Por: Redacción Criterio Diario / Foto X: @ e_consulta
El comandante de la extinta Policía Judicial de Puebla, Alejandro Rocha Laureano, y uno de los mandos policiales implicados en la detención arbitraria y tortura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro en 2005, quedó en absoluta libertad tras recibir una sentencia de cinco años y seis meses de prisión por parte del Poder Judicial en Quintana Roo.
Al contabilizar que el imputado permaneció recluido casi ocho años —desde su detención en diciembre de 2018—, la autoridad judicial determinó que la pena impuesta fue compurgada en exceso, ordenando su inmediata excarcelación del penal de Cancún.
La información fue dada a conocer por el periodista Edmundo Velázquez, quien consignó que la defensa jurídica de Rocha Laureano anunció que no interpondrá una contrademanda contra Cacho Ribeiro, argumentando que su representado permaneció en prisión preventiva un periodo superior al de la condena dictada.
El excomandante fue capturado en diciembre de 2018 en la ciudad de Puebla por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cuando aún se desempeñaba como agente activo en la Fiscalía General del Estado (FGE).
Las investigaciones de la Fiscalía General de la República lo señalaron como responsable de coordinar el operativo y mandar a agentes subordinadas para sustituir a los elementos que trasladaban a Cacho Ribeiro tras su arresto en Cancún.
A diferencia de Rocha Laureano, los principales orquestadores políticos y policiales del operativo continúan bajo procesos judiciales, entre ellos, el exgobernador Mario Marín Torrez, quien permanece recluido en el Penal de Máxima Seguridad de “El Altiplano”, en el Estado de México.
Aunque obtuvo resoluciones para modificar su medida cautelar a prisión domiciliaria por motivos de edad y salud, recursos de revisión promovidos por la FGR y la defensa de Lydia Cacho han mantenido al exmandatario privado de la libertad a la espera de una sentencia definitiva.
El proceso penal deriva de los hechos ocurridos el 16 de diciembre de 2005, cuando la periodista fue detenida en Cancún tras la publicación de su libro “Los demonios del Edén”, investigación periodística que destapó una red de pederastia, pornografía y explotación sexual infantil encabezada por el empresario Jean Succar Kuri y protegida por el empresario textilero Kamel Nacif Borge.
Nacif denunció a la comunicadora por difamación y calumnia en Puebla, lo que motivó un traslado terrestre de más de 20 horas en el que Cacho sufrió amenazas de muerte, incomunicación, acoso sexual y tortura física y psicológica por parte de agentes policiales.
El caso detonó un escándalo nacional e internacional tras la filtración de llamadas telefónicas entre Kamel Nacif y el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín Torres —rebautizado como el “gober precioso”—, en las que el mandatario celebraba el encarcelamiento y escarmiento contra la periodista.
En 2018, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dictaminó que el Estado mexicano violó los derechos humanos de Lydia Cacho y exigió la reparación del daño y la sanción a los perpetradores, lo que derivó en una disculpa pública oficial por parte del Gobierno de México y el exilio de la periodista por razones de seguridad.
