La actividad del gobierno se ha expandido durante los últimos 40 años en materia tecnológica, esto derivado de la evolución constante en materia de comunicación digital, la información ha dado un brinco exponencial en materia de seguridad y control, esto a raíz de los constantes peligros a los que se enfrenta en el ambiente en que se desarrolla, el robo de información siempre ha existido, mucho antes que las computadoras estuvieran presentes en la actividad administrativa de una institución pública.
Durante los primeros años del siglo anterior, los documentos generados por los gobiernos debían estar resguardados con base al nivel de relevancia, desde asuntos de seguridad nacional, relaciones exteriores, economía y finanzas así como de temas mercantiles. El modo en que se resguardaba la información pasaba por simples escritorios con una chapa y candado, desde un librero o archivero con candado hasta bóvedas de seguridad bancaria, se resguardaban cerca del dinero, joyas obras de arte y demás artículos de preciado valor económico, esto debido a que su valor en el mercado era importante, a diferencia de toda aquella información que era recabada por parte del gobierno de los contribuyentes, pues los “archivos” siempre se encontraban apilados, rotos, incompletos, sucios o hasta desaparecidos por causas desconocidas.
Durante este trayecto de conservación de la información y del resguardo por parte de la autoridad fue poco o nulo el interés por quien pudiera acceder a los datos almacenados, siempre existía esa “posibilidad” o ese conocido que podría brindarte una copia de dicho documento o expediente, la seguridad se veía mermada cuando los cambios de gobierno hacían que mucha de la información se perdiera o se destruyera, conteniendo años de historia administrativa o de un individuo por hechos de omisión y evasión de su responsabilidad en el resguardo; en años recientes (aproximadamente unos 15) el tema de la preservación de la información y la protección de la misma fueron tomando mayor relevancia conforme la tecnología iba adquiriendo presencia en la toma de decisiones, ya que el poder obtener información de un particular debía ser algo rápido para las instancias públicas, para el ejercicio de sus derechos civiles, para la atención médica, en fin una serie de datos que debían tener mayor acceso y mayor protección en la información a tratar.
Una vez aprobadas las leyes en materia de transparencia y acceso a la información pública, protección de datos personales y de archivo por parte del Congreso de la Unión y de los Congresos Locales, se comenzó a generar una serie de aparatos institucionales que permitieran resguardar los derechos humanos tanto del saber así como del derecho a la protección de los datos personales, creando instituciones que vigilarían el adecuado funcionamiento de los instrumentos legales. Por una parte se tiene al Sistema Nacional de Transparencia así como al Sistema Nacional Anticorrupción al igual que el Sistema Nacional de Archivos, todos ellos trabajando para ir consolidando mejores prácticas en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción, sin embargo, un tema del cual poco se ha trabajado a nivel nacional como sub nacionales, es la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.
Esto derivado de lo complejo que pueda ser explicar a la ciudadanía el valor con el que cuenta su información privada y sensible, la falta de inmersión por parte de las autoridades se debe a los costos que se requieren para aplicar políticas públicas a favor de la protección de los datos personales, puesto que se deben crear en un principio los marcos normativos internos, lineamientos sobre el uso y destino de la información, la seguridad con la cual se resguardarán, la calidad con la que la información será recabada, las finalidades con las que se obtendrá los datos, , en fin varias herramientas que deben velar por la seguridad informática.
Sin embargo, no es tan complejo como parece, ya que desde la óptica administrativa se puede ir trabajando de la mano preventivamente para ingresar en cada uno de los procedimientos que realizan las instituciones, acciones en paralelo para la vigilancia de la protección de los datos personales, así como se trabaja desde la óptica de la transparencia y la normatividad vigente, se requiere que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial abonen al ejercicio noble de la protección de datos personales y exista una coordinación con el órgano garante en la materia.
Es por ello que en Consultorio Abierto brindamos las siguientes recomendaciones en materia de protección de datos personales:
1. Generar programas y actividades en materia de capacitación para las instituciones con especialistas en la materia que permitan mejorar la seguridad de la información.
2. Contar con la participación de los Congresos locales y órganos garantes en virtud de elevar el interés en el tema hacia los sujetos obligados
3. Crear estructuras exclusivas dentro de los sujetos obligados y disponer de recursos económicos, materiales y técnicos así como de personal para cumplir con lo establecido en la normatividad vigente.
Hasta la próxima!
paulbonillatransparencia@outlook.com
