dio paso a tal situación.
Las legislaturas de la primera alternancia con el PAN como principal fuerza legislativa, al ser ubicadas en el espectro centro derecha, no habrían de impulsar en lo más mínimo un cambio respecto de la multicitada figura. La postura fue entonces congruente a partir de los valores y principios que se identifican en ese partido político.
El debate añejo por fin llegó a su fin. No hubo tiempo para mayor polarización, menos en un contexto de contingencia sanitaria como el que vivimos (que complica en demasía las expresiones ciudadanas respecto de este tipo de temas). Los intereses “al parecer” de la Iglesia se alinearon con la jurisprudencia emitida ya desde hace algunos años al respecto, circunstancias que se encontraron con una integración político-partidista del legislativo poblano, propensa en números (votos de los legisladores) para sacar adelante esta reforma.
Puebla se abre así hacia una agenda progresista ¿Más por necesidad que por convicción? Lo sabremos más adelante. Veremos si se aprueban más reformas que tengan que ver con la agenda electoral de 2018, justo al inicio del proceso electoral 2020-2021. Una suerte de cumplimiento exprés de promesas con un claro objetivo en el corto plazo. Dicen por ahí “en política no hay coincidencias”.
josimar.alejo@criteriodiario.com
