En este espacio se han abordado diversos temas que dan cuenta de la inercia en el desgaste de la figura del poder legislativo, específicamente en el Congreso de la Unión o, en nuestro caso particular, el Congreso del Estado. Hagamos un ejercicio rápido de memoria.
La desconfianza en los legisladores como un elemento ya estructural en nuestro sistema político. Misma que ha sido descrita en sendos estudios de opinión de al menos quince años a la fecha. Una realidad ineludible que, no se ha tratado con la seriedad que debiera por parte de este poder legislativo y en la que su atención ha sido dispersa, discontinua e inconsistente.
La inexistencia de una agenda legislativa, como punto de encuentro y de organización de los trabajos parlamentarios. No importan ni la planeación ni la organización. El tiempo siempre es un insumo que escasea en el legislativo y, al menos la actual legislatura, no ha encontrado ese hilo conductor que nos permita decir que existió una lógica y una ruta conforme al cumplimiento de las plataformas electorales de los partidos representados en las curules. Más bien se percibe un trabajo desordenado que, en el mejor de los casos, se encontró en el camino una o dos oportunidades para redimirse, no sin avanzar sobre las aduanas del desgaste político de la toma de decisiones basadas en la improvisación, el mayoriteo y la falta de aseo jurídico y procedimental.
Se ha constatado también que existen prácticas anquilosadas y retrógradas como la aplicación de la congeladora legislativa, a pesar de que incluso al menos en Puebla ya ha sido regulada su duración. Costumbres que, exhiben un Congreso poco ágil y transparente en cuanto a la discusión y debate de temas planteados por sus integrantes. Una táctica dilatoria que provoca desfases de coyunturas temáticas. Como claro ejemplo, nuestra entidad llegó tarde a la regulación del matrimonio igualitario.
No ha habido muestras fehacientes de querer realizar una transformación del poder legislativo. Claro ejemplo de ello es la falta de disposición para poder estructurar y arrancar un Servicio Profesional de Carrera Legislativa. Política parlamentaria que podría fortalecer al órgano técnico legislativo que desempeña una función fundamental y primordial. Dotar a los trabajadores de certeza laboral, así como de una formación y actualización pertinentes y permanentes, perfeccionará las funciones y darán, seguramente, un mejor resultado institucional y a la ciudadanía.
En el ejemplo más extremo, tenemos que, como resultado de la poca seriedad y sistematización de los trabajos parlamentarios, hoy no existe una Comisión Especial COVID-19. Si, el problema que, lamentablemente, más muertos ha dejado en los últimos años en nuestro estado (ya no se diga el país), no mereció una Comisión Especial. Es claro que la sola existencia de un órgano legislativo de esa naturaleza no resolvería la totalidad del problema. Pero habría servido para dar seguimiento del desarrollo de la pandemia y proponer, mediante un trabajo ordenado y sistematizado, medidas de corto y largo plazo a efecto de avanzar en acciones paliativas y en otras de carácter preventivo y previsor (largo plazo). No, las prioridades fueron otras y dan para una columna especial al respecto.
Estas son apenas algunas muestras del estado que guarda nuestro Legislativo. Podemos contabilizar algunas condiciones más que, son resultado de ejercicios anteriores y otras que le corresponden a la actual legislatura. Por ejemplo:
-La existencia de un número alto de comisiones legislativas. Circunstancia que pulveriza y dispersa el esfuerzo legislativo. Pocas comisiones acaparan la mayor parte de la actividad legislativa y, algunas comisiones concentran un número ínfimo de asuntos a resolver durante su actuar.
-El anacronismo aplicado a la elección y las funciones de la Junta de Gobierno. Al determinar la inmovilidad de la Presidencia se regresó a los tiempos de la Gran Comisión, un órgano de gobierno que adolecía pluralidad y rotación en el liderazgo.
¿Qué legitimidad pueden tener las decisiones de un poder con tales fallas estructurales? ¿La ciudadanía se siente representada por sus diputados? ¿Es suficiente depositar la confianza en las elecciones? ¿Es necesario vigilar al poder que, debería vigilar y hacer contrapeso a los otros poderes?
Para buscar respuestas a esas y otras preguntas más, nació el Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto, un esfuerzo en conjunto entre la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Con origen legal en las disposiciones que en materia de transparencia y “gobierno abierto”, como lo refiere el Doctor Khemvirg Puente, se buscan establecer: “políticas internas para conducirse de forma transparente”, “condiciones que permitan que permee la participación de ciudadanos y grupos de interés”, “mecanismos para rendir cuentas de sus acciones” y “promover la eficacia tanto en la organización de su trabajo como en su propio desempeño”.
Es momento de que en el Congreso de Puebla se aplique con sentido profundo y profesional el Modelo de Parlamento Abierto. Dos alternancias no han logrado cambiar las inconsistencias institucionales y mucho menos se han acortado las distancias y fortalecido la confianza entre representante y representado. La participación ciudadana, a través de la coordinación de entidades académicas y organizaciones de la sociedad civil pudieran establecer un mecanismo de carácter mixto (institucional-ciudadano) con miras a inaugurar una etapa de transformación en la dinámica gubernamental.
Nuestra sociedad ha evolucionado. Las necesidades y mecanismos de representación han cambiado. El poder legislativo debe redoblar esfuerzos, recuperar el tiempo perdido y caminar hacia una dinámica institucional que legitime su existencia misma. En un sistema republicano, es necesario un contrapeso real a los excesos que, han diesmado a nuestro estado y nuestro país.
josimar.alejo@criteriodiario.com
