De todos es conocido el fenómeno pandémico por el que atravesamos a nivel global. Las consecuencias ya se resienten de manera transversal en los ámbitos económico, político y social. Aún estamos en la etapa de las proyecciones de su impacto en el corto, mediano y largo plazo.
Al momento en que se escribe esta colaboración, estamos rondando los 60,000 muertos en nuestro país (los declarados por el sistema nacional de salud), aún faltando el dato escalofriante que resulte del cruce de información entre el RENAPO y las cifras del Dr. Gatell. En nuestra entidad también son ya alarmantes las cifras de los decesos.
¿Qué impacto hubo en el Poder Legislativo de la Entidad? Si nos referimos a las “formas”, de manera inédita se llamó a una sesión extraordinaria, con el objeto de aprobar de manera urgente una reforma a la normatividad interna y, con ello, permitir la celebración de sesiones del Pleno a distancia en modalidad virtual. Todo un acontecimiento, ya que ello era impensable hasta antes de la contingencia sanitaria.
Este, como otros puntos de inflexión, cuenta con bifurcaciones positivas y negativas. En el contexto arriba citado, estimo han sido más las primeras. Por ejemplo: el Modelo de Parlamento Abierto (si es que se estructurara institucionalmente así en el Congreso) ha avanzado en un aspecto nodal: la publicación, transmisión y difusión en tiempo real de las sesiones de las comisiones y comités. No ocurría antes de forma institucional, acaso algunos legisladores con equipo propio implementaban las transmisiones por medio de algunas redes sociales.
Lo negativo, en las mismas “formas” ha sido que, en ocasiones, el vacío legal sobre las sesiones virtuales ha derivado en momentos incómodos en los debates parlamentarios, por la necesidad de interpretar y ajustar el marco legal vigente a las plenarias no presenciales.
Ya hablaré en otra entrega sobre estos episodios y su impacto en la vida interna del legislativo. Regresando al punto central de esta columna, mediante Punto de Acuerdo, fue propuesta una Comisión Especial del Legislativo para atender todo lo relacionado a la contingencia sanitaria derivada del COVID-19. Sin embargo, no se materializó su creación. Su papel, si no fundamental, hubiese sido el de aparecer en la escena pública como una política legislativa que articulara los esfuerzos del poder legislativo. Es decir, ante un problema de una magnitud histórica, se habría construido un vehículo facilitador del sentir ciudadano con respecto a la pandemia y sus diversas manifestaciones.
No fue así.
¿Qué comisiones especiales si existen? La de Pueblos Mágicos para su Desarrollo Económico, Turístico y Social; la de seguimiento de las labores de reconstrucción derivadas de los sismos del 2017 y; para el Análisis y Seguimiento de la Elección a Gobernador del Estado.
En retrospectiva, el papel de estos entes legislativos podría ponerse en tela de juicio, habría que medir su incidencia en la agenda parlamentaria y sobre todo el impacto que las mismas hayan tenido en las políticas públicas aplicadas por la administración estatal; pero considero que, en este caso específico, todo lo que concierne a esta pandemia y sus implicaciones deben tener un trato especializado y enfocado, merece la creación de una Comisión Especial.
Esta figura se encuentra definida en la Ley Orgánica del Poder Legislativo: su naturaleza es transitoria; deberán tratar asuntos que no sean competencia de las comisiones generales; conocerán específicamente de los hechos que hayan motivado su integración; dejarán de existir cuando hayan cumplido su objeto; y, además, en su integración deberán reflejar la pluralidad del Congreso y el principio de paridad de género.
Asimismo, dichos órganos legislativos se encuentran facultados para solicitar información (que deberá ser proporcionada a la brevedad) a dependencias y ayuntamientos. A las sesiones de estos, pueden concurrir representantes de otros poderes del estado y de la federación (lo que enriquecería el intercambio de opiniones al seno de la misma). Emiten resoluciones bajo diferentes esquemas como: dictámenes, propuestas, recomendaciones e informes. Para éstas últimas pueden allegarse de: datos oficiales, inspecciones, encuestas, foros y consultas; de la misma forma pueden solicitar la comparecencia de peritos o personas competentes y especializadas en la materia.
Dicho marco brinda el margen de maniobra suficiente para que el Congreso del Estado pueda tratar todos y cada uno de los asuntos planteados por los legisladores quienes, seguramente son transmisores del pulso de los diversos sectores y regiones que confluyen en nuestra entidad. Hoy en día, en una somera revisión, existen más de 70 asuntos (Puntos de Acuerdo) planteados al interior de dicho poder que conciernen al tema de la pandemia, ello, sin contar las iniciativas que se hayan planteado con motivo de la misma crisis.
El tratamiento propio del proceso legislativo (en ausencia de una Comisión Especial) podría estar entorpeciendo la construcción de acuerdos en pos de dar respuesta a exigencias concretas o, en su defecto, en hacer un llamado de atención sobre algún fenómeno con repercusiones generalizadas. El “turno” de diversos instrumentos legislativos a un número “x” de comisiones no hace más que dispersar el foco de atención y pulveriza los necesarios esfuerzos institucionales para dar respuesta inmediata a un problema que así lo amerita.
Aún estamos a tiempo de utilizar toda esa gama de instrumentos predispuestos en la propia ley para generar condiciones que propicien una acción contundente y clara por parte del legislativo en la atención de esta crisis. Los poblanos veríamos su incursión acertada y, percibiríamos mejor que, bajo un trabajo estructurado, objetivo y sensible, su actuar consiga resultados que, coadyuven en sinergia y coordinación con la estrategia que han implementado -para atender esta funesta situación pandémica- los demás poderes locales.
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