El tema semanal de nuestro legislativo local se centró en las solicitudes de licencia que expusieron algunos diputados y que controvirtieron otros. La cercanía de los comicios intermedios (en lo local y federal) está ejerciendo la presión normal de la temporada. El trámite se vuelve, en la mayor parte de las ocasiones, en el banderazo de salida para muchos políticos que pretenden asumir otro cargo público o, como sucederá en esta coyuntura, para aquellos que, ya con cargo como diputados locales, presidentes municipales, regidores, así como diputados federales, busquen la reelección según corresponda.
Ese paso se torna complejo, todavía más, en tanto a nivel federal como local, es la laguna jurídica que los propios interesados olvidaron reglamentar y que, dejaron al arbitrio de los órganos electorales respectivos (el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado). Hoy, como ya se ha mencionado en esta misma columna en ocasiones anteriores, se encuentran impugnadas las condiciones para la reelección que, entre otras cosas, incluyen la temporalidad con la que se ha de solicitar licencia a cargos públicos para poder contender.
La licencia es un estatus de cualquier legislador, en el caso poblano se encuentra considerado a nivel constitucional. Por lo tanto, es un derecho al que se puede acudir bajo circunstancias específicas. Este tipo de “permisos” o “ausencias”, también son prerrogativas del gobernador, de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Auditor Superior del Estado, entre otros (así lo refiere el artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla).
En el caso del Poder Legislativo, la Ley Orgánica define a la licencia como “la autorización concedida por el Congreso del Estado, a la solicitud presentada por un Diputado para separarse del ejercicio de su cargo”. El Reglamento Interior del Congreso estipula que los diputados podrán solicitar licencia en caso de: “enfermedad que incapacite el desempeño de la función; optar por el desempeño de una comisión o empleo de la federación, del gobierno del estado, de alguna otra entidad federativa y de los municipios…; ocupar un cargo dentro de algún partido político; postularse a otro cargo de elección popular, cuando la licencia sea una condición establecida en las normas internas del partido político o en las disposiciones electorales correspondientes y; para desahogar trámites o comparecencias ante la autoridad competente, por procesos judiciales…
De acuerdo con la solicitud de la duración de la licencia, esta es aprobada o no por la Mesa Directiva o, en su caso, la Comisión Permanente. Si es mayor de 30 días está sujeta a la aprobación, si es menor, solo se comunica (en estricto sentido, a efecto de preservar y salvaguardar el derecho ciudadano a la representación política, deberían desaparecer esas opciones dando paso a una simple licencia y que el suplente de manera inmediata asuma la función que los ciudadanos le han delegado).
No está por demás decir que, en cuanto se autoriza la licencia, fenecen los derechos y obligaciones del diputado solicitante, en el caso de los propietarios, por el tiempo que la soliciten.
Es así como el artículo 61 determina que la Comisión Permanente del Congreso podrá conceder licencias, mismo caso que aplica, de acuerdo con la Ley Orgánica, a la Mesa Directiva, a los legisladores siempre y cuando estas no excedan de la mitad de los que integran la legislatura. Lo cual debe leerse de la siguiente manera: en un mismo momento (para ser más claros, en un mismo día y/o sesión) el Congreso se encuentra materialmente impedido para disolverse.
Me explico: la misma constitución estipula (cuidando en todo momento la legitimidad de la representación democrática y política) que el legislativo, conformado en Puebla por 41 legisladoras y legisladores, no puede actuar si en él no concurren la mitad más uno de sus integrantes. Escenario que se cumpliría al otorgar la licencia a más de la mitad de estos para un mismo momento (es decir para una misma vigencia).
Leí algunas impresiones en redes sociales y notas periodísticas, con respecto al señalamiento hacia diputados que pretenden “apartar licencias” y que, dichas solicitudes, no se otorgarían hasta que el órgano de gobierno o dirección legislativa (Junta de Gobierno o Mesa Directiva) así lo decidieran. Veo en ello una interpretación confusa y, de no ser cuidadosos, podría ser calificada de parcial si, los órganos competentes conceden a algunos legisladores y a otros no las licencias. El asunto es un tanto más complejo y obliga a un tratamiento cuidadoso.
No es menor la circunstancia, y no es más que una consecuencia, con origen en esta legislatura, de no haber previsto lo que ocurriría ante un escenario donde la mayoría quisiera reelegirse. Ignoro si no lo previeron y, si así lo hicieron, no sé por que no se atrevieron a legislar (mínimo en cuanto a las disposiciones internas del Congreso, a nivel ley o reglamento) atendiendo esta posibilidad que está a punto de convertirse en realidad. Los ciudadanos aplaudiríamos que nuestros representantes cuiden la estabilidad y brinden certeza al derecho ciudadano de ser representados.
Podrían aún explorar una solución, aunque se antoja difícil si se piensa que el ejercicio deliberativo es susceptible de ser contaminado con la efervescencia político-electoral, es decir, veo escasas condiciones para que así sea. Sin embargo, podrían proponer salidas como un escalonamiento en la autorización de dicho trámite, a efecto de evitar una parálisis legislativa en el mejor de los casos y, en el peor (escenario catastrófico), una crisis institucional, con la probable desaparición (de facto) de uno de los tres poderes de nuestro Estado.
También es cierto que, cuando ocurren conflictos de este nivel suelen abrirse espacios para la concertación que, privilegien la sensatez y la precaria salud de nuestras instituciones. Esperemos que, para esta coyuntura, ya sea de una forma u otra, tengamos los representante populares que las circunstancias demandan.
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