Durante las últimas dos décadas, el combate a la corrupción y la opacidad se ha dado de manera transversal, se ha trabajado en erradicar las prácticas dentro de las instituciones públicas mediante acciones de control, investigaciones, auditorías, comparecencias, denuncias, creación de instituciones, formalización de leyes y el establecimiento de sistemas cooperativos para su combate frontal, los resultados de estas acciones son del todo conocidas, desde 2012 cuando inició la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto, México ocupaba en el índice de Percepción de la Corrupción que realiza Transparencia Internacional, el lugar número 34 (donde la escala es de 0 a 100, 0 es corrupción elevada y 100 transparencia) pasando a ocupar el lugar 28 en 2018.
Algo de llamar la atención es que dentro de su Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) una de las cinco metas establecidas era el combate a la corrupción y el fomento de una mayor rendición de cuentas, sin embargo el texto está encaminado a mencionar que la corrupción es sólo de orden administrativo como parte de la actividad presupuestal, archivística y de evaluación, se atañe a la fragmentación institucional y la gestión pública exclusivamente, persiguiendo a “los individuos que han cometido faltas”, en su estrategia 1.4.3. Una de sus líneas de acción era “promover la creación de un organismos autónomo”, mejorar procesos de vigilancia, transparentar la actuación ministerial, fortalecer los mecanismos de coordinación entre autoridades y diferentes instancias.
Como podemos ver, esta visión sobre el combate a la corrupción durante el sexenio pasado carecía de un elemento importante para el actuar de la administración federal, la aplicación de los valores y virtudes dentro del poder y sus consecuencias, como lo menciona Max Scheler, los valores “son objetos ideales más allá de la experiencia “, cuando una virtud es generalizada y aceptada estos valores se integran a una cultura, donde la colectividad forma parte permanente de su estructura como lo menciona Diego Bautista en su obra Los Códigos Éticos de Gobierno, en sentido contrario cuando un vicio se practica de manera colectiva este perpetúa y genera un daño, el cual se puede alterar hasta provocar antivalores en una comunidad (aceptación de la corrupción), por lo cual los valores en el servicio público deben ser primarios, a su vez comunes.
Un estudio realizado por la OCDE (2000) a países sobre principios para los servidores públicos menciona cuales son los valores más representados o mencionados en su normatividad, entre ellos figuran; honradez, competencia, fiabilidad, legalidad, lealtad, transparencia, responsabilidad, liderazgo, humildad, austeridad, credibilidad, por mencionar algunos, recomendaciones que se permiten aplicar en cualquier ámbito de la gestión pública, y que son necesarios para desempeñar su papel social de servicio.
Una vez que los gobiernos adoptan los valores y las virtudes y son aplicados a su actuar mediante la difusión, socialización y consolidados al pasar los años, el comportamiento de las instituciones y sus integrantes erradicará prácticas (antivalores) o vicios que deslegitimen su actuar sea la ideología o grupo político que sea, a su vez los gobernados podrán coadyuvar en la mejora de los servicios, realizando una comunicación abierta y sin prejuicios, puesto que al manifestar el deseo mutuo de desarrollo y bienestar las instituciones como la sociedad civil cooperarán.
Como nos daremos cuenta, la creación de políticas públicas, normas e instituciones públicas como parte de un “ideal” de combate a la corrupción al carecer de valores y de virtudes, propone un camino sin salida, donde el actuar del gobierno sea ignorante, basados en antivalores, el vacío en estas herramientas conduce un mayor crecimiento de la corrupción, la legislación será desvirtuada y llena de controles huecos, medidas de sanción sin fuerza y una capacidad judicial perdida por la incapacidad de adoptar una postura virtuosa.
Si bien en el presente sexenio se estableció la misma idea de combate frontal, en su eje primero “Política y Gobierno” del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, se vira el enfoque hacia las prácticas de las instituciones, sus funcionarios y marcos legales inservibles, lo cual pretende establecer que sólo existe un responsable de los actos de corrupción, culpando a su propio aparato y estableciendo mecanismos de control interno, sin embargo, dentro de la estrategia nacional de seguridad pública se establece como punto cuatro “Regeneración ética de las instituciones y de la sociedad”, que se establece como el rescate de los valores puesto que al ser perdidos la violencia y criminalidad aumentaron en años recientes, la “regeneración ética” como lo menciona el citado documento será basada en un ejercicio de austeridad, honesto, transparente, incluyente, respetuoso de las libertades y apegado a derecho, esto apegado al tema de seguridad pública.
Sin embargo en el primer año de la presente administración el índice de Percepción de la Corrupción que realiza Transparencia Internacional menciona para el año 2019, México ocupó el lugar 130 de 180 países, mejorando sólo 1 punto en relación con el sexenio pasado, lo cual no establece un avance notable, solo un traslado de la responsabilidad sobre el antivalor de la corrupción y generando la misma perspectiva hacia la ciudadanía.
Por ello, como Consultorio Abierto, damos las siguientes recomendaciones para la salud de gobierno:
Primero, trabajar realmente sobre los valores y virtudes para los servidores públicos en las instituciones públicas con base a sus planes de desarrollo.
Segundo, consolidar campañas de difusión sobre los valores y virtudes dentro y fuera del gobierno (redes sociales, medios masivos de comunicación, educación)
Tercero, Establecer una conexión con la sociedad civil para activar una cultura de honestidad que trascienda administraciones.
¡Hasta pronto!
paulbonillatransparencia@outlook.com
