El Órgano Técnico Administrativo del Congreso de Puebla (estructura administrativa que auxilia las labores legislativas) cuenta con diversas áreas como la Secretaría General; Direcciones Generales de: Servicios Legislativos, Asuntos Jurídicos, Comunicación Social, Administración y; a partir de la entrada en vigor de su actual Ley Orgánica, hace ya casi una década, se incorporaron la Unidad de Atención Ciudadana; la Contraloría Interna y el Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas.
Éste último tuvo un antecedente en la normativa interna anterior, en la que ya existía un Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico y Finanzas Públicas. Es decir, en el imaginario ya se había configurado su existencia, sin embargo, jamás se materializó, es decir, nunca entró en funciones como tal.
Considerando eso, la LVIII Legislatura retomó la figura y amplió sus funciones para no sólo restringirse a las tareas propias del tratamiento de temas económicos y financieros, si no que, también investigara sobre cuestiones sociales y sobre todo, legislativas.
Su función, establecida en el artículo 212 de la Ley Orgánica, estriba en investigar y analizar temas de carácter: jurídico, político, histórico, además de los ya enunciados en el párrafo anterior. Adicionándose cualquier rama o disciplina afín que contribuya al “perfeccionamiento de la función legislativa en beneficio del estado”.
Debe estar integrado por especialistas, con experiencia en el ámbito legislativo. Es un órgano que depende directamente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y, el Director General del IILFS debe velar por la imparcialidad de la función que desempeña en cumplimiento de sus obligaciones. Lo anterior a razón de actuar con la objetividad debida.
En el papel, debería estar integrada por dos coordinaciones: de Estudios Sociales y Legislativos; y, la de Financieros y Económicos. Lo anterior, y de acuerdo con la Ley Orgánica y el Reglamento Interior del Congreso, para:
-Proporcionar a la Junta de Gobierno, a los Órganos Legislativos y a los Diputados, los resultados de las investigaciones realizadas
-Proponer a la Junta de Gobierno la realización de eventos y foros diversos
-Formular programas de formación y capacitación de personal técnico en el desarrollo de la función legislativa
-Proponer a la Junta de Gobierno la celebración de convenios con instituciones similares, a efecto de poder intercambiar información
-Colaborar en el análisis de las iniciativas de Ley de Ingresos y de Egresos del Estado; Leyes de ingresos de los municipios; leyes fiscales; etc.
-Emitir las opiniones o criterios respecto a la viabilidad de iniciativas de ley, decretos o acuerdos
-Elaborar análisis, proyecciones y cálculos que le requiera la Junta de Gobierno y los Órganos Legislativos, sobre temas financieros y presupuestales.
-Instrumentar un programa editorial sobre las investigaciones realizadas
-Compilar leyes, decretos, acuerdos y otras disposiciones jurídicas y legislativas de carácter federal, estatal y municipal, para su procesamiento y resguardo electrónico.
A grandes rasgos son las actividades encomendadas a este Instituto, cuyo funcionamiento se ha visto limitado. Apenas en la presente legislatura, específicamente en el año 2019, se emitió una convocatoria para dirigir esa instancia, mediante un proceso que en un primer momento se declaró desierto, para después ser aprobado por el Pleno, el nombramiento del Doctor Jorge Efrén Arrazola.
Tengo conocimiento de que ahora se hizo un nuevo nombramiento sustituyendo al Doctor Arrazola, aunque se ignora si fue por la vía que marca la normatividad interna del Congreso. Ojalá así haya sucedido, si no, será una inconsistencia más de las que ya se han comentado en este mismo espacio y que, en este caso específico, lacera el deseable desempeño de la legislatura en un tema y actividad que debe ser prioridad, ya que, además de todas las funciones del Instituto que aquí se han enlistado, persigue un fin superior: lograr un debate legislativo informado de los asuntos públicos.
Se debe tomar muy en serio el diseño institucional del Congreso, ya que está pensado para cumplir sus funciones primordiales con los elementos y componentes requeridos. Como se ha dicho en otras ocasiones, mientras el órgano técnico del Congreso sea más robusto y especializado en sus funciones tendremos: leyes de mejor calidad, vigilancia oportuna y eficiente a los otros dos poderes, entre otros resultados esperados por la ciudadanía.
El nombramiento del Director General del Instituto de Investigaciones Legislativas no debe ser un asunto menor, es nada más y nada menos que el encargado de elaborar y procesar los insumos científicos que puedan ayudar a orientar las determinaciones legislativas para que las mismas tengan un impacto pertinente en la solución de los problemas de índole social.
Este nombramiento, que es atribución del Pleno, debe ser transparente y público. De manera ideal, debería ser procesado por medio de una convocatoria (como sucedió al inicio de la presente legislatura), en ese sentido, las universidades, organismos de la sociedad civil y centros de investigación estarían en posibilidades de participar con sus propuestas y perfiles. Así se podría abrir un espacio más de participación ciudadana en las actividades del Congreso.
Confío en que los representantes populares no sigan (de manera totalmente innecesaria) en la inercia del descrédito.
josimar.alejo@criteriodiario.com
